Movilidad humana: La seguridad desde la perspectiva de derechos
¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien
Aristóteles
Desde la perspectiva política, los países receptores son las víctimas de la invasión de unas hordas terribles provenientes del sur que les quitan empleos, abusan de sus sistemas de protección social, cometen todo tipo de delitos y representan una verdadera amenaza para su seguridad e identidad. En esa narrativa rara vez se menciona la humanidad de los migrantes, no se mencionan sus vulnerabilidades, no se habla de la forma en que los empleadores se aprovechan de su vulnerabilidad para lograr excelentes beneficios, no aparece la contribución que hacen a esos países y, en algunos casos, hay un esfuerzo por perfilarlos como delincuentes y terroristas, haciendo añicos, por ejemplo, los principios de presunción de inocencia y del debido proceso.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece claros derechos y obligaciones, y aunque la lista es larga, vale la pena hacer un repaso de algunos de estos derechos, obligaciones y prohibiciones:
- “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”.
- El “derecho a la libertad y a la seguridad personales”, de toda persona a no ser “privada de libertad” y, en caso de ser privada de libertad, toda persona tiene derecho a “ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
- El derecho de salir libremente de cualquier país, incluso del propio”, y de no ser “arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”.
- El derecho” a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión”, expresión, opinión, asociación y reunión pacífica.
- La obligación de no someter a ninguna persona a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la esclavitud o a la servidumbre.
- La obligación de no constreñir a una persona a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.
Con respecto a un extranjero que se halle legalmente en un Estado, de acuerdo con el Pacto, “sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”.
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, inter alia:
- El derecho de “toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
- El “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
- El “derecho de toda persona a la educación”, con la enseñanza primaria “obligatoria y asequible a todos gratuitamente”.
- El derecho a participar en la vida cultural.
- El derecho al trabajo con un “goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” con una “remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinción ninguna de especie; en particular que asegure a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”, así como “condiciones de existencia dignas” para los trabajadores “y para sus familias”, la seguridad y la higiene en el trabajo, el “descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas”, y “la remuneración de los días festivos”.
- El derecho de “fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”; y “el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
Desde la perspectiva de derechos, la situación de vulnerabilidad y el altísimo grado de indefensión expone a los migrantes a todo tipo de abuso y violación de sus derechos a lo largo de todo el trayecto del desplazamiento y al llegar a su destino, y muchos se aprovechan de la necesidad humana porque les significa una importante fuente de lucro. Así, son víctimas de tortura; violencia física; abuso; detenciones arbitrarias; muerte; secuestro extorsivo; abuso, explotación y violencia sexual; esclavitud; trata de personas; trabajos forzados; remoción de órganos; robos; discriminación y xenofobia; separación familiar; imposibilidad de cubrir necesidades básicas; y devolución y expulsiones colectivas.
En el informe de 2020 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro para la Migración Mixta (MCC), titulado En este viaje a nadie le importa si vives o mueres, se afirma que “las bandas delictivas y los grupos armados han sido identificados como los principales perpetradores de estas vejaciones; sin embargo, también lo son los cuerpos de seguridad, la policía, el ejército, las guardias fronterizas y los oficiales migratorios”.
La seguridad de los migrantes desde la perspectiva de derechos incluye su situación en los países receptores y, por ejemplo, el trabajo digno con un salario justo, el acceso a servicios médicos y educación, a no ser víctima de discriminación. En relación con el empleo, la situación es curiosa, pues por un lado los países a los que llegan los migrantes necesitan mano de obra, pero eso no se reconoce públicamente, se culpa a los migrantes de todos los males, y los empleadores que los contratan y se aprovechan de su trabajo rara vez aparecen en escena.
Escritor y diplomático salvadoreño

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