Viven al borde del colapso: familias luchan por sobrevivir en edificios con bandera roja

En la parte final de la Residencial Modelo, en el barrio San Jacinto del distrito de San Salvador, el entorno luce descuidado y con signos evidentes de deterioro. Dos edificios de cinco niveles siguen en pie a pesar de los daños estructurales causados por los terremotos de 1986 y 2001. Sus fachadas y escaleras de acceso presentan grietas profundas, muros y columnas debilitadas, mientras que partes del concreto han cedido, dejando a la vista las varillas oxidadas de la estructura original.

Un listado del año 2001 de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) dio a conocer los edificios dañados estructuralmente en el AMSS por los terremotos de ese mismo año y 1986. Los edificios 4 y 5 de los condominios de la Residencial Modelo fueron declarados inhabitables y con la categoría de bandera roja por el alto grado de daño que poseen hasta el día de hoy.

Ladridos de perros, risas y gritos de niños jugando es lo primero que se escucha en estos apartamentos que a nivel estructural han sido dañados. Las escaleras están gravemente deterioradas hasta tal punto de estar prácticamente en el aire algunas. Muchas de los espacios para ventanas no tienen los tradicionales vidrios, están cubiertos de láminas.

Son alrededor de 30 apartamentos entre ambas edificaciones, casi todos están habitados. Hector Villalobos vive con su esposa, hijo, nuera, y dos nietos en el apartamento más alto del edificio cinco. Ahí llegaron en el 2012, cuando los pandilleros tenían controlado el lugar. El apartamento no tenía techo, como si un huracán lo hubiese arrancado. Las paredes estaban deterioradas y la naturaleza empezaba a brotar de sus esquinas.

Cuando llegaron hace trece años, Hector y su esposa terminaron de criar a sus tres hijos. Ahora la familia creció, pues tiene cuatro nietos, pero sus hijos siempre viven en los mismos edificios.

"Papá Hector, comprame algo", "Papá Hector, mirá este juguete", "Papá Hector, no me atrapas" es lo que más escucha Villalobos cuando se encarga de cuidar a sus cuatro nietos en algunos momentos del día, en lo que espera la hora para irse a su trabajo como mecánico.

"A veces quisiera conseguir un terrenito, no estar a esa altura y que a uno le pase algo" manifiesta Hector, pero asegura ser consciente de los altos precios de los terrenos tanto dentro como fuera de San Salvador. Algo que está fuera de sus capacidades económicas.

Su esposa, Maria Viviana Lemus, es quien cuida durante todo el día a sus cuatro nietos mientras los padres trabajan. Durante el transcurso de las horas se encarga de la atención de los niños y la casa, como acarrear agua debido a que no existe un sistema de agua potable que abastezca a todos los apartamentos.

Viviana no sabe quién construyó los apartamentos. Han escuchado que los construyó un banco, pero desconocen cuál. Ahora no saben si los edificios y apartamentos tienen propietario, pero de todos los años que tienen de vivir en el lugar nunca ha llegado el dueño a pedir un desalojo, pero están conscientes que donde viven no es propio ni seguro a nivel estructural.

"Unos dicen que del banco, otros dicen que de Fonavipo, otros dicen que del INPEP. Nosotros vemos en la televisión que a veces la gente sale beneficiada con lugares y decimos: que bonito. A nosotros no nos toman en cuenta" expresa la mujer.

Solo entre estos dos edificios hay alrededor de 40 niños que no crecen en un ambiente digno debido a que no tienen los recursos necesarios para ello, y tampoco el Estado ha ejercido su rol de brindar seguridad habitacional a las familias en peligro como lo establece en la Constitución de la República como un derecho humano.

Subir y bajar las gradas parece un reto por lo dañadas que están. Las madres con sus hijos deben pisar cuidadosamente cada escalón para evitar una accidente. Los barandales no están completos, algunos tienen madera para sujetarse, en otros sectores los vecinos han colocado partes de una cama para evitar una caída.

"Si estamos aquí es porque estamos conscientes. Si algún día quedamos enterrados, será por nosotros porque no tenemos a dónde (ir a vivir). Así es la vida del pobre" es lo que relata una madre que está reunida junto a otras mujeres en una tienda de la parte baja del edificio 4.

Hablan sobre "trepar" hasta el quinto piso de los apartamentos, donde las inclemencias del tiempo y los fenómenos climáticos han deteriorado el apartamento hasta el punto de no tener nada más que las paredes.

Entre risas, las mujeres hablan de lo inseguro que es subir hasta ese nivel. Una de ellas, Gisela, cuenta que toma fuerzas de subir las gradas despedazadas para poder tender su ropa, ya que como no hay un techo, el sol que hace todo el día hace que se seque más rápido la ropa."Nombre, a mi me da miedo subir hasta allá" le responde Ana sobre subir el edificio tiene aproximadamente 15 o 20 metros de altura.

El grupo de madres presente en una tienda aledaña a los edificios asegura que para ellas no es opción buscar adquirir una vivienda o alquilar una, debido a los altos precios que estas manejan. Cuentan que cuando hay movimientos sísmicos constantes deben dormir afuera por la posibilidad de que los edificios se derrumben.

Los habitantes de estos dos edificios no tienen servicio de agua potable en sus viviendas. Hace años, la junta directiva de la residencial gestionó una cisterna para que se pudieran abastecer de agua. Lo que deben hacer es halar a cantaros el agua hasta sus viviendas.

