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Socorro Jurídico denuncia ante Fiscalía presunta desaparición forzada de sindicalista
Los representantes de la organización de derechos humanos denunciaron que el sindicalista tiene tres órdenes de libertad, pero que solo lo trasladan de un penal a otro.
Representantes del Socorro Jurídico Humanitario denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a varios funcionarios, incluyendo al presidente de la República por la presunta desaparición forzada del sindicalista Giovani Antonio Aguirre López.
Ingrid Escobar, directora de Socorro, explicó que un juzgado y una Cámara han emitido tres órdenes de libertad a favor del sindicalista, pero hasta ahora no ha sido liberado y desconocen si se encuentra con vida, debido a que cuando han logrado la “exhibición personal” a través de habeas corpus, las autoridades penitenciarias solo lo cambian de prisión.
Los denunciantes expresaron que sospechan que el traslado de un penal a otro, solamente es una simulación “en papel”. Lo último de lo que fueron informados es que Aguirre fue enviado hace un año al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
“Giovani Aguirre no es pandillero, es un estudiante de la Universidad de El Salvador, sindicalista, defensor de derechos humanos y no no tiene nada que estar haciendo en el Cecot”, declaró Escobar.
La denuncia por la desaparición de Aguirre fue presentada contra el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez; los diputados que han prorrogado el régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro Funes; el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza y los directores de los centros penales de Tecoluca, Izalco y Mariona.
Asimismo Jayme Magaña, abogada del Socorro, agregó que la denuncia incluye al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, por no cumplir con su rol de defensor de derechos humanos.
“Todos hemos sido testigos, él dice que no tiene información, que a él nadie le dice nada, y su cargo lo obliga a exigir información y dar directrices en materia de Derechos Humanos”, declaró Magaña.
En julio pasado, Guzmán Caballero confirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que hasta el 25 de junio de 2024 en los Centros Penales de El Salvador había un total de 107,997 personas recluidas.
Por otra parte, ante el señalamiento de múltiples denuncias de presuntos actos de tortura dentro de las prisiones salvadoreñas, el comisionado expresó en el mes de julio que esa es una “aseveración totalmente falsa”.
Magaña agregó que han realizado la denuncia ante las diferentes relatorías de Naciones Unidas. "Giovani es el rostro de miles de personas que no encontramos, de madres que andan de penal en penal, buscando a sus hijos, En la Procuraduría les dicen que están en un penal y en Centros Penales les dicen que no", dijo.