Familias de reos asumen costos que corresponden al Estado con entrega de paquetes en los penales, señala Gabriela Santos del Idhuca

“Se ha empezado a normalizar una situación que a todas luces debería ser anormal, que es el tema de los paquetes. Es decir, recae en las familias empobrecidas una obligación del Estado”, declaró esta mañana Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en entrevista radial en la YSUCA.

De acuerdo con Santos, esta situación refleja un cambio en las responsabilidades vinculadas a la atención de las personas detenidas, donde los familiares de los detenidos proveen alimentos, artículos de higiene y recursos económicos.

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Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, han surgido desafíos para las personas detenidas y sus familias. Muchas familias se han visto obligadas a priorizar el apoyo a sus parientes detenidos por encima de sus necesidades básicas. Según Santos, “muchas personas dejan de ingerir alimentos y de pensar en su propio bienestar por poder llevar dinero a la persona detenida”.

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— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) January 6, 2025

Aunque el régimen permite la suspensión de ciertos derechos, estándares internacionales indican que derechos fundamentales como la vida y la integridad personal deben ser protegidos. Gabriela Santos explica que en este contexto también se reporta falta de información oficial para las familias de los detenidos sobre su situación y condiciones.

La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la prórroga número 34 del régimen de excepción, una medida que mantiene suspendidas ciertas garantías constitucionales. La prórroga fue aprobada de manera rápida y sin debate en la última plenaria. Con esta nueva prórroga, se acerca el tercer aniversario de una medida que ha transformado la gestión de la seguridad en El Salvador.

El régimen ha sido asociado a una reducción en los índices de violencia, según información oficial. Sin embargo, también ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos debido al impacto en la población vulnerable y a las denuncias de violaciones a derechos humanos. El IDHUCA señala que el régimen ha tenido efectos significativos en las condiciones de las personas detenidas y en la vida de sus familiares.