Algunos apartamentos tienen arruinadas las tuberías de agua. La pila para lavar ropa no está en buenas condiciones por lo que deben utilizar una pila que se encuentra en la entrada de los edificios para poder lavar sus prendas de vestir. Tal como una pila pública.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2024 del Banco Central de Reserva, en el país hay 34,180 apartamentos registrados. Las personas que viven en estos edificios no han adquirido legalmente estos apartamentos. La mayoría llegó a habitar de manera informal estos sitios sin pagar un arrendamiento a los propietarios del inmueble.
Unos llegaron a ocuparlos de manera informal, otros pagaron un monto significativo al antiguo habitante de la vivienda pero, sin tener un documento legal que los apoye.

Existe un gran número de la población salvadoreña que no es propietaria de su vivienda. Según el Censo Poblacional y de Vivienda publicado en 2024, el 57.9% de los hogares en El Salvador son propietarios de su vivienda, pero el 42.1% de la población no lo es. Esto equivale a 2,538,619 personas de la población total.

Dentro de este último número, casos donde alquilan las viviendas, fueron prestadas o cedidas gratuitamente, propia o pagándola a plazos y "otra tenencia" que no específica cuál.

Las pandillas eran dueñas del lugar

Desde el año 2,000 que el fenómeno de las pandillas tuvo un auge en el país, los habitantes de estos condominios aseguran que tenían el control total de los edificios desahuciados e impusieron tarifas de $25 a cada familia para poder habitar ahí.

Inés, una mujer con 14 años de habitar en la zona, cuenta que en esa época había una mujer en específico que "controlaba" quiénes vivían en los condominios. Blanca, como le llamaban a esta mujer, era comerciante del mercado central y tenía relación con las pandillas. "A todo aquel que no seguía sus reglas o tenía problemas con ella, lo echaba" recuerda.

"Blanca" nunca se identificó si era parte de la entidad fundadora de los edificios. Quienes querían habitar en esos edificios, debían pagar cincuenta dólares como un valor simbólico de la compra del apartamento. "Cuando le caía mal la gente hacía desorden y los echaba. Luego venían otros y así era el ciclo" recuerda.

Hace diez años aproximadamente, luego de un conflicto entre blanca y los pandilleros, estos últimos empezaron a controlar más la zona. Cobraban una renta mensual de $25 a cada familia e imponían reglas como hacer la limpieza todas las semanas o pagar una multa de diez dólares, tenían reuniones semanales, no podían tener visitar en el lugar, entre otras.

Ahora, Inés asegura vivir con más tranquilidad. Muestra de ello es la tienda que decidió poner luego de que los pandilleros que controlaron este lugar fueron detenidos en el marco del régimen de excepción. La única incertidumbre es la inseguridad habitacional que tienen por el mal estado de los edificios, por lo que agradecerían una ayuda del Estado para obtener una vivienda propia y digna."Quisiéramos tener una casa propia. A veces piensan que fuimos tapadera de los mareros, pero en realidad fuimos víctimas de ellos".

En frente de su tienda, unas gradas abajo, se ubica la "Iglesia Cristiana El Tabernáculo Familiar" un proyecto religioso impulsado por el pastor Eusebio Murcia Rosa, originario del distrito de San Marcos, para incluir a los inquilinos de estos apartamentos que se incluyan a estos grupos sociales que buscan un guía espiritual.

Actualmente asisten alrededor de 25 o 30 personas a la iglesia que ofrece sus cultos los martes, jueves y domingos. La asistencia varía conforme al día, asegura el pastor Eusebio, pues en días de semana es más difícil por temas de trabajo. Pese a ello, la cantidad de niños que llegan es alta, alrededor de 15 o 20 menores que atienden y adoctrinan bajo el cristianismo.

Hace poco más de año que Murcia comenzó esta congregación y la situación que más resalta es el alto número de mujeres que crían a sus hijos solas, asumen el trabajo de cuidados y son jefas del hogar.

Las mujeres jefas de hogar han incrementado en comparación con el censo de 2007. En el 2024 se registraron 863,390 mujeres como jefas de hogar, siendo el 45% de la población total de mujeres. En 2007, esta cifra era del 34.9%.

Zulma Ramírez forma parte de esta estadística. Ella es una mujer de 33 años que tiene cinco niños de distintas edades: catorce, once, siete, cinco y dos años. Hace tres meses llegó esta familia a los edificios que una vez dominaron los pandilleros, siendo la familia más reciente de habitar en el lugar.

Su madre, María Márquez, cuida a los cinco menores durante el día para ayudar a su hija que sale a trabajar desde las 6:30 de la mañana y regresa hasta las 7:30. Zulma labora en una carpintería de Mejicanos que le remunera aproximadamente $300 al mes, menos del salario mínimo. Esto no es suficiente muchas veces, asegura, pues los gastos de su vivienda e hijos acaparan todo su salario y debe recurrir a prestar dinero.

Mientras Zulma hace la cena para su familia, a la vez ayuda en lo que puede con las tareas de sus hijas, mientras los niños más pequeños juegan incansablemente en el apartamento que consta de un solo cuarto.

A la luz de un solo foco en el espacio que es sala/comedor/cocina se revolotean los niños frente a la televisión antigua y el celular de su madre. Al fondo del apartamento, a través de una ventana que está cubierta a la mitad por una lámina, se observa la iluminada Biblioteca Nacional donada por la República Popular de China, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

La mayoría de habitantes prefiere vivir en estos edificios debido a la ubicación cercana con el centro de San Salvador y diversos barrios históricos de la capital, pese al riesgo que pueden tener con que la estructura de los mismos pueda colapsar.

Sin embargo, los inquilinos de estas obras habitacionales concuerdan en que desean un ambiente digno para vivir. Piden al Estado intervenir los edificios para que estos no sufran un deterioro mayor con la actividad sísmica futura y ocurra una tragedia. O que pueda apoyarles con otra opción habitacional para estar más seguros.