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Senadores estadounidenses y organizaciones salvadoreñas discuten situación de derechos humanos en El Salvador
Los funcionarios demócratas se reunieron con organizaciones sociales salvadoreñas para tratar irregularidades documentadas en los últimos meses, entre ellas el caso Kilmar Abrego.
Los senadores demócratas Tim Kaine, de Virginia y Chris Van Hollen, de Maryland, se reunieron con representantes de organizaciones sociales salvadoreñas para discutir irregularidades en cuanto al historial de derechos humanos en El Salvador.
En reiteradas ocasiones los funcionarios estadounidenses han expuesto su preocupación sobre las deportaciones de extranjeros, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el territorio salvadoreño.
Kaine señaló a través de su cuenta de X: “Hoy, Chris Van Hollen y yo recibimos a líderes de Cristosal, Idhuca y Alianza Americas para discutir la próxima votación sobre nuestro proyecto de ley para exigir respuestas de la Administración Trump sobre el historial de derechos humanos de El Salvador y la deportación de residentes estadounidenses por parte de Trump a las mega prisiones salvadoreñas”.
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Uno de los principales puntos de interés a discutir es el caso de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que fue deportado de Estados Unidos el 15 de marzo de 2025 por la administración Trump, a pesar de contar con una protección legal que prohibía su expulsión.
Ábrego, quien residía en Maryland desde 2011, fue acusado de ser miembro de estructuras criminales, sin pruebas concretas y actualmente está encarcelado sin cargos formales.
Previamente las organizaciones sociales han exigido al gobierno salvadoreño y la administración Trump se brinde un adecuado proceso para más de 200 venezolanos que debían ser deportados a su país de origen, pero se encuentran retenidos en el CECOT.
Van Hollen y Kaine han cuestionado la implementación del estado de excepción en el territorio salvadoreño.
Cristosal, IDHUCA, y la Alianza Americas han documentado múltiples denuncias de detenciones arbitrarias y muertes al interior de los centros penales desde 2022 que entró en vigencia el régimen de excepción.