Ajuste fiscal que negocia FMI con el gobierno impactará en la población

Una reducción de los gastos o aumento de los ingresos en más de $1,000 millones en los próximos tres años, como parte de los acuerdos previos entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraería dosis de "medicina amarga" para la población, advierten economistas consultados.

Los expertos explican parte de las implicaciones que tendrá para el país un ajuste fiscal del 3.5% del PIB (Producto Interno Bruto) que está sobre la mesa en las negociaciones con el organismo financiero y que este martes fue confirmado que hay "acuerdos preliminares" en ese y otros puntos en discusión para ordenar las finanzas salvadoreñas.

La economista Tatiana Marroquín explica que lo que significa ese 3.5% del PIB es entre $1,000 millones y $1,500 millones de reducción del déficit en tres años.

"Ese ajuste puede ir por el lado de los ingresos o por el lado del gasto, qué quiere decir, que esos cerca de $300, $400 o $500 millones al año que necesita ajustar el gobierno en los siguientes tres años, que serían 2025, 2026 y 2027, involucra ya sea el aumento de ingresos por el lado de los impuestos o el recorte de gastos. Entonces, en cualquiera de esas dos discusiones quien se va a ver afectada directamente es la población salvadoreña", afirma la experta.

VER: FMI y gobierno con acuerdo previo para ajuste fiscal de 3.5% del PIB en tres años

El equipo del FMI, encabezado por Raphael Espinoza, indicó en su comunicado que "se espera que la consolidación se logre mediante un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se crea margen para un gasto social y de infraestructura crucial".

Ante ello, Marroquín dice que si bien los recortes irían más por el lado salarial de los empleados públicos, también involucran un impacto en la población salvadoreña. "No solamente de forma directa, que es la población que está contratada en el gobierno, que al parecer sería despedida o reducirían sus salarios pero muy probablemente serían despedidas, sino también que esos despidos afectan los servicios y las responsabilidades que tiene el gobierno de garantizar derechos, sobre todo derechos sociales y económicos, salud, educación, vivienda, trabajo, etc.", agrega.

El economista Rafael Lemus considera que, precisamente ese ajuste fiscal, es por lo que el gobierno no ha querido cerrar un acuerdo con el FMI.

"Eso puede ser parte de las razones por las cuales el gobierno no quiere, porque eso implica recortar gastos de empleos públicos, de subsidios, subir impuestos. Pero eso es tratar de cortar un exceso de gasto que se tiene, de 3.5%, que si uno lo toma con el PIB de este año sería un poquito más de $320 millones por 3.5%, eso le va a dar un poquito más de $1,100 millones", explica.

De hecho, este año el Ministerio de Hacienda ha implementado recortes a varios subsidios que van directamente a la ciudadanía, como el de gas, de energía, entre otros.

Lemus enfatiza que lo que el Fondo está pidiendo al gobierno de Nayib Bukele "corregir" es el gasto innecesario, pero señala que todo este tiempo atrás ha ido por el camino contrario a la disciplina fiscal y las medidas que ha impulsado son tomar fondos de los trabajadores en el Fondo de Pensiones y quitarle el Fodes a los municipios, pero eso no ha resuelto el problema fiscal.

"El gobierno hasta la fecha lo que ha hecho es evitar el acuerdo con el Fondo y evitar el ajuste", acota Lemus.

Para el economista, la declaración del equipo del FMI va en el sentido de dejar claro que la parte técnica ha hecho todos los avances posibles en todos los campos o componentes del acuerdo, pero que ahora "lo que falta es voluntad política" para sellar el acuerdo.

También Marroquín coincide en que los acuerdos dependen mucho de la palabra de quienes están conversando con el Fondo y ve que está apostando con mucha fe a que el gobierno de El Salvador cumpla.

Otros puntos clave en los que se han centrado los preacuerdos con el Fondo son "aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos de Bitcoin".

La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal ha sido un escollo para el FMI en las conversaciones, pues para el organismo es relevante que haya más esfuerzos para mejorar la transparencia y disminuir los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto Bitcoin.