Denuncia anónima originó caso contra estudiantes acusados de formar estructura “La Raza”

Documentos oficiales de la institución policial recogen una denuncia en una mensajería de texto en la que señalan a jóvenes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI). El texto es el siguiente: "Hola buenas quiero reportar estos estudiantes que son del inti y siempre llegan a pedir los carnets de los estudiantes del Instituto Nacional Albert Camus. Ya demasiado, quieren volver a lo mismo", describen. 

Esta denuncia anónima es parte de las pruebas que la Policía Nacional Civil (PNC) recabó y que sirvió como base para presentar diferentes órdenes de captura en contra de 48 estudiantes pertenecientes a diferentes institutos públicos quienes fueron capturados el 24 de junio acusados de formar la estructura "La Raza". 

Además, adjuntan una fotografía de tres jóvenes en la que supuestamente hacen señas alusivas a la estructura estudiantil. También describen que uno de los testigos identificó señales con dedos que hacen los miembros de "La Raza". 

Otra de las pruebas de la Sección de Análisis y Tratamiento de la Información (SATI) de la institución policial son fotografías de graffitis encontrados al interior de los baños masculinos del Instituto Albert Camus, de San Salvador.  

En una de las puertas de estos baños, los investigadores identificaron una marca con las letras "Raza 2023". En otra de las fotografías puede leerse "Mara Cristiana" y a la par los agentes aseguran que dice "Raza". 

Un abogado penalista, especialista en legislación juvenil, considera que lo que está pasando con el caso de jóvenes procesados en este caso es la necesidad de "autojustificar el régimen de excepción", ya que asegura que este tema se vuelve cada vez más desgastante para el gobierno y que este proceso puede ser usado como un mecanismo de propaganda.  

"El caso de los jóvenes para lo que puede servir es para una motivación o un mecanismo de propaganda para mantener siempre la idea que es necesario continuar limitando los derechos y garantías a los ciudadanos, siempre van a encontrar casos iguales, porque aparentemente me da la impresión de que este gobierno no puede funcionar sin el mismo", mencionó. 

Además, aseguró, que lo que inicialmente fue una persecución dirigida a pandilleros, se está trasladando a nuevas dimensiones, y que primero el régimen de excepción servía para un propósito, pero luego ha sido utilizado para perseguir voces críticas. "Y lo que vemos en estos casos es que se sigue extendiendo esta vez a procedimientos especiales de justicia penal juvenil y que sigue ampliando sus niveles de alcance", indicó el penalista. 

La prórroga que identificó a "La Raza"

El documento oficial de la PNC también detalla que luego de la aprobación del decreto legislativo 242, que permitió la trigésima sexta prórroga del régimen de excepción, que habilita la suspensión algunas garantías constitucionales a nivel nacional, le permitió a la Delegación San Salvador de la Policía implementar acciones para cumplir las disposiciones del decreto. 

Algunos de los resultados de los operativos realizados por la institución policial permitió identificar supuestas estructuras de "La Raza" que operan en la jurisdicción de la delegación de San Salvador. 

"Según la información que se registra en nuestras bases, las cuales han sido alimentadas mediante investigaciones de años anteriores, en la jurisdicción de la Delegación San Salvador Centro opera un total de 4 canchas o zonas de operación", detallan en el documento.  Añaden que estas estructuras se encuentran distribuidas en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Técnico lndustrial (INTI),  Instituto Nacional Albert Camus (INAC) y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar. 

Sin embargo, las investigaciones policiales arrojaron que se han presentado incidentes con alumnos al interior del Instituto Nacional Profesor Jaime Francisco López (INJAFRAL), pero hasta la fecha las autoridades no reportan ninguna captura vinculada a esta institución. 

Las autoridades policiales informaron que el último hecho delictivo vinculado a estructuras estudiantiles ocurrió el 12 de septiembre de 2024, en los alrededores del redondel don Rúa, en San Salvador. En esa ocasión, la institución policial informó sobre una riña entre estudiantes del INFRAMEN y el INTI que dejó a cuatro jóvenes con lesiones de gravedad y 20 procesados por diferentes delitos. "En el pasado estas riñas eran comunes, sumando al desarrollo de las pandillas, grupos criminales que ya no tienen cabida en nuestro país", escribieron esa fecha en la cuenta de X de la PNC.

