Sistema de salud entre el abandono, la precariedad y el silencio oficial

El sistema de salud pública en El Salvador atraviesa una profunda crisis caracterizada por la falta de cobertura, deficiencias en la calidad de atención, carencia de insumos médicos y una política sanitaria opaca que afecta tanto al personal médico como a la población, señalan profesionales del gremio médico y representantes de organizaciones y sindicatos del sector. 

 Diferentes voces han denunciado en repetidas ocasiones el progresivo deterioro de los servicios y la atención a la población, así como la opacidad de la información pública y las malas condiciones laborales en los hospitales y clínicas. 

Durante entrevistas con El Diario de Hoy tanto médicos como  sindicalistas y representantes de organizaciones  coincidieron en que el sistema sanitario está marcado por "un grave retroceso" en el que resalta un preocupante vacío en la formulación de políticas públicas.  

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El Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) señala que si bien la escasez es un problema histórico, este se agrava. 

El desabastecimiento de insumos, la precariedad laboral, y los plazos prolongados para citas médicas responden a un problema estructural que  no solo persiste, sino que se ha intensificado, opinó el doctor Carlos Ramos Hinds, vicepresidente de COLMEDES. 

A su juicio, la situación ha alcanzado incluso al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que históricamente había mantenido mejores estándares de atención, y que en la actualidad también enfrenta una “calamidad sin precedentes”. 

"Tradicionalmente había sido un lugar donde no había limitaciones en cuanto a medicamentos, insumos, tratamientos, etcétera. Hoy el Seguro Social está en un período de escasez y de calamidad como nunca había estado antes", expuso.  

Uno de los aspectos más críticos, señala el doctor Hinds, es la fuga de especialistas, motivada por la falta de condiciones dignas para ejercer su labor. Esto ha generado un déficit en áreas clave como cardiología, dermatología y nefrología, lo que obliga a médicos generales o internistas a cubrir consultas de subespecialidades para las que no están plenamente capacitados.

Desigualdad y abandono en zonas rurales

Pese a la comunicación oficial que resalta una modernización en el sistema, con millonarias inversiones en equipo e infraestructura,  COLMEDES, al igual que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Sitrasalud) se refieren al cierre progresivo de Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS) en zonas rurales donde se ha reducido la cobertura y obligado a los pacientes a recorrer largas distancias para recibir atención. 

Aunque el gobierno ha justificado esta medida como una “unificación” de servicios, denuncian que detrás de esta reestructuración hay criterios administrativos sin base científica, y que no se ha tomado en cuenta el impacto en comunidades vulnerables.

Silvia Navarrete, secretaria general de Sitrasalud, advirtió que la falta de insumos, médicos especialistas y de medicamentos ha generado desesperanza, afectando no solo a pacientes, sino también a trabajadores despedidos "de manera injustificada".

 “Conocemos compañeros que han muerto por no poder acceder a tratamientos, como  cáncer o enfermedad renal”, lamentó.

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Hasta junio de este año, el Foro Nacional de Salud (FNS) y Sitrasalud confirmaron  que más de 50 ECOS fueron  cerrados en el país, los cuales benefician principalmente a la población de las zonas rurales.

“Los ECOS desempeñaban un rol fundamental en la identificación y reducción de riesgos que afectaban a la población, como la protección de la niñez mediante la actualización de esquemas de vacunación, el control de niño sano para la detección temprana de desnutrición, problemas visuales y auditivos que pudieran afectar su aprendizaje, así como la prevención del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente. Además, garantizaban el control prenatal oportuno, la protección de adultos mayores, la detección de enfermedades crónicas, suministro de medicamentos, entre otros”, expuso el FNS a través de un comunicado en abril. 

Aumento de enfermedades 

Organizaciones como el Movimiento por la Salud "Dr. Salvador Allende", por su parte señala un marcado retroceso en indicadores clave como la mortalidad materna e infantil, el aumento de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal y diversos tipos de cáncer, así como la creciente incidencia de suicidios. 

La agrupación de profesionales en medicina, con presencia nacional, señala que a esta situación se suma el ocultamiento sistemático de información epidemiológica, incluyendo casos de dengue, malaria y enfermedades gastrointestinales.

Según datos del boletín epidemiológico correspondientes a la semana 26, con corte al 28 de junio, en El Salvador se han atendido más de 2,500 casos de dengue, en tanto aproximadamente cuatro mil pacientes con síntomas diarreicos agudos fueron atendidos semanalmente a nivel nacional. Las enfermedades respiratorias también continúan siendo un importante problema de salud pública, entre marzo y abril más de 200 casos de neumonía fueron detectados por semana. 

Otras de las denuncias enmarca el recorte al presupuesto asignado a Salud para el periodo fiscal 2025, el cual contempla una disminución de más de $90 millones en comparación al año pasado. 

Asimismo, más de dos mil trabajadores han sido despedidos en lo que va del año, denuncia Sitrasalud, incrementando la presión sobre el sistema. 

Riesgo de privatización

Una de las mayores preocupaciones manifestadas por los trabajadores de la salud es la posibilidad de una privatización del sistema. 

Ellos analizan que cambios administrativos, digitalización de expedientes y falta de transparencia en la gestión podrían estar orientadas a esta finalidad. 

 “¿Por qué mantener en secreto estos procesos si son para beneficiar a la población?”, cuestionó Navarrete. “La gente ya está pagando por servicios médicos privados que antes eran públicos. Si se oficializa esa privatización, muchos no podrán acceder a la salud”, sostuvo. 

Frente a este panorama, las voces del gremio exigen respeto al derecho constitucional a la salud, transparencia en la gestión pública y participación de profesionales con conocimiento técnico y científico en la toma de decisiones. 

Coinciden además en que es urgente elaborar un verdadero plan nacional con base científica, inversión real en personal y prevención, y condiciones laborales justas para los trabajadores de salud.

“La salud no es un tema de propaganda, es un derecho humano. Y sin atención primaria, sin insumos, sin especialistas, no hay sistema que funcione”, sentenció Sitrasalud. 

"Tenemos un sistema donde la población salvadoreña enfrenta largas esperas, desabastecimiento y falta de información, y con una administración que parece más preocupada por la imagen que por salvar vidas", concluyó Navarrete.