Médicos salvadoreños en el exilio tras exigir promesa gubernamental

“Los familiares del personal de salud fallecidos por Covid-19 hemos sido amenazados y perseguidos desde el 2020. Hicimos denuncias ante la PDDH. Pero ahí fuimos maltratados y nuestro caso fue engavetado. Muchos salimos del país debido a que nuestra vida corría peligro”, declaró uno de los profesionales de la salud que se encontraba en la mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales para obtener un fondo de indemnización, quien solicitó mantener en anonimato su nombre por temor a represalias contra su familia.

Cinco años después que la pandemia tomara por sorpresa al mundo, las familias de los médicos salvadoreños que perdieron la vida trabajando en la red hospitalaria bajo jornadas extenuantes y en aislamiento, también han perdido las esperanzas de que las promesas gubernamentales para entregarles una indemnización se cumplan. 

En septiembre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica”, con este recurso se buscaba entregar hasta $30 mil a las familias afectadas. 

Para enero de 2021, el Ministerio de Salud (Minsal), señaló que al menos 215 profesionales de la salud habían perdido la vida por complicaciones relacionadas al Covid-19, según declaraciones brindadas por el titular de dicha cartera de Estado.

Francisco Alabi, ministro de Salud, declaró frente a una comisión especial de la Asamblea que investigaba las acciones que el Ejecutivo tomó durante la crisis por la pandemia, el 5 de enero de 2021, que de los 215 profesionales de la salud solo 45 eran médicos.

Pero el funcionario también señaló que “varios de los (médicos) fallecidos perdieron la vida en la red privada de salud que no tiene ninguna relación con el Ministerio de Salud”, por lo que no serían incluidos en la indemnización aprobada. 

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Sin embargo, la cifra de médicos fallecidos por Covid-19 que Salud brindó no cuadra con los registros proporcionados por el Colegio Médico de El Salvador (Colmedes), que hasta noviembre de 2020 contabilizó 48 muertes. 

Dos años después de la pandemia, el tema volvió a salir a la luz y el ministro de Salud, fue cuestionado durante una nueva visita a la comisión de Salud en la Asamblea por la lentitud del proceso para entregar una indemnización a las familias. 

Alabi detalló que aún estaban trabajando en la logística para corroborar la información presentada, pero que no se tenía indicado de donde debían asignarse los fondos.

La persona miembro de la mesa de profesionales y familiares de médicos fallecidos por Covid explicó que el abogado que estaba manejando el caso “se dedicó a mentirnos en cuanto se nos daría la compensación económica. Nos llamaron al ministerio para reunir las partidas de defunción de nuestros familiares”, argumentando que estos documentos fueron entregados “y luego los perdieron dos veces, todo para decirnos que no tenían dinero y no nos dieron nada de nada”, señaló.

En 2022, Alabi declaró que “se ha venido cumpliendo todo aquello que ha estado planificado para poder compensar a las familias que se han visto afectadas en el tema de Covid-19 dentro de lo que se presupuestó”, durante su intervención en la Asamblea también hizo alusión que ese decreto (indemnización), había sido aprobado por la anterior legislatura (en 2020), pero que había sido vetada por el presidente, Nayib Bukele.

Aunque el primer proyecto presentado para beneficiar a las familias sí fue vetado, posterior a esto, las autoridades gubernamentales presentaron una nueva versión de la normativa donde se fijaban $30 mil como compensación a las familias. 

Tras empezar a exigir el cumplimiento de las promesas gubernamentales los encargados de la mesa de diálogo señalaron que vivieron situaciones de “persecución” obligando a “muchos a salir del país debido a que nuestra vida corría peligro. Mientras que el grupo que se quedó solo podía guardar silencio”, comentó. 

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Demanda contra el Minsal

Uno de los últimos intentos por hacer efectiva la indemnización los familiares de los médicos fallecidos, que sí cumplian los requisitos que las autoridades habían establecido para hacer efectiva la indemnización, Cristosal interpuso 17 demandas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en contra el Ministerio de Salud, exigiendo se hiciera efectivo el pago de compensación económica a familiares médicos que fallecieron entre el 14 de marzo y el 23 de julio de 2020, exclusivamente por Covid-19.

