Sala de la CSJ anula condena contra expresidente del Banco Central de Reserva

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso punto final a un proceso judicial contra el expresidente del Banco Central de Reserva (Junio-Noviembre de 2019), Carlos Federico Paredes, y anuló una condena en su contra de ocho años de prisión por el delito de estafa.

Entre 2006 y 2008, Paredes firmó una promesa de venta de terrenos ubicados en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Luego de dos años de la última firma, las tres compradoras se dieron cuenta que los terrenos no eran de la sociedad representada por Paredes, denominada Lomas de Santa Elena S.A. de C.V., sino del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada de El Salvador (IPSFA). 

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó formalmente en abril de 2016 y cuatro años después, Paredes fue condenado. El 25 de noviembre de 2020, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla le impuso una condena de ocho años de prisión por estafa en perjuicio de las tres mujeres. El año siguiente, la decisión fue confirmada por un tribunal superior: el 18 de agosto de 2021, una Cámara de lo Penal ratificó la condena contra el exfuncionario.

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Pero en una resolución notificada recientemente, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema concluyó que ya había prescrito el delito que se le imputaba a Paredes, es decir, que había finalizado el tiempo que da la ley para que el exfuncionario fuera procesado. La Sala de lo Penal tiene la última palabra respecto a las decisiones que toman todos los tribunales del país.

La Cámara había dicho que no debía contar la prescripción desde 2008 porque "el engaño en el que mantuvo el imputado a las víctimas se prolongó en el tiempo y fue hasta 2010 que se les reveló la verdad", según documentos judiciales a los que El Diario de Hoy tuvo acceso, pero la Sala dijo que no: que la Cámara se equivocó y que debió ser desde el año en que se cometieron los hechos de los que se le acusaban

 "La Cámara se equivoca al concluir que el tiempo de la prescripción debió contabilizarse desde el 2010, cuando las víctimas conocen que los lotes dados en promesa de venta no eran de la sociedad, sino del IPSFA", reza la sentencia.

Según la investigación que hizo en su momento la Fiscalía, cuando las demandantes llegaron a la sociedad, él se presentó como dueño de los terrenos, pero los lotes no se les entregaron en los plazos establecidos y tampoco se les devolvió la totalidad del dinero que ellas dieron como prima. Fue hasta 2010 que supieron del engaño.

"El delito de estafa tiene un plazo máximo de ocho años de prisión y teniendo en cuenta que el tiempo para contabilizar la pena debió ser el 4 de febrero de 2008 y la acusación fue presentada hasta abril 2016, la acción penal ya había prescrito al momento de dicha acusación y así deberá ser decretada", concluyeron los magistrados de la Sala de lo Penal.

Por lo tanto, lo resuelto en los últimos cinco años por los demás tribunales quedó sin efecto. 

"Dados los efectos de la prescripción se deberá declarar sobreseimiento definitivo a favor del acusado Carlos Federico Paredes, de conformidad a lo regulado en el artículo 350 del Código Procesal Penal", reza la resolución de la Sala de lo Penal.

Este periódico intentó contactar a Paredes y envió mensajes a su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, pero este no respondió la pregunta sobre el caso enviada a su teléfono celular.

En 2020, cuando el expresidente del BCR fue condenado, su abogado dijo que en ningún momento hubo estafa, sino que las víctimas se sintieron engañadas porque el contrato de compraventa no se realizó, porque según él hubo varios problemas para todo el desarrollo habitacional del proyecto. El abogado dijo en aquel momento que llegaron a un acuerdo de devolverles la cantidad de dinero que habían entregado. 

Compensación a demandantes

Lo que sí confirmó la Sala de lo Penal es la condena en materia civil para que el expresidente del BCR resarza a las compradoras que lo denunciaron.

En el proceso judicial consta que las afectadas recibieron 25 mil dólares para conciliar. La Sala de lo Penal concluyó que esa cantidad quedará abonada a la responsabilidad civil, por lo que Paredes solo deberá completar un monto de compensación, que será calculado en juzgados de lo civil y mercantil.

"A fin de garantizar el derecho de las víctimas de ser indemnizadas por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se le reparen los daños ocasionados por el mismo o que se le restituya el objeto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 CPP, queda vigente el pronunciamiento realizado por el tribunal sentenciador respecto de la responsabilidad en contra del acusado",

Pese a ser condenado a finales de 2020, el exfuncionario nunca fue enviado a la cárcel, porque, según explicó en ese momento el jefe fiscal de la Unidad de Patrimonio de la oficina fiscal de Santa Tecla, fue procesado con medidas sustitutivas y el día de la vista pública (juicio) el juez decidió mantener las medidas pese a la resolución de condena. Y luego la defensa presentó los recursos de apelación a las instancias superiores, los cuales tuvieron un desenlace hasta marzo pasado en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Una renuncia previa

Paredes fue presidente del BCR entre junio y noviembre de 2019, en el primer gobierno de Nayib Bukele. Renunció poco antes de la audiencia preliminar del caso, a petición del presidente.

"Ni el señor Alvarado ni su servidor fuimos representantes legales. Nosotros teníamos un poder administrativo y judicial que nos permitía, entre otras cosas, hacer arrendamiento con promesa de venta. Y porque existe en arrendamiento con promesa de venta, unas firmas es que nos han involucrado, pero nosotros no deberíamos estar sentados en este juicio", dijo Paredes, en su defensa, durante una entrevista en el desaparecido Canal 33 el 27 de noviembre de 2019.

César Augusto Alvarado, quien fue viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Gobierno de Francisco Flores, también fue acusado por los mismos hechos junto a Paredes. Alvarado era director ejecutivo de la sociedad que ofreció los terrenos, pero la resolución de sobreseimiento de la Sala de lo Penal únicamente se refiere al expresidente del BCR.

"No ha habido estafa, lo que ha habido es un incumplimiento de contrato. Regresé 3 millones de dólares porque hubo un retraso involuntario. Estas personas van a hacer una conciliación cuatro años después de que me he retirado de la empresa", afirmó Paredes, quien dijo que él nunca tuvo que enfrentar el proceso porque nunca fue representante legal de la sociedad.