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Exagente de la DECO condenado por exigirle $10,000 a víctima para no arrestarla

El imputado era miembro de un cuerpo de investigación especializado de la PNC. Amenazó a víctima con un arresto mediante régimen de excepción.

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Por Alexander Pineda
Publicado el 01 de julio de 2025


Una pena de seis años de prisión impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla a un exagente de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) tras demostrarse que exigió dinero a una persona para no capturarla.

José Wilfredo Caishpal Aguirre fue capturado la mañana del 2 de agosto de 2023 en las proximidades de un centro comercial ubicado sobre la carretera al Puerto de La Libertad.

La detención del entonces miembro de una división policial encargada de complejas investigaciones, se realizó durante una entrega controlada, cuando el agente recibía un paquete simulado con 40 dólares en su interior.

La Fiscalía acusó a Caishpal de exigir a la víctima el pago de $10,000 para que no la arrestara a ella y a su familia, bajo las disposiciones del régimen de excepción. Las exigencias comenzaron desde junio de 2023.

El régimen de excepción cabe recordar, faculta a autoridades a realizar detenciones sin una orden fiscal o judicial bastando la sospecha de agentes captores para realizarlas. En días recientes, un informe de la organización Human Right Watch, comprobó que agentes de la PNC fueron presionados para cumplir con cuotas de detenciones diarias y reconocieron arbitrariedades en detenciones.

Inicialmente, la Fiscalía General de la República acusó al policía de extorsión agravada y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego.

José Wilfredo Caishpal Aguirre integraba parte de la DECO, una instancia policial especializada en investigaciones complejas. Foto: Centros Judiciales El Salvador

El tribunal tecleño, sin embargo, decidió absolver a Caishpal del delito por la tenencia de arma y cambió el de extorsión agravada a concusión que, de acuerdo con el Código Penal, es cuando “funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare a otro a dar o prometer a él o a un tercero, dinero u otra utilidad lucrativa”.

La pena máxima para el delito de concusión es de seis años según el Código Penal, pero para extorsión agravada puede ir desde los 10, 15 y hasta 25 años con agravantes.

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