Economía y política, El Salvador, siglo XXI

Entender la economía y la política en las primeras décadas de este siglo requiere considerar dos antecedentes: la guerra civil y la emigración; ambos fenómenos transformaron el país de una manera que aún hoy nos cuesta visualizar. El conflicto civil afectó a la economía, no solo porque afectó la producción y provocó destrucción de infraestructura, sino porque simultáneamente se implementó la reforma agraria, se nacionalizó la banca y el comercio exterior. Además, una parte importante de la población dejó sus lugares de origen y se ubicó en las ciudades principales; los que pudieron se fueron al exterior, especialmente los Estados Unidos.

A finales de la década de 1980, ARENA llegó al ejecutivo con una agenda bien definida: poner fin al conflicto e implementar reformas de corte neoliberal. La paz se firmó en enero de 1992 e implicó cambios importantes en el sistema político, judicial y derechos humanos, pero apenas se tocaron temas económicos. En la década de 1990, el país vivió dos procesos: el sistema político incorporó todas las tendencias ideológicas, al tiempo que se impulsaba un agresivo programa de reformas económicas. Campeaba la idea de que el mercado tenía mayores capacidades que el Estado para generar riqueza y, en cierto momento, redistribuirla. Lo primero es cierto; lo segundo no, a menos que el Estado sea capaz de hacerlo.

En ese contexto se concibió un nuevo modelo de desarrollo: promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Las principales estrategias de esta apuesta fueron apertura comercial, desregulación del mercado, privatizaciones, incentivos para diversificar exportaciones y atraer inversión. Se trabajó para simplificar el sistema tributario, se redujeron las políticas sectoriales y sociales a la vez que se impulsaban programas sociales más bien remediales. El país aplicó al pie de la letra la receta neoliberal, pero los resultados no fueron los esperados. La economía no creció lo suficiente y la población más desfavorecida quedó a merced del mercado. 

Por otra parte, ya para inicios de siglo, el creciente y sostenido flujo de remesas provenientes principalmente de los Estados Unidos distorsionó el escenario; aunque la economía no crecía, las remesas daban al país una fuerte capacidad de consumo. Sin mucho ruido, la actividad económica se fue orientando cada vez más al consumo y a los servicios, lo que a su vez reforzaba la tendencia a la exportación de mano de obra ilegal. La emigración no solo incidió en la economía, también cambió la estructura familiar y con el tiempo fue uno de los gérmenes que provocaron el surgimiento de las pandillas. Migración y pandillas se desarrollaron al margen de la acción del Estado, pero terminaron afectándolo; la migración apuntaló la economía nacional, las pandillas impusieron una violencia irracional que terminó desbordándolo.

En la posguerra se sucedieron gobiernos de ARENA y FMLN; ninguno pudo formular un modelo de desarrollo. En lugar de ello, se acomodaron a lo que surgía eventualmente del mercado o de dinámicas externas. El FMLN llegó tarde a la bonanza petrolera venezolana. Aun así, Schafik Handal visualizó que algo podrían aprovechar y propuso que el país se adhiriera a PETROCARIBE, programa de cooperación regional de Venezuela. El gobierno de Saca se opuso, por lo que se terminó montando Alba Petróleos a través de las municipalidades gobernadas por el Frente. Handal murió antes de que el proyecto se consolidara, su lugarteniente Ramiro Vásquez vio la oportunidad y convirtió a Alba Petróleos en una mina de recursos que supuestamente se invertirían en proyectos sociales, pero terminaron financiando iniciativas de negocios de una reducida cúpula partidaria. De Alba Petróleos también se beneficiaron funcionarios del actual gobierno que cambiaron de bandera política en el momento oportuno.

La llegada al poder de Nuevas Ideas no produjo un giro importante en la economía. El ICEFI realizó un análisis del “Plan Cuscatlán” y consideró que era una propuesta ambigua que apostaba al turismo, al agro, la infraestructura y la revitalización de la banca de desarrollo sin que hubiera claridad en las estrategias para conseguirlo. Bukele va por su segundo gobierno; en ese lapso ha impulsado proyectos económicos más mediáticos que prácticos. Presentó el Bitcoin como la panacea que haría del país un paraíso financiero; Ciudad Bitcoin se quedó en una maqueta que se desintegró sin pena ni gloria. Más consistente ha sido en la promoción del turismo, pero Surf City se va agotando sin que los resultados justifiquen los cuantiosos recursos invertidos. En cierto momento, una deidad le reveló que el futuro estaba en la minería metálica, con alto costo político derogó la ley que prohibía la minería, pero nada más ha hecho (por suerte). 

Luego se entusiasmó con el centro histórico de San Salvador, donde se ha invertido mucho dinero público, en un agresivo proceso de gentrificación con un sesgo clasista que raya en lo obsceno. El reordenamiento requiere una fuerte inversión en infraestructura y la expulsión no solo de vendedores ambulantes e informales, sino de comercios formales instalados desde hace décadas. Negocios que sobrevivieron a la guerra civil, a terremotos, a diferentes gobiernos municipales de repente se ven obligados a cerrar porque no caben en el nuevo diseño. A diferencia de Ciudad Bitcoin, el centro histórico es real, pero igual que aquella, tiene mucho de espejismo y de exclusión. Es un espejismo porque basta caminar un par de cuadras hacia cualquier rumbo, para ver que San Salvador sigue siendo una ciudad pobre y derruida. Los vendedores sobreviven en champas temporales, a la espera de un nuevo desalojo. La exclusión campea cada vez que los agentes del CAM arrean a los indeseables, ya sean señoras vendedoras, mendigos y cualquiera cuya imagen desentone con la ilusión de orden impuesta. 

A pesar de ello, es claro que hay quienes se están beneficiando del actual régimen. La inversión en infraestructura, en condiciones de mucha opacidad, se presta a buenos negocios. Un tema que no ha recibido la debida atención es el creciente uso de privados de libertad en construcciones públicas. ¿Qué gana el Estado, las empresas constructoras y los reclusos? ¿Cómo saberlo? En los últimos años ha crecido la inversión en complejos habitacionales para sectores medios y altos, pero no aumenta la oferta de vivienda popular, interesa el negocio, no la política social. También se benefician quienes están invirtiendo en la capital. La Autoridad del Centro Histórico anunció que este año se prevé una inversión de 164 millones de dólares, obviamente con beneficios fiscales.

Habrá que ver si esos proyectos se consolidan; mientras tanto las remesas seguirán apuntalando la economía. En 2024 ascendieron a 8,479 millones de dólares; es decir la exportación de mano de obra sigue siendo vital para el país. El problema es que, con el gobierno xenofóbico de Trump, migrar es cada vez más difícil. Hay poca información disponible de cuántos salvadoreños han sido deportados desde que se endureció el accionar de ICE. Pareciera que la amistad entre los dos gobiernos populistas, alcanza para acuerdos “servicios de hospedaje penitenciario” o en su defecto, la liberación de los venezolanos que fueron presentados como terribles criminales, pero no para que los migrantes salvadoreños en Estados Unidos reciban un trato diferente. Al final, cada salvadoreño resuelve con bien puede y hay unos que pueden más.

Historiador, Universidad de El Salvador