CONTENIDO DE ARCHIVO:
Alertan riesgo de activos digitales en el financiamiento político
El último informe de Global Financial Integrity sobre El Salvador remarca los peligros de que no exista un marco normativo específico y que partidos sean usados para el lavado de dinero.
El Global Financial Integrity (GFI) señaló riesgos de lavado de dinero respecto a la integración de los activos digitales en el financiamiento político en El Salvador, debido al anonimato y a la descentralización inherente a estos.
Así se recoge en su último informe enfocado en el ecosistema de activos digitales en El Salvador: "Riesgos y desafíos para contrarrestar delitos financieros". Para la entidad, el peligro más importante reside en que no existe una regulación específica para el financiamiento político a través de activos digitales. GFI es una organización especializada en los temas de cumplimiento a escala global, con sede en Washington, Estados Unidos.
LEA MÁS: GAFILAT señala ineficiencia de licencias para activos digitales
Los partidos políticos son sujetos obligados en el país y, por tanto, tienen controles que cumplir en materia de prevención de lavado de dinero y activos, como inscribirse ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), nombrar un oficial de cumplimiento y, sobre todo, reportar operaciones sospechosas.
Sin embargo, según el informe del GFI, a la fecha no se evidencian obligaciones específicas relacionadas con las donaciones a través del uso de activos digitales, especialmente Bitcoin, que puede ser utilizado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar.
A pesar de que es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminar la obligatoriedad de recibir Bitcoin en El Salvador, la modificación a la norma todavía no se ha hecho efectiva.
El GFI señala que, durante las elecciones de febrero y marzo de 2024, la mayoría de los partidos declararon no tener la intención de recibir donaciones a través de activos digitales, aunque algunos señalaron estar estudiando el tema.
Para la entidad, ello compromete al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como responsable del monitoreo y control del financiamiento político, a establecer lineamientos sobre el funcionamiento, los riesgos y tipologías asociadas al uso del ecosistema digital. La organización apunta que también lo compromete, potencialmente, a realizar una supervisión efectiva respecto a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se presenten a la UIF por parte de los partidos.
Respecto a los niveles de transparencia y aportes recibidos por los partidos políticos en El Salvador, el GFI considera que es complejo considerar la participación de los activos digitales cuando provienen de financiamiento público o privado, al igual que la debida diligencia de los propios partidos y el TSE para tener trazabilidad sobre los fondos, especialmente si no hay una normativa clara al respecto.
"Este escenario muestra la necesidad de reforzar la regulación y supervisión del financiamiento político en general", remarca el informe.
La entidad sostiene que tanto la regulación como su aplicación son imprescindibles para establecer un entorno de integridad en la política salvadoreña.
"De lo contrario, podría crearse un ambiente atractivo para el lavado de dinero, la corrupción o el financiamiento ilícito a través de donaciones anónimas, extranjeras o que sobrepasen el umbral permitido", advierte.
Por ejemplo, la potencial adquisición de activos digitales con dinero de procedencia ilícita y su posterior donación a partidos políticos es uno de los riesgos que puede enfrentar el financiamiento político.
El uso de plataformas de "mixing" (mezcla) para criptomonedas puede constituir otra estrategia para borrar el rastro de las transacciones y ocultar la identidad del comprador de activos digitales y posterior donante de un partido político.
El GFI identifica como otro riesgo del uso de los activos digitales en la política a la posibilidad de superar los umbrales permitidos por la Ley de Partidos Políticos (LPP).
Aunque en El Salvador no existe un límite máximo para las donaciones privadas, se prohíbe superar individualmente el monto del 2% del presupuesto del año anterior, aprobado por la Asamblea Legislativa al TSE.
"Esta prohibición puede eludirse con el uso de activos digitales, dividiendo los montos en cantidades menores por debajo del umbral y enviándolos desde múltiples direcciones", concluye.
Por ello, en las recomendaciones generales del informe se incluye como una acción deseable dotar al TSE de recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para supervisar y auditar todas las donaciones, especialmente las realizadas a través de activos digitales. Y se solicita la creación de un marco normativo específico para la regulación de los activos digitales en el financiamiento político.