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Denuncian a autoridades de centros penales por no liberar a joven con VIH
La familia tuvo acceso a un peritaje médico y presenta graves problemas de salud dentro del penal.
El Socorro Jurídico Humanitario denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las autoridades de Centros Penales por no liberar a una persona VIH positivo que tiene carta de libertad desde hace más de 45 días.
Ingrid Escobar, directora de esa organización, explicó que a partir de un peritaje médico al que la madre de Anderson Stanley Argueta Rivera han tenido acceso, tienen conocimiento que el joven no está recibiendo su tratamiento de retrovirales que necesita, tiene una herida a nivel de la cadera, ha perdido la visión de un ojo y tiene llagas en la piel.
"Vamos a denunciar de manera formal a Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales y al director del Centro Penal de Izalco por desobediencia, actos arbitrarios y limitación de la libertad personal de Anderson porque tiene una orden de libertad desde hace 45 días", declaró Escobar.
El 25 de febrero pasado el Tribunal Cuatro contra el Crimen Organizado, Juez 2, giró la orden de libertad a favor de Argueta Rivera, tomando en cuenta su condición de salud.
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Entre las medidas ordenadas por el tribunal están no cambiar de domicilio, no salir del país, no comunicarse con personas vinculadas al proceso y con actividades pandilleriles y de forma obligatoria presentarse a firmar cada 15 días al juzgado.
"Que por favor se pongan la mano en el corazón y que me regresen a mi hijo, porque él tiene una condición de salud muy delicada y necesita estar en su casa bajo las atenciones y el amor de su mamá. Él ha sufrido mucho y no se merece estar ahí ni una noche más", manifestó la madre del joven.
Anderson fue capturado el 15 de mayo de 2022 en San Bartolo, cuando regresaba de un viaje a Costa Rica, donde había participado en un congreso regional como defensor de los derechos de las personas VIH positivo.
La madre niega que el joven tenga vínculos con grupos pandilleriles como lo señalan las autoridades y relata que él es un defensor de derechos humanos de personas VIH positivo, por lo que participaba en diferentes actividades de ese sector.
"Él trabajaba conmigo en la panadería y andaba con la ONG de defensores de derechos con otros jóvenes con VIH, tenía varios diplomas porque le gustaba estudiar", dijo la señora.
El Socorro Jurídico Humanitario denunció el 16 de octubre de 2024 su preocupación por la situación de salud del joven, debido a que desde agosto del año anterior no había sido llevado al hospital para recibir sus medicamentos.
La denuncia se basó en un informe que el mismo hospital había entregado a la madre del detenido que hacía constar que no había retirado los medicamentos para su tratamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una resolución de medidas cautelares emitida en 2022 recordó la obligación de los Estados a brindar la protección de salud a las personas que viven con VIH y el acceso a medicamentos, incluida la terapia antirretroviral.
En otro informe la CIDH señala que la suspensión de tratamientos antirretrovirales pone en riesgo de muerte a las personas con esa situación.
Se intentó obtener información sobre este caso en la dirección de Centros Penales a través de un mensaje al celular institucional del encargado de comunicaciones de esa institución, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.