Gobierno asigna $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado

La Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de $12 millones para el inicio de operaciones de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE). La medida se aprobó de forma exprés, es decir, sin estudio y con dispensa de trámites este miércoles.

El monto se contempla para los meses de abril a diciembre de 2025 y la solicitud del Ministerio de Hacienda detalló que los recursos forman parte del Fondo General de la Nación.

En noviembre de 2024 se aprobó la Ley de Ciberseguridad y seguridad de la información, así como la Ley de Protección de Datos Personales. La primera, con la creación de la Agencia de Seguridad del Estado (ACE), estructurará, regulará y fiscalizará las medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de las instituciones públicas.

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Es decir, la ACE como parte del inicio de sus labores elaborará la política de ciberseguridad y seguridad de la información de la nación, la cual deberá someterla a aprobación del presidente de la República.

La ACE deberá también emitir las normativas, protocolos, lineamientos, estándares y criterios técnicos, tanto generales como específicas, basadas en las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de ciberseguridad y seguridad de la información para el Estado.

Rangos salariales

La estructura presupuestaria se añadió dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Se incluyó un total de 90 plazas bajo la modalidad de contrato, la mayoría de estas con rangos salariales por arriba de los $2,500.

De $751 a los $800.99 habrá cinco plazas; de los $801 a los $1,300.99, cinco plazas; desde los $1,301 a los 1,800.99 habrán 14 colaboradores.

De los 1,801 dólares de salario hasta los 2,500.99 dólares habrán 44 empleados y desde los $2,501 en adelante habrán 22.

Para el rubro de adquisiciones de bienes y servicios se asignaron $600,000 y $9 millones para inversiones en activos fijos.

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La medida obtuvo dos votos en contra y 57 a favor de Nuevas Ideas y sus aliados.

Ciberataques

En 2024 un grupos de hackers se filtró documentos y datos de instituciones públicas, por ejemplo, la planilla de la fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, archivos de la Corte Suprema de Justicia, así como el acta de constitución de la Constructora El Salvador, empresa privada que dirigen personas de confianza del gobierno y que recibió capital y bienes públicos para su operación.

También, hubo una filtración de la supuesta base de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con el nombre, domicilio, contacto y salario de los cotizantes. Esta data reflejó salarios distintos a los que podrían estar ganando algunos funcionarios de Nayib Bukele.