Régimen de excepción: Derechos y la urgencia del habeas corpus

Pese a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, esta medida persiste como la base de la seguridad de un país y de la popularidad, reelección y sostenimiento político del presidente Nayib Bukele. 

Según la reciente encuesta del Iudop, aunque la mayoría de personas apoya que se mantenga el régimen (60 %), también, cuatro de cada diez personas considera que ya resulta necesario buscar medidas diferentes.

El régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022, ha sido presentado como uno de los mayores triunfos en la política de seguridad pública en la historia reciente del país. El Gobierno lo ha mantenido como su única estrategia de seguridad, la cual ha permitido una disminución de los índices de homicidios, extorsiones y otros delitos que por años mantuvieron en vilo a la sociedad salvadoreña, donde los grupos terroristas llegaron incluso a quemar unidades del transporte colectivo con pasajeros, ciudadanos salvadoreños, adentro. Por este tipo de hechos, por supuesto que las pandillas debían pagar. Los datos del propio Gobierno indican que 2023 cerró con 154 homicidios, una cifra inferior incluso a la de países con sistemas democráticos consolidados.

No obstante, un instrumento excepcional, por muy eficaz que resulte, no puede convertirse en una política ordinaria sin ajustes estructurales. Y, sobre todo, no debe dar paso a abusos de derechos humanos.

El país ha permanecido ya 39 meses bajo régimen de excepción, prorrogado de forma consecutiva mediante decretos de la Asamblea Legislativa que, ahora, con todo bajo control, puede darse la oportunidad de robustecer el marco legal y realizar incorporaciones sustantivas. Este rol es esperado por muchos sectores que piden manejar el régimen de excepción con mayor visión y responsabilidad.

También hay que decir que a costa del combate a la inseguridad —la contención de las pandillas, su barrido de las calles y encarcelamiento en el CECOT—, los salvadoreños han enfrentado omisiones en cuanto a derechos fundamentales.

A la fecha, organizaciones nacionales e internacionales reportan miles de personas detenidas sin pruebas suficientes, algunas de las cuales han sido liberadas posteriormente sin compensación alguna y, en algunos casos, con serios problemas de salud como consecuencia del encarcelamiento. También, organizaciones han dado cuenta de más de 400 muertes bajo custodia del Estado. Esta situación, lejos de ser un simple "costo colateral", representa un desafío moral y jurídico para el Estado de derecho.

Por ello, se vuelve imperativo establecer un mecanismo legal de exhibición personal expedita, que permita a familiares y defensores solicitar ante el sistema judicial la revisión inmediata de detenciones sin sustento. Esta figura no debilita la estrategia de seguridad, sino que la fortalece, al filtrar con rigor los casos que no cumplen con los estándares mínimos de legalidad, evitando abusos y reduciendo la carga innecesaria sobre el sistema penitenciario.

Del mismo modo, urge la creación de una instancia de reparación administrativa para las personas detenidas injustamente, que contemple medidas como disculpas públicas, certificados de no antecedentes y compensaciones económicas proporcionales al daño causado. Lejos de ser una concesión, esta sería una muestra de madurez del Estado, capaz de reconocer que, en toda guerra, incluso la más legítima, hay márgenes de error que deben ser asumidos con responsabilidad.

El régimen de excepción ha demostrado que la seguridad es posible, pero esta no puede ser a costa de la pérdida de derechos y libertades. Si no se construyen salvaguardas jurídicas, su legado podría ser utilizado mañana por otros gobiernos para fines distintos. Es el momento ideal para institucionalizar los aciertos, frenar los abusos y dar forma a una legislación integral que permita vivir en paz sin depender de medidas excepcionales.

Porque sí: los criminales deben tener castigo. Deben responder por el daño causado y por el miedo sembrado. Pero ese castigo no puede extenderse a los inocentes. Ninguna normativa, por efectiva que sea, debe servir de instrumento para castigar a quien no ha cometido delito alguno.

Pese a las numerosas capturas denunciadas como arbitrarias, el régimen de excepción se ha vuelto a prorrogar. Corresponde ahora pedir al Órgano Legislativo que vea una oportunidad de crear las reformas planteadas. Porque gobernar también es prever, corregir y dejar cimientos que resistan el paso del tiempo.

Consultor en comunicación institucional