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Reforma a ley de ordenamiento territorial delimita extensión de permisos y dispensa de cobros
Comisión avaló una serie de reformas a la ley de creación de la DOT afirmando que de aplicarse logran reducir tiempos y costos para nuevas inversiones de construcción.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa avaló el dictamen para que se reforme la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción para reestructurar las competencias de las alcaldías en la emisión de permisos, exonerar de cobros y excluir excepciones de la ley.
Para el estudio de las solicitudes, la comisión contó con los aportes de Paola Barti Acosta, directora ejecutiva de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), quien afirmó que la construcción se ha consolidado como el motor de la economía salvadoreña.
“La DOT, a tres meses de funcionamiento, hemos liberado 300 millones (de dólares) en inversión”, aseguró Bari.
Actualmente, la ley establece que la autorización de los permisos de construcción para los proyectos cuya área de construcción sea menor a 250 metros cuadrados será competencia de los municipios donde se ubique el proyecto o de la asociación de los mismos, si existieran. Aún así, la DOT “será la única para autorizar los trámites individuales cuando sean necesarios para la autorización de permisos de construcción otorgados por otras instancias”.
Ahora, en cambio, se solicita que las municipalidades, asociaciones municipales u oficinas de planificación y gestión territorial respectivas otorguen la autorización de la calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, permiso de construcción y la recepción de obras para proyectos de construcción con una dimensión menor a 250 metros cuadrados.
Cobros por inspección y verificación
En el apartado de remuneraciones por trámites y servicios, será la DOT que exonere del cobro de inspección por trámite individual de factibilidad de instalación de sistemas de tratamiento individuales de aguas negras y grises con infiltración al suelo.
También que exonere por el cobro de la autorización de instalación y funcionamiento de sistemas de tratamiento individuales de aguas negras y grises con infiltración al suelo, cuando sea requerido para vivienda individual, siempre que el solicitante esté inscrito en la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, como beneficiario del subsidio de Gas Licuado de Petróleo.
El cambio avalado en el apartado sobre la máxima autoridad de la DOT es que en lugar del titular de la Secretaría de Comercio e Inversiones, se contará con el titular del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial o el delegado por dicho funcionario y su suplente; en lugar del Ministerio de Salud estará el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería o su delegado y su suplente.
Ahora mismo, la ley determina que la DOT cuenta un Comité Técnico, presidido por el gerente técnico e integrado por técnicos o especialistas necesarios de conformidad con la especialidad de los proyectos a analizar necesarios para la autorización de los trámites vinculados con los permisos de construcción en la DOT.
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A este comité, con la reforma, se le facultará a no pronunciarse cuando se resuelvan solicitudes de trámites individuales.
Adiciona exclusiones
Por otra parte, pasarán a formar parte de las exclusiones de la ley los proyectos u obras de construcción calificados como "de interés social" por el Ministerio de Vivienda, en lo relativo al otorgamiento de la calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y la recepción de obras, según lo establecido las Disposiciones Especiales del Ministerio de Vivienda.
La ley excluye a los proyectos de construcción y parcelación que tengan antecedentes de trámites en el ministerio de Vivienda o cualquiera de sus oficinas descentralizadas a nivel nacional, antes de la entrada en funcionamiento de la DOT, excepto aquellos que hayan sido solicitados por o en beneficio de una institución pública o de personas jurídicas en las cuales el Estado tenga participación.
Con el cambio, dichos proyectos continuarán su curso ante dichas autoridades, en lo concerniente a la calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y la recepción de obras, sin perjuicio de lo establecido en el Ministerio de Vivienda.
También con las reformas se excluyen del marco legal las obras de infraestructuras relativas a canteras y plantas nucleares y para la instalación y funcionamiento de infraestructura para almacenar, manejar, distribuir y comercializar productos del petróleo y gas natural.
En este apartado se incluyen los proyectos de construcción e instalación de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones, contemplados en las Disposiciones Especiales del Ministerio de Vivienda.
Asimismo, cuando se requiera únicamente la constancia por los sistemas de tratamiento individuales de aguas negras y grises con infiltración al suelo para los mismos efectos, los trámites se realizarán ante el Ministerio de Salud.
De aprobarse la reforma en el pleno, se suprimirán de los trámites de la Fase de Factibilidades la “Certificación de análisis y revisión de medidas de seguridad contra incendios en planos de proyectos de construcción”, para pedir, en su lugar, una “Valoración cultural a edificaciones”.
En este apartado, se incluyen la “Revisión Vial y Zonificación, cuando sea aplicable por tipo de proyectos” y “Demolición de infraestructura”.
Para los trámites de la fase de factibilidades se adiciona un artículo 38-A: “ Para los proyectos de construcción y lotificaciones nuevas cuya calificación de lugar ha sido denegada, el interesado podrá solicitar el cambio de uso de suelo. Cuando sea procedente el cambio de uso de suelo, el solicitante deberá pagar una compensación en efectivo correspondiente al 20% del valor comercial de la propiedad”.
Tala de flora
Además de las modificaciones en la emisión de permisos de construcción, las reformas incluyen la regulación de permisos para la tala de árboles y la preparación de terrenos para proyectos de construcción o lotificación, tanto en áreas urbanas como rurales. Se establece un sistema de tarifas para estos permisos, que varían según el tipo de árbol y la actividad.
Por ejemplo, el permiso para la tala de arbustos leñosos tendrá un costo de $50 por arbusto, mientras que la tala de árboles de madera blanda costará $60 por árbol. Para los árboles jóvenes de madera dura, el costo será de $70, y para los árboles de madera dura, $80 por árbol. Además, se cobrará $0.35 por metro cuadrado de terreno para la preparación de áreas de construcción o lotificación.
Bari aseguró que de aprobarse las reformas, la DOT garantizará “mayor atracción de capital nacional y extranjeros, reactivación de proyectos y generación de empleos”.
El presidente de la comisión, Salvador Chacón, dijo que la medida ya había sido estudiada incluso por el equipo técnico, por lo que emitieron reformas a la propuesta, pero únicamente en el estilo de la redacción.
“Con la reforma logramos reducción de tiempos y costos”, destacó.
El proyecto de decreto deberá pasar a aprobación del pleno legislativo.