Fiscalía sin estadísticas sobre estafas digitales, pese al auge de casos

El siguiente mensaje llegó de forma masiva en los últimos tres meses a personas salvadoreñas: "Correos de El Salvador: su paquete ha llegado al almacén, pero no se puede entregar debido a una dirección incompleta. Para evitar la devolución y cargos adicionales, confirme su dirección dentro de las próximas 12 horas a través del siguiente enlace: …"

Marcela Trejo, economista y creadora de contenido, recibió ese mensaje el pasado 8 de mayo. Ella estaba a la espera de recibir un paquete de la tienda virtual Temu, por lo que el contenido le pareció genuino. Una vez que ingresó al enlace, le pidieron que pagara $0.27 centavos para recibir su paquete, y ella digitó los datos de su tarjeta de crédito para hacer el pago. Segundos después, recibió un mensaje de su banco notificándole que se había realizado un pago con su tarjeta por $821.43 en un hotel ubicado en Austria. El fraude estaba consumado.

Al día siguiente, Marcela acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer la denuncia por el delito de hurto por medios informáticos, pero a la fecha su caso no ha avanzado y ella lo único que pide es recuperar su dinero.

"Fui revictimizada por todas las instituciones, me revictimizaron por la estafa. Todas se han lavado las manos, a excepción de la Fiscalía, de la cual aún espero respuesta", cuenta Trejo.

El mismo 9 de mayo, Marcela acudió a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que lo que hizo fue echarle la culpa a ella de haber sido estafada.

"Todavía no me han dicho nada del banco. De la Superintendencia me dijeron que la denuncia no procedía porque yo había dado voluntariamente todos mis datos, lo cual es parcialmente cierto porque los puse creyendo que estaba en una plataforma fidedigna", relata Trejo.

Su caso es uno de los que ya fueron reportados en la Fiscalía General, la institución que investiga estos delitos, y pese a esto, la FGR declaró inexistente los datos estadísticos de tres tipos de delitos informáticos: estafa informática, fraude informático y hurto por medios informáticos.

"La Unidad de Administración Documental y Estadística ha comunicado que, respecto del requerimiento de información, ha realizado una búsqueda de acuerdo a las especificaciones requeridas; sin embargo, no cuenta con documentos estadísticos generados en los que conste lo solicitado", respondió la institución a una solicitud de información pública.

Laura Hernández, abogada experta en derechos digitales, señala que es preocupante la ausencia de datos sobre este tipo de estafas, porque si El Salvador se está ofreciendo ante el mundo como un hub tecnológico, la seguridad informática debería ir a la par.

"Tener datos estadísticos nos puede permitir adoptar medidas de prevención y medidas reactivas. Mi preocupación también es que para construir un entorno digital seguro, que sea atractivo para un inversionista, que dé confianza con respecto a cómo funcionan las tecnologías , cuáles son los riesgos asociados, para todo eso es necesario conocer ese tipo de datos", dice.

Hernández también apunta que con la ausencia de estadísticas tampoco es posible establecer patrones, para determinar cómo se están utilizando algunas tecnologías, dispositivos o internet para cometer delitos.

"Tener estadísticas pudiera ayudar también a fortalecer la investigación, para saber si las instituciones están funcionando, para saber si las medidas que se están adoptando, ya sea políticas públicas, regulaciones, medidas de investigación, son lo suficientemente fuertes y si son suficientes", opina la especialista.

La única información estadística disponible está en la memoria de labores de la Fiscalía de 2024-2025, donde se observa que los delitos de mayor impacto el año pasado fueron: hurto y robo, violaciones y delitos relativos a las drogas, pero no aparece en esa lista algún tipo de delito informático.

Lo curioso es que aunque la Fiscalía respondió que no existen estadísticas sobre delitos informáticos, recientemente reportó la captura de personas que supuestamente se dedicaban a este tipo de delitos.

"Creería que la institución está suficientemente preparada para investigar estos delitos, por lo cual me parece confuso, no logro entender por qué no se están arrojando estas estadísticas. Es realmente preocupante sobre todo porque el país le está apostando a las tecnologías", agregó la experta en derechos digitales.

La Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, que contempla estos delitos, fue reformada en junio pasado para castigar con cárcel a quien haga mal uso de datos de terceros. En el artículo 11 se incluyó un inciso para que quien use las tecnologías para insertar instrucciones fraudulentas que resulten en un provecho para sí o para un tercero será sancionado hasta con 10 años de prisión.

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Otra forma de engañar

"VMT El Salvador: Usted tiene una multa de tránsito pendiente (monto: $50.00 USD).Si realiza el pago dentro de 2 días hábiles, recibirá un descuento del 50%, pagando solo $25.Por favor, pague de inmediato para evitar la suspensión de su licencia de conducir. Por favor, inicie sesión para revisar y pagar". Ese es otro de los mensajes que recibieron cientos de personas a inicios de julio pasado, y es otro de los mecanismos que han estado empleando ciberdelincuentes para estafar.

Ese mensaje también iba acompañado de un link donde las personas debían pagar la supuesta multa, pero en realidad se trataba de un vínculo para robo de información y estafa digital.

La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) emitió un comunicado el pasado 23 de junio advirtiendo a la ciudadanía para que evitaran ser víctimas de este tipo de fraudes, y emitió una serie de recomendaciones para prevenir caer en la trampa de los ciberdelincuentes.

"ABANSA invita a la población a protegerse de intentos de fraude. En casos sea necesario, se recomienda reportar de inmediato al banco mediante los canales oficiales y denunciar ante la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil", publicaron.

La Policía, sin embargo, es otra institución gubernamental que oculta estadísticas sobre delitos que afectan al patrimonio de la ciudadanía.

El Ejecutivo ha iniciado una agresiva campaña en redes sociales y en televisión nacional para prevenir nuevos casos y habilitó un centro de atención y verificación de estafas, con el número 2999-9999.