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Exministro de Defensa admitió dos delitos y hará trabajo público en lugar de ir a prisión

Luego de más de siete años de proceso judicial, el exfuncionario admitió dos delitos por los que recibió por cada uno penas que no superaban los tres años de prisión.

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Por Alexander Pineda
Publicado el 10 de julio de 2025


Una condena de tres años de prisión que podrá ser reemplazada por trabajo de utilidad pública recibió en un juicio abreviado el exministro de la Defensa Nacional, Atilio Benítez Parada.

Benítez, quien fue ministro de Defensa en la administración presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), era procesado inicialmente por cargos de comercio y depósito ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios, estafa agravada y peculado, pero la Fiscalía pidió al juez sobreseer por las acusaciones de estafa y peculado.

El exfuncionario, como parte del juicio abreviado, admitió ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que se valió de su cargo para matricular 21 armas de fuego bajo un decreto legislativo transitorio del año 2009 que solo tendría una vigencia de 45 días y que permitiría regularizar armas de fuego, pero que las matrículas las hizo fuera del tiempo vigencia del decreto.

Además, reconoció que nueve de esas armas las vendió a amigos y conocidos y que cuatro de ellas fueron entregadas para “exhibición” al Ministerio de la Defensa Nacional.

Así, el Tribunal dictó sentencia solo por acusaciones de actos arbitrarios y comercio ilegal de armas de fuego, pues la Fiscalía no podía sustentar las acusaciones por estafa y peculado.

Benítez fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel, y por comercio ilegal de armas a un año con ocho meses, que suman tres años, lo cuales son excarcelables y pueden ser sustituidos por trabajo público, según la ley salvadoreña.

En junio de 2023, una Cámara determinó que Atilio Benítez y su esposa se enriquecieron de forma ilícita al no poder sustentar un incremento patrimonial de más de $121,000 cuando él fue parte del gabinete de gobierno de Funes. El fallo ordenaba que restituyera dicha cifra al Estado salvadoreño y lo inhabilitaba de ocupar cargos públicos por unha década.

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