Asociaciones lanzan propuesta de reglamento para ley de inclusión

Asociaciones de personas con discapacidades elaboraron una propuesta de reglamento para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de que pueda servir para instruir hacia una correcta interpretación, aplicación y seguimiento de la ley.

El documento dice que su creación responde a la necesidad de definir las acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos de la vida social.

"Este reglamento refleja el sentir de muchas personas con discapacidad, quienes expresan la importancia de contar con mecanismos que protejan sus derechos, promuevan su autonomía y aseguren su participación activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas", expone el documento.

Asimismo, destaca que se consideró para su elaboración las voces de las familias y cuidadores de las personas con discapacidad.

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"Se incorporan recomendaciones de expertos en derechos de las personas con discapacidad, quienes coinciden en que la inclusión efectiva requiere de mecanismos claros, así como de una articulación institucional que facilite la implementación de políticas públicas basadas en principios de accesibilidad, igualdad y no discriminación", añade la propuesta.

El acceso a la justicia

El Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) es por mandato de ley el ente rector encargado de elaborar la política nacional de inclusión.

En el apartado del acceso a la justicia, la propuesta de reglamento sugiere la creación de unidades especializadas en atención a las personas sujeto de la ley.

El documento expone que podrá ser el CONAIPD, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones pertinentes, quien establecerá mecanismos para facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Lo anterior, debiendo incluir, la creación de unidades especializadas en atención a personas con discapacidad dentro de las instituciones judiciales y administrativas; la capacitación continua del personal judicial y administrativo en materia de derechos de las personas con discapacidad; la promoción de la accesibilidad física y comunicacional en los espacios judiciales.

Asimismo, que se tome en cuenta la implementación de campañas de sensibilización sobre el tema y la elaboración y distribución de materiales informativos en formatos accesibles sobre los procedimientos judiciales y administrativos.

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La ley dicta que el Estado velará por que las personas con discapacidad y sus organizaciones, cuenten con la información accesible para ejercer la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de sus derechos.

Ante ello, se expone que para la participación de la sociedad civil, las organizaciones contribuirán con los mecanismos de acceso a la justicia, a través de la representación en comités y grupos de trabajo; con la provisión de información y retroalimentación de las necesidades y experiencias de los sujetos de la ley; con la elaboración de materiales informativos y en la capacitación del personal judicial y administrativo.

Sin Tribunal Sancionador

Aunque la ley de Inclusión se aprobó en junio de 2020 y entró en vigencia el 1 de enero de 2021, el Capítulo XVIII referido al Tribunal Sancionador, Infracciones, Sanciones y Procedimiento sigue pendiente de entrar en vigor debido a las prórrogas hechas por la Asamblea Legislativa. La última, que data de diciembre de 2024, dice que el apartado entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026.