Tensa relación entre economía y Derechos Humanos en El Salvador

"El desarrollo económico no puede desvincularse del respeto a los derechos civiles y políticos", afirmó Olivier De Schutter, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y la pobreza extrema, durante una reciente visita al país.

Lo que bien señaló la experta internacional también lo indican estudios que sostienen que los abusos de derechos humanos —como la represión laboral o la inseguridad jurídica— inhiben la inversión extranjera y local, y en consecuencia disminuyen el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

El deterioro del Estado de Derecho —producto de la corrupción, impunidad o represión— socava la confianza empresarial, detiene la innovación y ahuyenta a los inversores, indica Naciones Unidas (unodc.org).

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También plantea que hay menor productividad y fuga de talento cuando la opresión legal o económica (por ejemplo, endeudamiento forzado) genera "un ciclo sin fin de tragedias económicas y sociales" que reducen el bienestar y la productividad.

Cuando el poder se concentra en pocos, las clases medias y profesionales tienen menos oportunidades, reduciéndose la inversión en capital humano, sostiene.

Otro factor que influye es la desigualdad y pobreza, ya que está última es tanto causa como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, pues erosiona el acceso a educación, salud y trabajo digno, limitando el desarrollo económico sostenible.

Además, los altos niveles de desigualdad, vinculados a abusos, frenan el crecimiento económico y agravan las tensiones sociales.

Los impagos, sanciones y restricciones comerciales también ahuyentan la inversión. Países con abusos sistemáticos pueden enfrentar sanciones económicas y restricciones comerciales. Por ejemplo, EE. UU. está investigando a Nicaragua por abusos laborales, lo que puede introducir tarifas o sanciones.

Regímenes autoritarios, como en Myanmar, sufren recesión (–10 % del PIB), fuga de empresas y pérdida de inversión extranjera tras el golpe de Estado de 2021.

Los factores anteriores influyen, además, en la pérdida en turismo y comercio.

Las leyes discriminatorias (como la anti‑LGBT) impactan negativamente el turismo, la inversión y la productividad. Estudios estiman pérdidas de hasta 1 % del PIB en países con leyes de ese tipo.

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Del mismo modo, cadenas globales pueden cortar lazos comerciales con empresas implicadas en violaciones, como sucede con marcas globales tras escándalos laborales.

Y, sin duda, la degradación institucional mina la confianza del inversionista.

La erosión de instituciones clave (justicia, transparencia, regulación) deriva en corrupción, baja eficiencia del Estado y menor capacidad de respuesta ante crisis. Cuando la justicia deja de ser efectiva, el entorno se vuelve poco predecible y riesgoso para las inversiones y negocios, han señalado expertos.

Bajó la violencia, ¿creció la economía?

A pesar de la reducción de la violencia, el crecimiento económico ha sido moderado, pues El Salvador enfrenta críticas por violaciones a los Derechos Humanos bajo un régimen de excepción prolongado.

En los últimos tres años, El Salvador ha experimentado transformaciones drásticas en su modelo de gobernabilidad y desarrollo.

La política de mano dura contra las pandillas ha sido ampliamente respaldada por la población, mientras algunos sectores económicos celebran una mejora en el clima de inversión, aunque las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) no se levanta y el país está rezagado frente a lo países vecinos de Centroamérica.

Diversas organizaciones internacionales y actores locales advierten que este crecimiento ocurre en un contexto de retroceso democrático y debilitamiento de los Derechos Humanos.

Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado más de 25 veces consecutivas. Esta medida ha permitido la detención de más de 80,000 personas, según cifras del gobierno.

Aunque muchos ciudadanos reconocen una mejora tangible en la seguridad pública —el país cerró 2024 con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América Latina—, la otra cara de la moneda son las múltiples denuncias de abusos.

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Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial, muchas de ellas sin acceso a defensa legal ni juicio justo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con limitada independencia en la actualidad, ha sido criticada por su pasividad frente a estas denuncias.

"El miedo ha cambiado de bando, pero a costa de las garantías constitucionales", declaró a este medio un abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), quien pidió anonimato por razones de seguridad.

Economía con luces y sombras

En el plano económico, El Salvador registró un crecimiento del PIB del 2.6 % en 2024, y se espera una cifra similar para 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR).

La inversión pública ha aumentado en sectores como infraestructura, salud y turismo, con proyectos como el tren del Pacífico, la carretera del litoral, y la promoción internacional del país como destino turístico.

Asimismo, el uso oficial de Bitcoin como moneda legal ha generado atención global, aunque los beneficios económicos de esta medida siguen siendo inciertos. La adopción de Bitcoin ha sido baja, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reiterado su preocupación por la transparencia fiscal y la estabilidad financiera del país.

"La economía crece, pero sin fortalecer instituciones ni mejorar la calidad democrática, ese crecimiento es frágil", sostuvo un economista que no quiso revelar su nombre.

También señaló que la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de controles legislativos y judiciales podrían ahuyentar inversiones en el largo plazo.

El Salvador se enfrenta a un dilema complejo: mantener la seguridad y estabilidad social sin erosionar el estado de derecho (ver gráfica Crecimiento del PIB y violaciones a DDHH).

La alta aprobación del presidente Bukele —que supera el 80 % según encuestas recientes— refleja el respaldo popular a las medidas autoritarias, pero los efectos a largo plazo en la democracia aún están por verse.

El Salvador está en una encrucijada histórica. Aunque ha logrado avances notables en materia de seguridad, estos logros podrían verse empañados por una creciente erosión de los derechos fundamentales. El reto para los próximos años será mantener el equilibrio entre orden, progreso económico y democracia real.