CONTENIDO DE ARCHIVO:
Sidney Blanco: Violencia de maras ha sido sustituida por la del Estado salvadoreño
Señala que esto es producto no sólo del régimen de excepción, sino también del control que ejerce el gobierno sobre los jueces
"Los ciudadanos están atemorizados de que en cualquier momento sean detenidos; están atemorizados de que en cualquier momento te intervienen los teléfonos, te quiten los bienes, o que te obliguen a salir del país, que tengas que salir huyendo con tu familia".
Así describe el exmagistrado constitucionalista salvadoreño Sidney Blanco la realidad de El Salvador en una entrevista con el periódico La Nación, de Costa Rica, país que el presidente Bukele visitó recientemente y donde expuso a El Salvador como "seguro y democrático".
"Ahora lo que estamos viendo es que la violencia que monopolizaban las estructuras criminales ha sido sustituida por la violencia estatal", enfatizó
El gobierno salvadoreño ha instaurado un estado de excepción mediante el cual ha congelado derechos y libertades constitucionales, entre ellas el debido proceso judicial, para perseguir las pandillas sin mayor obstáculo. Sin embargo, ha tenido que reconocer que al menos ocho mil salvadoreños inocentes han sido apresados y mantenidos en la cárcel hasta por varios meses. Organizaciones humanitarias han denunciado que al menos 250 de ellos han muerto bajo custodia del Estado.
Blanco señaló que el gobierno, que se ufana de la seguridad y de encarcelar a 85 mil personas a las que liga con las pandillas, no soluciona las causas de ese fenómeno. "Rescatar territorios por parte del Estado no es inundar de policía las comunidades", subraya.
A su juicio, "no se están atacando las reales del problema. No es controlar militar o policialmente los territorios. La recuperación de los territorios de las manos de las estructuras criminales significa llevar a esos territorios salud, educación, empleo, esparcimiento y seguridad".
El régimen de excepción y la militarización de los barrios y colonias ha llevado más bien toda clase de abusos, entre ellos violaciones o acoso y chantajes a mujeres, detenciones ilegales y amenazas a ciudadanos. "Ahora lo que estamos viendo es que la violencia que monopolizaban las estructuras criminales ha sido sustituida por la violencia estatal", señala.
A su juicio, "no se están atacando las reales del problema. No es controlar militar o policialmente los territorios. La recuperación de los territorios de las manos de las estructuras criminales significa llevar a esos territorios salud, educación, empleo, esparcimiento y seguridad".
Blanco es uno de los jueces de carrera que fueron forzados a cesar en sus cargos después que el gobierno depuso a la Sala de lo Constitucional legítima y nombró a personas afines en su lugar y estos a su vez obligaron a la renuncia de un tercio de la judicatura en 2021.
El exmagistrado explicó que la remoción de los poderes judiciales es un método de muchos políticos y gobernantes en Latinoamérica para acabar con la división de poderes y los controles judiciales.
Blanco calificó como "brutal" la forma en que se produjo en El Salvador, el 1 de mayo de 2021, "la remoción inmediata, sin debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, para imponer a unos abogados cuyo nombramiento no fue a través del debido proceso".
De esa forma se "desmanteló" la independencia judicial por la que tanto se había luchado por décadas y se impuso a funcionarios leales al régimen que abren la puerta para que el presidente pudiera reelegirse, "en una especie de de pago de favores por el nombramiento", explica.
Todo esto se hace "violando la Constitución, violando estándares internacionales, violando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)", recordó.
"Todo aquello que construimos, fortaleciendo la independencia judicial, se vino abajo", subraya.
"Esta es la cosecha del desmantelamiento del Poder Judicial, la cooptación, los frutos de la cooptación, porque ya no hay una instancia capaz de controlar, de manera independiente, lo que hacen los legisladores o el Poder Ejecutivo".
En este punto advierte que los jueces que se vuelven apéndices del poder político se vuelven cómplices de las violaciones que éste cometa.