La apología del delito y la libertad de prensa

Por décadas nuestro país ha lidiado con altas tasas de violencia y criminalidad pandilleril. La apología del delito ha emergido como un tema relevante en la discusión sobre la seguridad y la protección de los derechos humanos. En su esencia, la apología del delito se refiere a la promoción, justificación o glorificación de conductas y actividades delictivas.

A pesar de las obvias implicaciones negativas que esta práctica puede tener en la sociedad, el desafío reside en equilibrar este combate con la protección de la libertad de expresión y de prensa, un derecho fundamental en cualquier democracia.

La violencia en El Salvador ha estado marcada principalmente por la actividad de pandillas y la criminalidad organizada.

Este entorno llevó en el pasado a glorificar el estilo de vida delictivo, ya sea mediante letras de canciones, en las redes sociales o incluso discursos públicos.

La cultura pandilleril y el culto a la personalidad de ciertos líderes criminales crearon un contexto que normalizó la violencia y trivializó el sufrimiento de las víctimas. En este sentido, la apología del delito no solo es un marco teórico; fue una realidad palpable que afectó a la juventud, pero ahora se viven tiempos de relativa tranquilidad y paz. 

El Código Penal, en su artículo 349, establece sanciones para la apología del delito, lo que demuestra una respuesta legislativa al fenómeno. No obstante, la implementación de estas leyes enfrenta retos significativos.

La subjetividad en la interpretación del concepto de "apología" puede dar lugar a abusos y a la censura de voces disidentes bajo la premisa de que sus discursos promueven el delito. Esto plantea una interrogante fundamental: ¿hasta qué punto debe el Estado intervenir en discursos que pueden ser considerados como apología sin vulnerar la libertad de expresión y de prensa?

La situación se complica aún más en un contexto donde la violencia y el autoritarismo criminalizan cualquier forma de oposición o crítica.

La posibilidad de que el gobierno utilice la ley para silenciar a disidentes en nombre de la seguridad pública es un riesgo que no se debe subestimar por ningún ciudadano pensante.

En ocasiones, el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos puede derivar en la represión de la opinión pública, creando un ambiente de miedo y autocensura, lo cual no es bueno para la democracia, puesto que la pluralidad de ideas debe ser la base que rija siempre una sociedad civilizada.

La libertad de expresión y de prensa es un pilar esencial de cualquier democracia y debe ser defendida, incluso cuando las opiniones expresadas son impopulares.

Sin embargo, en el caso de la apología del delito, surge la cuestión de si existen límites para esta libertad cuando el discurso puede incitar a la violencia o normalizar comportamientos criminales.

La clave puede residir en el contexto: ¿es un discurso simplemente provocador, o incita directamente a la acción delictiva? 

El desafío para las autoridades y la sociedad civil es encontrar un equilibrio, para no censurar verdades que en el pasado se callaban.

Educar a la población sobre las consecuencias de glorificar la violencia puede ser una solución más efectiva y constructiva que la mera criminalización. Las campañas de sensibilización, enfocadas en la empatía hacia las víctimas de la violencia y en la promoción de una cultura de paz, pueden ofrecer alternativas más sostenibles a largo plazo.

Ahora bien, con respecto a la entrevista que realizó El Faro a un líder pandilleril que explicó los detalles de una negociación y cómo alcanzó su libertad a pesar de haber sido detenido, no puede entenderse jurídicamente como apología del delito, sino como una labor periodística. 

Dado que desde ningún punto de vista se está glorificando el delito, ni se está incitando a provocar delitos relacionados a las pandillas, sino que se están narrando los hechos de cómo se cometieron acciones delictivas en la que presuntamente están involucrados funcionarios públicos actuales, y así como se está  procesando a  un exalcalde de San Salvador  y a un ex candidato presidencial,  por haber presuntamente negociado con pandillas, por medio de una investigación periodística que realizó en su momento El Faro, vale también la pena que se investigue lo que dijo ese criminal. 

Es imperativo que la lucha contra la apología del delito se maneje con sensibilidad, evitando la censura y promoviendo un diálogo que permita a los salvadoreños de bien reflexionar sobre las realidades de la violencia y el crimen. Por ello se debe fomentar una cultura de paz, ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones, para que crezcan con valores bíblicos y promover un sistema educativo que premie los talentos y las habilidades, para que el fenómeno pandilleril no se reproduzca en el futuro. 

Solo así se podrá construir un país más seguro y justo para todos los salvadoreños.

Abogado y teólogo.