Nueva ley obliga al Gobierno a no gastar más de lo presupuestado

La nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada de forma exprés por la Asamblea Legislativa el martes, prohibirá al gobierno hacer gastos sin tener una fuente de financiamiento previamente autorizada.

Esta normativa se aprobó como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento de $1,400 millones a lo largo de 40 meses. Y su objetivo principal es garantizar un orden y disciplina fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas ante el imparable endeudamiento.

Según el artículo 12 de la normativa, "se prohíbe programar o ejecutar gastos sin su respectiva fuente de financiamiento. Toda reforma de ley u ordenamiento legal que implique erogación de recursos deberá contemplar su correspondiente fuente de financiamiento". 

También el artículo 13 plantea que "las políticas y programas sociales deberán contar con financiamiento asegurado, debiendo evaluarse la eficiencia del gasto público y su impacto sobre la base de indicadores sociales y de pobreza. Los recursos para su ejecución se incorporarán al Presupuesto General del Estado para cada ejercicio fiscal".

VER: Asamblea aprueba Ley de sostenibilidad fiscal con límites al endeudamiento público

Esto que plasma la nueva ley también ya lo manda la Constitución de la República en su artículo 228, el cual establece que "ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto". Es decir que el gobierno siempre ha estado obligado a cumplir ese mandato, pero año tras año los presupuestos son modificados a lo largo del ejercicio fiscal para incorporar gastos que no estaban previstos.

La nueva normativa busca reemplazar la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social de 2016, cuya aplicación fue suspendida en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Pero no se volvió a activar y la Asamblea la derogó el martes.

Lo bueno y lo cuestionable de la ley

De acuerdo al análisis del economista Rommel Rodríguez, una fortaleza que ve en la Ley de Sostenibilidad Fiscal es que se pone una regla de endeudamiento a largo plazo.

Por ejemplo, la razón de la deuda, incluyendo pensiones, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no podrá ser mayor al 80% del PIB en 2030, ni mayor al 75% en 2035. Y la meta de endeudamiento a largo plazo se espera alcanzar en 2045 con 70% del PIB.

"Entonces, eso define más o menos una trayectoria que tiene que ir buscando la gestión de las finanzas públicas. Y eso es un elemento favorable porque debe de contribuir a introducir la disciplina fiscal", destaca Rodríguez. 

El saldo de la deuda pública total de El Salvador alcanzó en abril los $33,130 millones, incluyendo los compromisos con el Fondo de Pensiones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Tuvo un alza de $629.83 millones en un solo mes.

Rodríguez indica que después de la pandemia no se tenía claridad hacia qué nivel de deuda quería llegar el gobierno. "Pero ahora con esto, al definir explícitamente estas metas, se supone que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, va a hacer las gestiones pertinentes para llevar el nivel de endeudamiento hacia ese punto" que establece la ley.

Otro punto de la normativa que le parece favorable al economista es que incluye a más instituciones del Estado que deben rendir informes de deuda y se agrega el saldo de pensiones.

La ley se aplicará a las entidades que conforman el Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo el Gobierno Central, el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones reguladas por la Ley del Presupuesto General del Estado.

También aplica a las instituciones descentralizadas no empresariales, Empresas Públicas No Financieras, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Dirección de Obras Municipales, las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial.

"Todas van a tener que dar información sobre su nivel de endeudamiento para que el gobierno, al consolidarlas a través del Ministerio de Hacienda, pueda ver cómo se está comportando realmente la deuda neta. Porque ese es el objetivo, bajar el nivel neto de deuda", apunta Rodríguez.

Sin embargo, algunas de las debilidades que el experto ve en la nueva ley son que las metas de bajar el endeudamiento están un poco lejanas, la más próximas es hasta dentro de 5 años; tampoco incluye sanciones por no cumplir las metas para alcanzar la senda de ajuste fiscal; ni se ha incluido un consejo fiscal para vigilar que se cumpla la ley.