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A prisión sujetos vinculados con la venta ilegal de nichos en el cementerio de San Miguel
La Fiscalía señaló que la red pedía entre $1,300 hasta $10,000 por un nicho cuando su precio real oscilaba entre los $180 y $236.
Un total de 36 personas fueron se mantendrán en prisión provisional ya que son señalados de conformar una estructura dedicada a revender o reciclar nichos a perpetuidad en el cementerio general de San Miguel, así lo determinó el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado "B".
A ellos se les acusó por los delitos de cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y extorsión.
De acuerdo con el reporte judicial, los espacios eran vendidos en montos que iban desde los $1,300 hasta los $10,000. Estos fueron ofertados entre el 2014 y el 2022.
La banda tenía diferentes métodos de operar; entre ellos en el que, presuntamente, el exadministrador de la oficina del cementerio y su colaborador operativo daban puestos a contratistas de obra de albañilería que trabajaban en el lugar y hacían nichos en lugares designados como pasajes.
Además, a los albañiles les habrían dado puestos a perpetuidad que ya tenían dueños, pero que no habían sido ocupados con el objetivo de revenderlos.
Por otra parte, las investigaciones fiscales revelan que también amenazaban a las víctimas con enterrar a sus familiares en fosas comunes sino les compraban las tumbas a los prestanombres haciéndoles creer que ya no había espacios.
Y también les pedían el DUI y firma a los lava tumbas y jardineros para que sirvieran como prestanombres con el objetivo que los títulos de las tumbas salieran con su nombre y no del verdadero dueño, y luego venderlos a precios altos.
De hecho, se reveló que los precios reales por tres nichos era de $180 y por seis $236.25, pero eran ofertados entre $1,300 y $10,000. Por cada venta, el exadministrador recibía entre $250 y $500.
La otra semana se realizará la audiencia a los otros implicados en el caso, quienes se encuentran en calidad de ausentes, entre ellos el exadministrador, quien reside en España y tiene orden de captura internacional.