Tribunal ordena informar a ministro de Defensa demanda por escuadrones de la muerte

El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel suspendió este martes el juicio contra cuatro supuestos integrantes de un escuadrón de la muerte y ordenó que el caso regrese a la etapa anterior del proceso para que se notifiqueal actual ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, una acción civil presentada por la parte acusadora. 

“Desde Cristosal, sostenemos que la Fuerza Armada tuvo responsabilidad en los hechos, ya que estos escuadrones actuaban bajo su mando en ese momento”, informó esa organización, como parte querellante en representación de las víctimas.

La parte acusadora ha solicitado que en caso de que los imputados sean encontrados culpables y no tengan la capacidad para responder civilmente por los daños causados, sea el Estado el que debe responder de forma subsidiaria, según lo establece la Constitución de la República.

“La querella ha ejercido la acción civil contra los imputados, quienes si bien no eran militares de alta en el momento de los asesinatos, sí integraban un escuadrón de la muerte que operaba bajo el mando, protección y apoyo de la Tercera Brigada de Infantería; es por eso que, en caso los imputados no puedan resarcir materialmente los daños, debe responder el Estado y en concreto la Fuerza Armada subsidiariamente", informó Cristosal.

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Aunque esta acción sólo se ejercería ante un tribunal civil si los acusados fueran condenados, el Tribunal de Sentencia decidió que debía notificarse al actual ministro en este momento procesal, para Cristosal esto solo generará otra dilación más en el proceso.

Una vez realizada  la diligencia, el caso debe regresar al tribunal de sentencia para reanudar la vista pública donde se decidirá sobre una solicitud de presunta prescripción.

“Hacemos un llamado a que este trámite se haga con prontitud. El Estado debe garantizar justicia en un tiempo razonable. Cada retraso prolonga la impunidad y el sufrimiento de las víctimas” publicó Cristosal al respecto. 

Esa organización ha denunciado que el juicio se ha retrasado más de dos años, lo que viola el derecho al acceso a la justicia y la verdad. 

En septiembre de 2023, la Fiscalía acusó a los militares José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez de secuestrar, torturar y asesinar a cinco personas civiles en el cantón San Andrés, jurisdicción de San Miguel, en 1981.