MOVIR pide que no se prorrogue decreto que permite acusaciones masivas

El  Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) marchó este miércoles hacia la Asamblea Legislativa para pedir que no se prorrogue la medida transitoria que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) agrupar a los detenidos en el régimen de excepción por estructuras criminales y así efectuar juicios colectivos.

El decreto que rechaza el movimiento data de 2023 y faculta a la FGR para que lleve a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales.

Lo anterior puede efectuarse cuando “se considere” que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal, a efecto de determinar la sede judicial que conocerá de su proceso. Eso habilitó abrir procesos penales a varias personas por un mismo tipo de delitos, sin individualización de casos, lo que en su momento las organizaciones de derechos humanos calificaron como juicios sumarios.

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Sobre todo, MOVIR recordó que la medida faculta a la Fiscalía para contar con un plazo de hasta 24 meses y que en este tiempo hay personas que, sin que se les encuentren pruebas de relación con alguna estructura criminal, continúan detenidas.

El plazo del decreto vencería en agosto de 2025, por lo que el Movimiento se anticipa a pedir que no vaya a ser extendida la medida por más tiempo. Hasta la plenaria del pasado martes no hubo ninguna iniciativa del gobierno que pida la prórroga al decreto.

“Aquellos que por una llamada anónima, por llenar cuotas, sin ningún vínculo pandilleril, las víctimas inocentes o víctimas colaterales del mismo régimen, a ellos su detención provisional fue alargada más de lo establecido”, denunció Samuel Ramírez, integrante de MOVIR.

“Es de nuestra preocupación, como sociedad civil, organizaciones y familiares, que se amplíe dicho decreto, ya que para los pandilleros, miembros de las estructuras pandilleriles será fácil agruparlos; pero a las víctimas inocentes no. Es por ello que deseamos que estos dos años establecidos vía decreto, no se amplíe más y que dichas investigaciones se haya investigado tanto lo favorable como lo desfavorable”, indicó la abogada, Roxana Cardona, quien asiste a MOVIR.

Cardona recordó que desde que se aprobó la disposición en 2023 mostraron su rechazo por la misma y que presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero que a la fecha siguen sin obtener respuesta.

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A su vez, la disposición transitoria establece que conforme la solicitud del fiscal, el juez continuará con el conocimiento o remitirá la causa al tribunal correspondiente que tramitará el proceso en contra de los imputados, en razón de su supuesta pertenencia a una misma estructura criminal.

Asimismo, emplazará en el término de diez días hábiles, a la defensa técnica de los imputados, para que en el plazo de quince días hábiles se pronuncien sobre los elementos y diligencias que consideren necesarias sean incorporadas al proceso.

La medida especial señala que una vez agotado dicho plazo, se aplicarán las reglas dispuestas en la Ley contra el Crimen Organizado. Si finalizado el plazo, el fiscal no se pronuncia sobre la determinación de la agrupación ilícita a la que supuestamente pertenece el imputado, el juez debe dictar sobreseimiento definitivo.

La solicitud fue dirigida a la junta directiva de la Asamblea Legislativa y a las comisiones de Legislación y Gobierno y a la de Seguridad Nacional.