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FMI aprueba acuerdo con El Salvador por $1,400 millones
Según el FMI, se espera que el acuerdo catalice el apoyo financiero multilateral adicional, para un paquete de financiación global combinado de más de $3,500 millones durante el período del programa.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el miércoles un acuerdo ampliado de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para El Salvador, de alrededor de $1,400 millones. La aprobación del Directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato de unos $113 millones de dólares.
Según el FMI, se espera que el acuerdo catalice el apoyo financiero multilateral adicional, para un paquete de financiación global combinado de más de $3,500 millones durante el período del programa.
Sobre la base de los progresos recientes, el programa respaldado por el FMI se propone corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia, con el objetivo de impulsar las perspectivas de crecimiento y la capacidad de recuperación de El Salvador, indicó la entidad en un comunicado.
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En el marco del programa, el saldo primario mejorará en un 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en tres años, respaldado inicialmente por una racionalización de la masa salarial, "al tiempo que se protege el gasto social y en infraestructuras prioritarias".
Esto se complementará con medidas para reconstituir los colchones de reserva y reforzar la estabilidad financiera, así como con acciones para fortalecer la transparencia fiscal y los marcos anticorrupción y contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El programa también aborda los riesgos derivados del proyecto Bitcoin, en particular haciendo voluntaria la aceptación de Bitcoin y limitando la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y en transacciones y compras de Bitcoins.
En el comunicado que se publicó para anunciar la aprobación, el FMI incluyó declaraciones por Nigel Clarke, Subdirector Gerente y Presidente interino, tras el debate del directorio.
El ejecutivo aseguro que El Salvador "sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos, derivados de un elevado endeudamiento y débiles amortiguadores externos y financieros, así como de obstáculos a la inversión y la productividad".
Por eso, añadió, el programa aprobado por el FMI tiene como objetivo "fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, creando al mismo tiempo las condiciones para un crecimiento más fuerte y más inclusivo".
Clarke afirmó que se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada. Añadió que se han dado "los primeros pasos" con la nueva legislación anticorrupción recientemente aprobada y con la publicación por parte de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de "las auditorías de los estados financieros de los organismos públicos y las auditorías de la COVID".
No está claro a qué se refiere en esa última línea, pues ninguna institución del Estado ha hecho públicas auditorías recientemente.
Clarke también aplaudió las medidas modificaciones a la Ley Bitcoin, que fueron expresamente solicitadas por el Fondo, como que la aceptación de la criptomoneda sea voluntaria.
También comentó que se ha reforzado la transparencia del monedero electrónico público de criptomonedas, en referencia a Chivo Wallet. Como la relacionada con la Corte de Cuentas, esta afirmación es confusa, pues los datos relacionados con esa empresa están bajo llave. Incluso sus estados financieros nunca han sido presentados al Centro Nacional de Registros (CNR), como ya lo informó El Diario de Hoy.
Clarke recordó que el Gobierno tiene previsto reducir gradualmente su participación en dicho monedero. Esto también significa una situación llena de complejidades, pues no está claro que sucederá con la información de los usuarios de la misma.
Sin embargo, el ejecutivo planteó mayores controles a la industria relacionada con las criptomonedas y los activos digitales como consecuencia de este trato.
"Los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno. Se mejorará la regulación y supervisión de los activos digitales en línea con las mejores prácticas internacionales en evolución", dijo Clarke.
Un trámite previo
Minutos antes de que el Fondo publicará oficialmente la aprobación del acuerdo, la Asamblea Legislativa ratificó la carta de intención suscrita por los titulares del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva (BCR) dirigida a la multilateral. La carta está fechada el 11 de febrero. Dicha ratificación se hizo con dispensa de trámites.
Los fondos reflejados en el escrito equivalen a $1,357.34 millones, según el tipo de cambio vigente. Los recursos serán usados para "necesidades de financiamiento fiscal y la balanza de pagos".
"Los recursos que se reciban para apoyar las necesidades de financiamiento fiscal podrán orientarse al fortalecimiento y apoyo de la caja fiscal del Ministerio de Hacienda, o para el fortalecimiento de las reservas del Estado de El Salvador, conforme al programa acordado", dice el decreto.
La preocupación por la transparencia
El diplomático salvadoreño Alexander Kravetz publicó un artículo para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, en el que hace un llamado al Fondo una serie de recomendaciones de lo que se debería incluir en el acuerdo para este sirva no solo para reparar las finanzas públicas, sino para restaurar un clima de transparencia y Estado de Derecho.
Por ejemplo, afirma que la multilateral debe evitar el cumplimiento superficial de las medidas de transparencia con la imposición al gobierno de El Salvador de compromisos concretos, como exigir a todos los funcionarios públicos amparados por la ley que presenten su declaración de patrimonio.
Señala, además, que las exigencias relacionadas con Bitcoin deben estar dirigidas a que el gobierno deba ahora revelar públicamente los costes y las fuentes de financiación de su experimento con Bitcoin, incluida una auditoría completa del monedero de criptomonedas Chivo.
También enlistó algunos criterios cuantitativos de actuación, como implementar un tope a los préstamos que el Gobierno puede tomar del Fondo de Pensiones, conformado por recursos privados. El diplomático hizo eco de una publicación de El Diario de Hoy en la que se reveló que la Administración Bukele tomó, entre enero de 2023 y junio de 2024, el equivalente al 80% de las cotizaciones.
También aconseja implantar un límite máximo a los préstamos del Gobierno a los bancos privados. El uso de estos instrumentos por parte de la gestión del Ejecutivo ha mermado las reservas de liquidez de los bancos. Sin embargo, el Fondo ha solicitado que tales reservas suban, por lo que podría controlado por ese lado.
"La implementación de estas reformas es esencial para fortalecer la gobernabilidad democrática, restaurar la independencia institucional y asegurar la transparencia en El Salvador. No actuar tendría efectos adversos", escribió.