"Si uno propone una alternativa a cualquier tema, el régimen de los Bukele lo considera ataque": Noah Bullock

El director ejecutivo de Cristosal, la organización de derechos humanos que la semana pasada anunció el exilio, amplía los motivos de su cese de operaciones en El Salvador. El Gobierno de Nayib Bukele y de sus hermanos, dice Noah Bullock, le mandó un mensaje al mundo: que no van a tolerar la crítica, el diálogo, ni a organizaciones que les exijan transparencia y rendición de cuentas. Recuerda una frase que, para él, resume la situación del gobierno: "Si no es para ellos, lo entienden como en contra de ellos".

Recapitulemos: ¿Cuáles fueron las razones que los hicieron decidir moverse a otro país?

Ya desde ratos nuestra organización y personal hemos estado bajo un acoso sistemático del gobierno, ataques legales, fiscales, campaña de difamación, monitoreos de actividades nuestras, vigilancia, incluso de las casas de nuestros propios colaboradores. Y todo eso, de alguna manera, lo habíamos normalizado. Y ahora cambian un par de cosas. Uno es que, en esta escalada represiva, Cristosal, ha sido un objetivo directo de la represión. Uno de nuestros principales liderazgos, Ruth López, ha sido perseguido, criminalizado injustamente. Y luego Enrique Anaya también, que por defender a Ruth lo llevan preso. 

Y el objetivo de la Ley de Agentes Extranjeros es controlar las actividades de la ciudadanía y castigar a las voces críticas. No nos queda la más mínima duda de que la intención es criminalizarnos con esa ley. Han creado ese nuevo marco legal para seguir persiguiéndonos.

En El Salvador ya no hay instituciones con suficiente independencia e imparcialidad donde nos podamos defender.

Antes de la captura de Ruth, llegó una patrulla policial a las instalaciones de Cristosal. ¿Esa fue una señal? ¿Tuvieron información de que había más capturas contra ustedes?

La intervención de la policía en nuestra oficina durante esa conferencia de prensa sí lo vimos como una escalada. La Policía nos había venido monitoreando actividades públicas, pero entraron a nuestra casa, tomaron fotos de los vehículos, de los periodistas, aunque se fueron pacíficamente. Lo recibimos como un mensaje. 

El exilio y la cárcel siempre han sido una amenaza. De hecho, en El Salvador llevamos ya olas de exilio y persecución, comenzando desde los primeros días de régimen de los Bukele: políticos, expolíticos, personas que se opusieron al bitcóin, profesionales y empresarios. Se ha criminalizado a los líderes del movimiento contra la minería, a veteranos que organizaban marchas. Esto ya era una realidad para el sector, pero nosotros creíamos que podíamos seguir operando, que todavía había condiciones.

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Sobre la Ley de Agentes Extranjeros, quienes la defienden dicen que las ONG buscan evadir impuestos. ¿Antes de esta ley ustedes pagaban impuestos?

Sí, es correcto. En un proceso muy adversarial de una auditoría, el Ministerio de Hacienda nos revocó nuestra exención de impuestos. Entonces, para nosotros el tema de la Ley de Agentes Extranjeros no es el tema de impuestos. Podemos tratar de pagar impuestos, aunque estos son claramente punitivos, muy superior a lo que pagan otros sectores. Pero la ley tiene un amplio margen de discrecionalidad.

La ley claramente va a ser utilizado para controlar las actividades de la ciudadanía y otorgar como privilegio el derecho de la libertad de asociación, pero condicionado a que se limite la gente a actividades que no incomoden al gobierno; y a quienes se atrevan a desistir o ser independientes, a ellos sí le van a castigar, y al resto queda con la amenaza latente de que en algún momento le pueden quitar sus permisos, se pueden aplicar los impuestos, se pueden sancionar y quitar los activos e incluso criminalizar.

¿Cómo quedan las investigaciones que ustedes tenían en curso?

Las investigaciones continúan y las vamos a concluir. Lo que tiene que quedar claro que Cristosal va a operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. 

¿Y eso tiene algún costo para beneficiarios de algunos programas?

En estos 25 años hemos dado atención directa a miles de personas en El Salvador, y estos programas van a ser afectados sin duda. Pero creemos que las personas que han participado en nuestro programas entran como víctimas, pero se convierten en líderes y muchas son ahora las voces que siguen defendiendo derechos humanos.

¿Qué pasará con las denuncias por capturas arbitrarias?

Hemos presentado denuncias penales sobre casos de la gran corrupción. Hemos presentado denuncias penales en representación de familias de desapariciones, torturas y muertes bajo custodia del Estado. Sentimos de que de alguna manera con esta denuncia hemos agotado el sistema nacional de justicia y ahora corresponde a las víctimas acudir y perseguir su derecho a la justicia en instancias internacional.

