La realidad del nuevo negocio de Bukele: la industrialización exhibicionista del horror
Sabido es que todas las prácticas del nuevo negocio del bukelato son totalmente inconstitucionales e ilegales dado que, como se ha expuesto, ni la Constitución ni ninguna ley salvadoreña autorizan a privar de la libertad o mantener prisioneras a personas expulsadas de otro país pero respecto de quienes no hay orden judicial que autorice la detención, como tampoco existe ningún tratado o convenio internacional entre un estado extranjero y El Salvador que permita mantener en las cárceles salvadoreñas a personas condenadas, procesadas o detenidas en el extranjero, sin seguimiento del debido proceso; pero ahora resulta que todas esas aberraciones se muestran al mundo como una exhibición de crueldad, como si de una función teatral se tratara.
Como varios medios de comunicación han denunciado, una de las características más evidentes del bukelato es la rampante corrupción, al grado que el dictador y su familia se han convertido, un menos de un quinquenio, en acumuladores, entre otros bienes, de fincas cafetaleras, terrenos frente a un lago y frente a una playa, edificios en el centro histórico, lo que definitivamente debe representar solamente una muy pequeña parte del expolio que durante el bukelato han padecido el erario público.
Ahora bien, de entre los negocios de la dictadura, el que más ha llamado la atención a nivel mundial es el de tráfico humano y desapariciones forzadas, pues constituye una vergonzosa transacción, que además se presenta, de modo vulgar, como un espectáculo, con videos editados a modo de película de suspenso. Se trata, pues, el nuevo “negocio” del bukelato, dicho en una frase, en la industrialización exhibicionista del horror.
De acuerdo a denuncias formuladas por organismos defensores de los derechos humanos, miles de salvadoreños inocentes han padecido en las mazmorras de la dictadura, sufriendo torturas, desatención médica, desapariciones forzadas, no acceso de familiares y abogados y hasta la “venta” de visitas, pero tales horrores se han pretendido ocultar y hasta se niega por la administración de la dictadura.
Ahora, sin embargo, con el negocio de tráfico de humanos y desapariciones forzadas la realidad es otra: se presenta al mundo como un espectáculo, como un circo, mostrando el maltrato (espaldas dobladas, encadenamiento, rape) y el hacimiento carcelario como un logro, como algo de cual el desgobierno se siente orgulloso; se admite (por el propio dictador) y se confirma (por el señor a quien le pagan para que haga la farsa de ocupar una vicepresidencia inconstitucional) que todo se hace por dinero; y hasta se ofrece extender, en tiempo y lugar, el repugnante negocio (pues se asegura, por una parte, que la privación de libertad de los detenidos extranjeros es “prorrogable” y, por otra parte, que piensan construirse más campos de concentración).
Sabido es que todas las prácticas del nuevo negocio del bukelato son totalmente inconstitucionales e ilegales dado que, como se ha expuesto, ni la Constitución ni ninguna ley salvadoreña autorizan a privar de la libertad o mantener prisioneras a personas expulsadas de otro país pero respecto de quienes no hay orden judicial que autorice la detención, como tampoco existe ningún tratado o convenio internacional entre un estado extranjero y El Salvador que permita mantener en las cárceles salvadoreñas a personas condenadas, procesadas o detenidas en el extranjero, sin seguimiento del debido proceso; pero ahora resulta que todas esas aberraciones se muestran al mundo como una exhibición de crueldad, como si de una función teatral se tratara.
Así, las imágenes que divulga el bukelato sobre el trato dado a prisioneros nacionales y extranjeros equivale, sin muestra pública de la muerte, al espectáculo de las antiguas ejecuciones -por horca, por guillotina- en las plazas públicas, ya que lo que se busca es el “deleite” de la masa, ahora divulgado exponencialmente a través de videos difundidos en redes sociales.
Solo que hoy día, el bukelato lo hace y lo oferta “al por mayor”, pues ya no se trata de una o dos personas ejecutadas en la plaza pública, sino que se divulga a todo el mundo y, además, se hace de modo masivo, con cientos de prisioneros. Se hace, pues, para decirlo en términos mercantilistas, “por masa y por empresa”: se trata, entonces, claramente, de la industrialización exhibicionista del horror, de la crueldad.
Y a tal nivel llega la mercantilización de vidas humanas por parte de la dictadura salvadoreña, que ahora hasta ofrece trueque o intercambio de personas, como si de las tarjetas de un álbum se tratara.
Así que, en definitiva, lo que la evolución y el desarrollo de la humanidad ha entendido como condenable y hasta prohibido, como es la proscripción de la tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes (recordar el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), para el dictador salvadoreño y sus secuaces es un orgullo, que divulgan con ufanía, pues para ellos, vender El Salvador para que sirva de estercolero humano es un logro, un mérito.
Vean, pues, la bajeza moral que representa el bukelato…y la maldad presente en su líder mesiánico.
P.D.: Como en la colaboración anterior comenté que no había visto ni escuchado a ningún opinólogo -esos “monaguillos” de la dictadura- justificando la aberración moral y jurídica del negocio de tráfico humano y desapariciones forzadas que montado la dictadura, dos lectores tuvieron la gentileza de enviarme los videos de dos licenciados en ciencias jurídicas que sí han defendido ese inmoral, inconstitucional e ilegal negocio. Por supuesto, la “defensa” que hacen de lo indefendible es una colección de tonterías, como decir que sí existe un tratado para la prisión de los extranjeros, pero que todavía no se conoce ese convenio, o asegurar que el dictador sí puede ordenar la prisión de los extranjeros expulsados desde otro país, porque no hay ninguna ley que lo prohíba.
Es increíble que a licenciados en Derecho deba recordárseles que los tratados en El Salvador solo son obligatorios si han sido ratificados por la Asamblea Legislativa y publicados en el Diario Oficial, y que las autoridades estatales están sujetas al principio de legalidad, esto es, que únicamente pueden hacer aquello que previa y expresamente autoriza la ley.
Pero, bueno, siempre hay alguien dispuesto a servir de adlátere “jurídico”, hay quienes gustan ser torticeros valladares que escupen “arguetazos”.

CONTENIDO DE ARCHIVO: