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Hermanos fueron condenados por extorsionar a comerciante en Santa Tecla
Los pandilleros pedían al comerciante $70 semanales y mantenían amenazados a vendedores en la zona de El Cafetalón.
Dos hermanos fueron sentenciados a 15 años de prisión luego de ser declarados culpables de haber extorsionado a un comerciante en Santa Tecla.
Durante 11 meses Luis Miguel y Cristóbal Marvin Argueta Villegas exigieron un pago de $70 semanales a la víctima bajo amenazas de asesinarlo a él a alguno de sus familiares de no cumplir con la exigencia.
La Fiscalía los señala de formar parte de la MS-13 y de mantener amedrentados a comerciantes que vendían en los alrededores del Parque Deportivo El Cafetalón, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.
Según el reporte fiscal, en febrero de 2023, los hermanos extorsionistas fueron capturados mediante las disposiciones del Régimen de Excepción, pero fue en marzo de 2023, que la Fiscalía informó del arresto de uno de ellos.
Luis Miguel Argueta Villegas fue capturado junto a Jonathan Ezequiel Morales Ascencio, Mauricio José Menjívar Castillo y Noemí Elizabeth Castillo de Menjívar, por extorsión agravada. Acusados de haber cobrado en calidad de "renta" más de $3,300 a la víctima.
#CombateAPandillas | En Santa Tecla, la @FGR_SV ordenó la captura de 4 personas acusadas de Extorsión.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 17, 2023
Según las investigaciones, desde marzo le exigieron US$70 semanales a la víctima a cambio de no atentar contra su vida.
En total les entregó $3,360 dólares. pic.twitter.com/0EvBPIFvHl
Se les acusaba de tener vínculos con la clica “Kascajeras Locos Salvatruchos” y les decomisaron celulares, dos motocicletas, una camioneta y una cantidad no precisada de dinero en efectivo.
Pedía desde $150
En otro proceso, un miembro de la Pandilla 18 fue condenado a 20 años de cárcel por extorsión agravada.
David Ernesto Ayala Velasco exigía cuotas que iban desde los $150 en adelante a comerciantes del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
Las exigencias comenzaron en agosto de 2017 y amenazaba a las víctimas para que no les denunciaran, diciéndoles que mantenían bajo control los movimientos en la zona.