En el pasado, Cristosal confrontó al FMLN por no afrontar el tema de desplazamientos forzados por pandillas. ¿En aquel momento recibieron algún tipo de acoso del gobierno de turno?

Nosotros tenemos una trayectoria de décadas de trabajo, y no únicamente en El Salvador, y raras veces los gobiernos nos han cerrado la puerta al diálogo. En el caso de El Salvador, la respuesta a nuestro trabajo ha sido ataque, difamación y ahora represión, pero sí: las denuncias de derechos humanos siempre incomodan a los gobiernos, pero no todos reaccionan de esa manera muy propia de un gobierno autoritario.

¿Y cuál fue la fibra que tocaron que hizo que en este gobierno se convirtieran casi en un enemigo público?

Yo hace unos años estaba en una reunión con líderes de organizaciones comunitarias y estuvimos analizando el tema del espacio cívico, y una señora dijo algo muy importante: que el gobierno si no es para ellos, lo entienden en contra de ellos. No importa el tema, aunque uno esté nada más proponiendo una alternativa, en un tema que no quiere el gobierno, o denunciando o pidiendo justicia, el régimen de los Bukele lo considera como un ataque y no lo van a tolerar. Ese es el mensaje que han mandado.

¿Por qué se refiere a los Bukele?

Los hermanos Bukele. Nosotros creemos que con el periodo de los Bukele, el país, el modelo democrático imperfecto, pero que iba en desarrollo, se ha destruido. El  Salvador ha regresado a los modelos políticos autoritarios del pasado en que pequeños grupos de élites concentran el poder, se apropian de los recursos de la nación y actúan sin controles, sin diálogo, sin transparencia y sin rendición de cuentas.

¿Hay alguna diferencia entre este y otros modelos autoritarios del pasado?

Puede haber diferencias de forma. Quizás este gobierno se caracteriza por su uso de la tecnología y y la propaganda en redes sociales, pero las fórmulas son las mismas. Dos ejemplos concretos es que casi todos los gobiernos autoritarios del pasado buscaron, en contra de la Constitución, la reelección y muchos de los gobiernos del pasado gobernaron sobre la base de estados de excepción permanentes.

Son recetas ya conocidas en el país y también traen consecuencias ya conocidas. Y esa es la base de nuestra preocupación: que cuando el poder se concentra, la población queda desprotegida ante el poder.

¿Logró el gobierno de Bukele aplastar a la sociedad civil?

Aplastar no. Pero ha dejado claro que hay consecuencias para quienes no se alineen con el partido, con el presidente. Incluso las encuestas de opinión pública demuestra de que 60 o 50% de la población cree que criticar al presidente en las redes sociales puede implicar una represalia como la cárcel. El miedo ya es algo cotidiano para la población. Todo el mundo sabe que expresarse de manera diferente conlleva consecuencias. 

¿Con qué palabra describiría el estado de la de la sociedad civil en este momento?

Tendría que haber dos palabras: una es resiliente, pero otra es miedo.

¿Logró calar el miedo en la sociedad civil?

No solo a los sectores organizados. El miedo es algo que ha alcanzado a toda la población. Toda la población ha modificado su conducta, las formas en que pueden participar en la vida cultural, económica, social y política del país. La pérdida de libertades es una realidad que no afecta solo a un grupo pequeño de periodistas o defensores de derechos humanos. La represión alcanza a toda la población.

¿Cómo queda la situación de derechos humanos en el país con todo lo que ha pasado con las organizaciones defensoras?

 El exilio y persecución de Cristosal ha servido para enviar un mensaje a toda la población: que no van a tolerar a las organizaciones de derechos humanos o a las voces críticas en general. Y es preocupante que han hecho imposible para una organización de derechos humanos operar en el país.

La existencia de organizaciones de derechos humanos en una sociedad democrática es fundamental, y cuando un gobierno decide que no van a tolerar ni siquiera eso, también manda un mensaje a la nación, pero también a al mundo entero: que no piensan gobernar respetando los estándares y principios de los derechos humanos universales.

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¿Qué condiciones tendrían que generarse para que ustedes decidieran volver o es una decisión a largo plazo?

No es una decisión muy a largo plazo.

Las condiciones que esperamos para poder regresar es la claridad de que existe seguridad jurídica para la organización y para nuestro personal. Y, repito, la falta de seguridad jurídica para Cristosal es una pérdida de derechos y garantías que es sentido en todos los sectores de la población.

Nosotros esperamos que un día todo esto va a cambiar. Creemos que sí.

¿No renuncian a hacer lo que estaban haciendo?

Si hemos aprendido algo sobreviviendo en ese declive democrático y esta consolidación autoritaria en El Salvador, es que la forma de defender derechos constantemente se se tiene que ir actualizando. Continuaremos, pero adaptados a nuevas circunstancias.