Por ese caso, el 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de los 20 jóvenes, 12 del INTI y ocho del INFRAMEN. La Fiscalía acusó a 14 por desórdenes públicos y a siete les atribuyó también el delito de lesiones y lesiones graves. Fuentes judiciales confirmaron que el juez decretó la detención en contra de todos los estudiantes y envió el caso a instrucción. 

Basta la ficha policial

Otro abogado penalista, que pidió no ser identificado por temor a represalias, brindó su valoración con respecto a los procesos judiciales durante el régimen de excepción y específicamente contra jóvenes. 

El profesional mencionó que actualmente los jueces que ventilan casos del crimen organizado no están exigiendo mayor prueba a la Fiscalía y basta únicamente la ficha policial de la persona, aunque esta no lleve firma ni sello que garantice que el detenido tiene antecedentes penales o policiales. 

"Esto se conoce como una reducción del estándar de la prueba, lo cual va a terminar acarreando que muchas personas inocentes y que incluso han sido víctimas de las pandillas van a terminar siendo condenados como pandilleros", aseveró el penalista. 

"Lo que significa que cualquier persona menor de edad con tan solo que la policía le realice una ficha policial, los jueces con eso están diciendo que existe la probabilidad del delito y la participación de esa persona en el delito, cosa que es errónea, porque ya habido casos documentados por organismos internacionales de que a los policías los están obligando a realizar detenciones", añadió. 

Esto, a pesar de que el artículo 30 de la Ley Penal Juvenil prohíbe a la PNC llevar antecedentes sobre delitos atribuidos a menores, salvo aquellos casos que determine la Fiscalía o el juez competente. 

Este abogado penalista aseguró que el accionar de las autoridades indica que el régimen de excepción ya no es una herramienta para combatir el crimen organizado, sino que es "mero control social para meter miedo a la población". "Prácticamente no le están exigiendo ninguna prueba a la Fiscalía sobre la existencia o participación de esa persona, es decir que haya realizado alguna actividad para favorecer a una estructura delincuencial. Entonces, eso hace vulnerable a que cualquier persona sea detenida por la policía y si le hacen una ficha con eso ya estarán vinculándolo a un proceso", precisó. 

Mensaje a jueces

En una conferencia de prensa brindada el pasado 30 de junio, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, adelantó que algunos de los jóvenes que están siendo capturados nuevamente es porque los jueces los dejaron en libertad cuando eran menores de edad. 

"Muchos de estos menores que ahora son adultos fueron capturados dentro del régimen y muchos de ellos han salido, no estamos hablando de interferir en la independencia judicial, lo que estamos hablando pidiéndole a los jueces porque son parte de El Salvador, es que apliquemos la justicia, pero que esa aplicación no vaya en contra de la mayoría de salvadoreños", advirtió.

"Tiene que quedar claro que nosotros como gabinete de seguridad con el respaldo de seis millones de salvadoreños no vamos a tolerar este tipo de actividades", añadió Villatoro.

Sobre la postura del ministro, el segundo abogado penalista consultado dijo que con esas declaraciones, Villatoro está amenazando la independencia de los jueces "y el hecho que menores fueron dados con medidas y después son recapturados siendo mayores estamos hablando, si no están presentando hechos nuevos, de recapturas ilegales y arbitrarias", puntualizó. 

Agregó que el Estado busca criminalizar la ausencia escolar, malas notas o mal comportamiento en el aula de los estudiantes, "cuando eso no corresponde al derecho penal, al derecho penal corresponde otro tipo de actuaciones". 

El Diario de Hoy ha documentado que cuatro de los detenidos son voluntarios activos de Comandos de Salvamento, incluso hay dos casos de jóvenes que ya no estudiaban en esos institutos y que siempre fueron capturados. 

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El primer abogado consultado asegura que la capacidad para inventar estos patrones de persecución y captura  ya se han visto en casos de adultos para proceder a capturas masivas: "Cuando el señor ministro dice eso, da la impresión que perfectamente el tema de los antecedentes para menores de edad puedan servir como patrones para futuras persecuciones, aunque los principios en materia de justicia penal juvenil hablen de un uso confidencial de los antecedentes", dijo.