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Salvadoreño extraditado a Guatemala acusado de pertenecer a banda criminal
El nombre del extraditado aparece en documentos fraudulentos con lo cual despojaron de una finca a una jueza, quien fue asesinada, supuestamente, por la banda criminal, calificada en Guatemala como “sangrienta”.
El salvadoreño extraditado este sábado a Guatemala está acusado de múltiples delitos y señalado de pertenecer a una banda criminal que despojó de sus bienes inmuebles, de manera fraudulenta, a varias víctimas, entre éstas una jueza de ese país que fue asesinada, supuestamente por esa misma red criminal.
La banda fue denominada como “Topacio” y varios de sus miembros, entre estos abogados y notarios, fueron capturados en 2013, de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala.
La Fiscalía General de la República informó ayer que Mario Ernesto Avelar Ramírez, también conocido también, según las investigaciones de autoridades guatemaltecas, como Mario Alberto Aldana Orellana, es acusado de los delitos de caso especial de estafa, asociación ilícita, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y usurpación de identidad.
Contra Avelar Ramírez existía una orden de captura, girada por autoridades guatemaltecas, desde el año 2013, sin embargo, fue hasta 11 años después que las autoridades salvadoreñas lo capturaron y extraditaron a Guatemala.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Avelar Ramírez pasó residiendo tranquilamente en la colonia Panamá, al sur del municipio y departamento de San Salvador.
Reportes periodísticos de Guatemala indican, citando investigaciones del Ministerio Público de ese país, que Avelar Ramírez fue aparecía en documentos registrales, como comprador de un inmueble que le fue despojado fraudulentamente, por medio de escrituras falsas, a Flor de María Gil Ovalle, jueza de un Juzgado Trabajo y Previsión Social.
Cuando Gil Ovalle se enteró de que había sido despojada de su inmueble, que había comprado en 2004, la banda la interceptó y la acribilló a balazos dentro del vehículo de la funcionaria judicial.
De acuerdo con una nota periodística del periódico La Hora, de Guatemala, fue la investigación del crimen contra Gil Ovalle la que también permitió a las autoridades descubrir que los asesinos pertenecían a una banda que despojada de bienes raíces a personas a través de escrituras falsas, en la cual estaban involucrados varios abogados y notarios, así como empleados de instituciones públicas.
Posteriormente, luego de asesinar a la jueza, el hijo de ella también fue acribillado, supuestamente por miembros de la misma banda crimina, denominada Topacio.
A pesar de la gravedad de las acusaciones contra supuestos miembros de esa banda criminal, en 2023, un tribunal especializado (Tribunal de Mayor Riesgo, como son llamados en Guatemala) otorgó libertad bajo fianza a dos implicados que permanecían prófugos y que fueron capturados por la Interpol, uno de ellos en Panamá.