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Organizaciones denuncian retrasos judiciales en crímenes de guerra

La Mesa contra la Impunidad de El Salvador señaló omisión de investigación, bloqueo de archivos militares e instrumentalización política de los casos.

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Por Lissette Lemus
Publicado el 06 de marzo de 2025


La Mesa contra la Impunidad de El Salvador (Mecies) denunció esta mañana que el sistema de justicia sigue retrasando los procesos judiciales sobre crímenes de guerra, lo que genera una impunidad institucionalizada. 

"Los pocos casos emblemáticos de graves violaciones de los derechos humanos que continúan abiertos para la justicia siguen afectados por prácticas de impunidad que imponen jueces, fiscales y entidades de gobierno obligadas a colaborar con las investigaciones", señalaron.

Según los denunciantes, estas prácticas han derivado en la protección desde el Estado de los criminales de guerra salvadoreños.

Entre las prácticas señalan omisión de investigación por parte de jueces, bloqueo de archivos militares o negación de su existencia y la instrumentalización de los casos de justicia transicional con fines de propaganda política.

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Los representantes de la Mecies citaron retrasos en los casos judiciales del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, el crimen de los cuatro periodistas holandeses, la masacre en la UCA, la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la desaparición forzada de la familia Guzmán, casos de niñez desaparecida y la práctica de las torturas, los cuales siguen en la impunidad. 

“Este tipo de crímenes fueron sistemáticos y generalizados en todo el país, porque funcionaron desde una estructura institucionalizada, en este caso desde la Fuerza Armada de El Salvador, que desde su alto mando desarrolló estrategias y políticas militares que pusieron como objetivo a la población civil”, manifestó David Morales, representante de las víctimas en el caso de El Mozote. 

Morales expuso el bloqueo por parte de la nueva jueza para  llevar a término el proceso penal contra los 13 militares imputados como responsables del asesinato de más de 1,000 personas. Una de las acciones señaladas es un permanente bloqueo del expediente judicial a  la acusación particular.

Asimismo Alejandro Díaz explicó que el proceso por el asesinato de monseñor Romero sigue sin avances. 

“Este crimen de lesa humanidad a 45 años se encuentra en la impunidad por todos los obstáculos y los hechos dilatorios en el proceso que implican actos delictivos dentro del mismo proceso y que están denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró Díaz.

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