La Ley transitoria tenía un plazo de 15 días hábiles desde su entrada en vigor.

“Pedimos una plaza conmemorativa en honor a nuestras familias, atención psicológica o becas para nuestros hijos, pero no hicieron nada”, declaró la fuente radicada en el extranjero.

Ante la negativa de las autoridades “nuestros abogados de Cristosal incluida ahí Ruth López, puso demanda en los juzgados y hasta este día no nos dicen nada. Quizás por miedo a que los metan presos”, agregó. 

Previamente El Diario de Hoy consultó con el Colegio Médico y el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), quienes confirmaron que hasta la fecha no se ha cumplido el compromiso con ninguno de los afectados. 

“Nosotros hemos sido abandonados por el Estado a nuestra suerte, algunos están enfermos, endeudados, sin trabajo y pidiéndole a Dios que pronto podamos ser atendidos por un gobierno más humano y que respete nuestros derechos”, agregó la persona miembro de la mesa de profesionales y familiares de médicos fallecidos por Covid. 

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) condenó la “falta de respuesta del MINSAL ante las justas demandas de los familiares del personal de salud que ofrendaron su vida en la atención a la pandemia” en El Salvador.

ALAMAES sostiene que en la actualidad el principal problema para cumplir con la indemnización radica en la “falta de voluntad política por reconocer dicho aporte del personal de salud, es evidente, pues ni la plaza ecológica conmemorativa, ni la beca para los hijos e hijas, ni la indemnización que corresponde por Ley han respondido”, recalcando el silencio institucional que se ha mantenido sobre este tema en los últimos años. 

Según ALAMAES, el último argumento presentado por el MINSAL era que el pago de las indemnizaciones dependía del Ministerio de Hacienda.

En diciembre de 2024, una publicación de La Prensa Gráfica reveló que el Ministerio de Hacienda informó al Juzgado a través de un memorándum emitido por la unidad financiera legal de la institución que las fuentes que debían financiar el fondo de indemnización no habían tenido ingresos para cumplir con la obligación.

El documento señala que el decreto legislativo 723, fondo de compensación económica para el personal de salud, iba a ser administrado por el Minsal, pero sus fondos serían provenientes de:

1- Aportes extraordinarios que por cualquier concepto aporte el Estado.

2- Herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras en favor del Estado, y susceptibles de ser utilizados para tal fin.

3- Donaciones de organismos internacionales.

4- Fuentes de financiamiento de préstamos gestionados en el contexto de la pandemia ocasionada por Covid-19.

El documento obtenido por el medio de comunicación señala que “tales fuentes no reportaron fondos existentes desde el año 2020 hasta la fecha”.

Solicitud de información

Previo a la publicación de este contenido se buscó establecer comunicación con el Ministerio de Salud para conocer los avances en cuanto al pago de las indemnizaciones a los familiares de médicos que perdieron la vida por Covid-19 mientras trabajaban en el sector público durante la pandemia en 2020, consultando:

¿Cuál es el estado actual del proceso de indemnización a los familiares del personal médico fallecido por Covid-19, considerando que la Ley Especial Transitoria fue aprobada en 2020 y aún no se reporta el cumplimiento de los pagos?

¿Qué medidas se han implementado para proteger los derechos de los familiares que formaron parte de la mesa de diálogo y que han denunciado persecución, amenazas y falta de respuesta institucional tras exigir el cumplimiento del compromiso gubernamental?

También se buscó establecer comunicación con el Ministerio de Hacienda para conocer su postura y las medidas aplicadas en dicha situación:

¿Qué acciones ha emprendido el Ministerio de Hacienda para garantizar la asignación y disponibilidad de fondos destinados al pago de indemnizaciones a los familiares del personal médico fallecido durante la pandemia por Covid-19, según lo establecido en el Decreto Legislativo n.º 723?

¿Existe una proyección presupuestaria actual o futura que contemple la asignación de recursos específicos para cumplir con el compromiso de indemnización a las familias del personal de salud fallecido por Covid-19, y si es así, en qué etapa se encuentra dicho proceso?

Sin embargo, no se ha obtenido respuesta por parte de las autoridades para conocer los avances o detractores del caso.

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