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Paolo Luers

Carta a los líderes empresariales: Resistan a la presión de hacerse cómplices

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Por Paolo Luers
Publicado el 25 de junio de 2025


Estimados amigos:

Cuando todos callan -por miedo, por prudencia, por oportunismo, por lo que sea- quedarse callado ya no parece prueba suficiente de que un empresario es leal al dictador. El hombre comienza a exigir más que silencio. Exige que salgan a apoyarlo. Gobernar un país, en el cual la clase empresarial mantiene un sospechoso silencio, no se ve bien.

El dictador exige que los líderes del sector privado pongan su apellido, su prestigio, el legado de su familia en línea para apoyar, avalar y legitimar su forma de gobernar.  

¿Será por esto que algunos, luego de un largo tiempo de abstenerse de declaraciones políticas, comienzan a echar flores a Nayib Bukele, tratándolo como si fuera el “Salvador de la patria” – grandes palabras para describir a alguien que dio al país seguridad al precio de la libertad y la democracia. 

Nayib no es el que salvó la patria de la delincuencia. El descenso de los homicidios no comenzó con Bukele, sino en el 2016. Comenzó a darse un estado fallido en El Salvador con el pacto electoral que Bukele hizo con las pandillas para llegar al poder en las elecciones del 2019 y luego en las elecciones legislativas del 2021 para consolidar su control total del Estado. Cuando el gobierno necesita pactar con el crimen organizado para poder gobernar, podemos tener un estado fallido.

El famoso “modelo Bukele de Seguridad” se implementa luego de que este pacto fallara al no poder honrar el gobierno sus compromisos adquiridos con las pandillas: el estado de excepción permanente, que dura hasta la fecha y despoja al ciudadano de sus derechos fundamentales, con 100 mil encarcelados sin debido proceso. Si para garantizar la seguridad ciudadana el Estado debe actuar sistemáticamente encima de la ley y suspender el Estado de Derecho, es un estado fallido. 

Ustedes son de los empresarios más poderosos del país y de la región. Los conozco como protagonistas de la responsabilidad social de la empresa privada. O sea, son conscientes de su responsabilidad para con el país. No puede ser que no hayan observado el sistemático desmontaje del Estado de Derecho.

Siempre he dicho que entiendo y respeto que los empresarios, que tienen responsabilidad sobre corporaciones grandes y sobre miles de empleados, opten por no confrontar con el gobierno, aún cuando éste se esté volviendo autoritario, abusivo y corrupto. Entiendo la prudencia de quedarse callado y tratar de proteger sus empresas. Me enteré que la presión está aumentando sobre ustedes de pasar del silencio al apoyo abierto al gobierno. Pero

empresarios tan poderosos y además inteligentes y socialmente sensibles como ustedes no deberían hacerlo. no pueden volverse defensores del modelo Bukele. Saben lo que está a la vista: En El Salvador ya no existe un estado de derecho. Luego de la captura de dos de los críticos más prestigiosos y visibles del modelo Bukele, como los abogados Ruth López y Enrique Anaya, ¿cómo podrían decir que en El Salvador existe libertad de expresión? 

Hasta el enviado de Donald Trump, el vicesecretario del Departamento de Estado Christopher Landau, dijo luego de su visita a El Salvador: “Nadie va a querer invertir en un país donde no hay certidumbre jurídica”. Con estas palabras, puso el dedo en la llaga donde duele. ¿Por qué en El Salvador, luego de resolverse el problema de la inseguridad que durante una década frenó la inversión, no se está dando un “bono de paz”, un boom de inversión - así como lo hubo al terminar la guerra civil. En los años noventa, se invirtió en la reconstrucción del país todo el capital retenido debido a la inseguridad de los años ochenta. 

Si existiera un estado de derecho con seguridad jurídica para todos, habría un boom de inversión en El Salvador, una vez resuelto el problema de las pandillas. No existe tal boom y no existirá sin seguridad jurídica para todos.

Espero que asuman la responsabilidad que tienen como líderes empresariales y no se vuelvan cómplices en la destrucción del estado de derecho – en el interés del país y de la empresa privada.

Saludos, Paolo Luers

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