El Salvador con espacio cívico "obstruido", según índice de monitoreo global

El Salvador fue incluido en la nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor, actualizada el 30 de julio de 2025, debido a las serias preocupaciones con respecto al ejercicio de las libertades cívicas, así como en otros países como Indonesia, Kenia, Serbia, Turquía y los Estados Unidos. La clasificación del país es de "Obstruido" en el ejercicio del espacio cívico.

CIVICUS es una alianza global de la sociedad civil, con una red de organizaciones a nivel local, nacional, regional e internacional, y abarca todo el espectro de la sociedad civil.

El espacio cívico se define como el respeto, en la ley y en la práctica, a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.

El Salvador ha intensificado la represión contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC). El país ha permanecido en régimen de excepción durante más de tres años, renovado 40 veces desde marzo de 2022.

Esta es la tercera vez que El Salvador se incorpora a la Lista de Vigilancia bajo el gobierno de Nayib Bukele, tras su inclusión en marzo de 2022 y julio de 2024. Lo que para la organización "subraya la persistente preocupación por el ataque a las libertades cívicas y la erosión de las instituciones democráticas", lo que ilustra el control cada vez más autoritario de Bukele sobre el poder.

“La reincorporación de El Salvador a la Lista de Vigilancia refleja una represión autoritaria sostenida", señaló Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor.

"Las acciones del gobierno están socavando sistemáticamente las libertades cívicas", concluye.

Con base en su análisis constante de múltiples flujos de datos sobre el espacio cívico, a cada país se le asigna una calificación de la siguiente manera:

• Abierto
• Estrecho
• Obstruido
• Reprimido
• Cerrado

En el caso de la clasificación de Obstruido, que es la que tiene El Salvador, define que si bien el Estado permite a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, también se producen violaciones de estos derechos. "Las personas pueden formar asociaciones para promover una amplia gama de intereses, pero el pleno disfrute de este derecho se ve obstaculizado por el acoso, la detención o la agresión ocasionales de personas consideradas críticas con quienes ostentan el poder", dice Monitor.

En 2025 tuvieron lugar casos de criminalización aa defensores de derechos humanos. Cita como ejemplo que el 18 de mayo, las autoridades detuvieron arbitrariamente a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, peculado, presuntamente en relación con su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral.

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También, el 6 de junio, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, conocido por criticar los abusos del gobierno, fue detenido por presuntos cargos de lavado de dinero. Ambos permanecen detenidos.

Destaca la represión a protestas sociales, como cuando familias de la comunidad de El Bosque organizaron una vigilia pacífica para reivindicar su derecho a una vivienda adecuada ante un desalojo. El 12 de mayo, durante la vigilia celebrada frente a la residencia presidencial, agentes de policía detuvieron al pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez.

Al día siguiente, las autoridades también detuvieron al defensor ambiental Alejandro Henríquez, representante legal de la cooperativa El Bosque, en relación con la misma manifestación. Según informes, ambos han sido acusados de desorden público y obstrucción a la justicia y permanecen detenidos. Posteriormente, agentes del orden público realizaron actos de intimidación, incluyendo vigilancia, contra varios participantes de la vigilia y miembros de la cooperativa.

En respuesta a esta exigencia a iniciativa de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, dirigida contra organizaciones y personas que reciben financiación internacional. La ley entró en vigor el 7 de junio de 2025 e impone un impuesto del 30 % a la financiación extranjera, con pocas excepciones y a discreción del director del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), con amplias facultades para supervisar, aprobar o denegar las actividades de la sociedad civil.

El incumplimiento de la Ley de Agentes Extranjeros puede conllevar sanciones severas, como multas de $100,000 a $250,000, la suspensión o cancelación de la personalidad jurídica o la autorización de funcionamiento de las entidades, y procedimientos administrativos o penales.

Esta situación, además del acoso legal y administrativo y espionaje, Cristosal decidió suspender sus operaciones en El Salvador y continuar trabajando desde el exilio.

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Otro aspecto señalado es el aumento de agresiones y acoso a periodistas. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) 47 comunicadores han tenido que dejar el país ante la posibilidad de ser criminalizados. Periodistas del periódico digital El Faro denunciaron planes de capturas contra el equipo que participó en las entrevistas a líderes de pandillas que revelaron el pacto que tuvieron con Bukele para las elecciones de 2015 y 2021.

“Esto no es simplemente un ataque a los medios de comunicación, sino parte de una estrategia más amplia de las autoridades para reprimir la disidencia y eliminar cualquier control a su poder. El Gobierno de El Salvador debe cumplir de inmediato con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el espacio cívico. La Ley de Agentes Extranjeros debe ser derogada y todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas sin demora”, sostuvo Briseño.

CIVICUS incluye en su definición de sociedad civil: redes y organizaciones de la sociedad civil; sindicatos; redes religiosas; asociaciones profesionales; organizaciones no gubernamentales de desarrollo de capacidades; fundaciones filantrópicas y otros organismos de financiación.