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CIDH advierte uso del sistema penal para reprimir a defensores de derechos humanos
La Comisión Interamericana expresó su preocupación ante la detención de al menos seis defensores en las últimas semanas, sumado a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría limitar el trabajo de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación tras la detención de al menos seis defensores de derechos humanos en las últimas semanas, así como “la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que puede limitar el funcionamiento legítimo de organizaciones de la sociedad civil y el espacio cívico en el país”, señaló a través de un comunicado.
Entre los casos citados, la CIDH destacó que el 18 de mayo, la defensora y jefa de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, fue detenida por fuerzas de seguridad del Estado por orden administrativa de la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando el delito de peculado.
Este caso ha tomado especial notoriedad a nivel internacional, al grado que el nombre de “Ruth López” ha sido observado en recientes actos de protestas exigiendo su liberación.
Mientras tanto el equipo legal y familiares de la abogada han reportado dificultades para conocer el lugar de reclusión y denunciaron que “los cargos que se le imputan serían una forma de persecución política por su actuación como defensora”.
A través del comunicado la CIDH argumentó que “urgió a las autoridades del país informar el paradero de la defensora, que fue confirmado posteriormente según información pública”.
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El 2 de junio, la Fiscalía presentó acusación formal por el delito de enriquecimiento ilícito contra la defensora de derechos humanos, a quien el 4 de junio se le decretó detención provisional por 6 meses, actualmente el caso se encuentra bajo reserva.
Pero la CIDH detalló que el caso de la abogada no es el único, el pasado 12 de mayo fue detenido el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, durante vigilia convocada en frente a la residencia presidencial, dicha actividad tenía como objetivo de visibilizar el riesgo de desalojo de más de 300 familias, solo un día después, el 13 de mayo, Alejandro Henríquez, abogado de dicha cooperativa fue detenido.
Ambos fueron detenidos “en flagrancia”, y “acusados por los delitos de ‘desórdenes públicos’ y ‘resistencia’”.
Según el pronunciamiento de la CIDH, “el Sr. Henríquez habría sido detenido por la Policía, sin orden judicial y su lugar de detención habría sido confirmado dos días después”.
Otros participantes de la vigilia confirmaron a la Comisión que “habrían sido seguidos y hostigados por agentes de la policía en los días siguientes”. Indicó que “el 30 de mayo, el Juzgado de Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional de ambos defensores de derechos humanos por 6 meses”.
La CIDH también mencionó que “a estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios”.
Según el informe “organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles”.
Uno de los primeros casos fue “la detención de Félix Ángel López Cañas, en febrero, sin orden administrativa o judicial, como un intento para amedrentar a su padre, Félix López, defensor laboral de exfuncionarios públicos despedidos”.
Respecto al régimen de excepción, la Comisión señaló que ha observado que se estaría aplicando un plazo más largo que 15 días para presentar las personas detenidas a autoridad judicial, pasando al plazo excepcional previsto bajo el régimen de excepción.
En ese contexto, recalcó que “la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó no ser proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías”.
Sobre la aplicación del derecho penal, la CIDH expresó “frente las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica y asegurar que las personas defensoras puedan ejercer sus labores en un ambiente libre de cualquier tipo de intimidación”.
De acuerdo con la información recibida por la Comisión, “el contexto señalado, está generando temor dentro de las personas defensoras que se ha traducido en la paralización de sus actividades, e incluso en algunos casos, recurrir al exilio”.
En el mismo comunicado, la CIDH expresó su preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, afirmando que “preocupa la reciente aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley de Agentes Extranjeros a iniciativa del presidente de la República”.
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La Comisión explicó que la normativa establece obligaciones a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior, entre las cuales destaca la inscripción en un Registro en el Ministerio de Gobernación y la retención de 30% de impuesto sobre todos los recursos recibidos.
De no cumplir con estas obligaciones las organizaciones podrían ser sancionadas con multas de $100 mil a $250 mil, la suspensión o cancelación de la misma.
La Ley cuenta con un apartado que posibilita solicitar la exclusión de estas obligaciones, pero está sujeta a períodos específicos otorgados por el Estado en el cual se debe explicar el proyecto a desarrollar, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban, entre otros aspectos.
Cabe mencionar que la medida también “prohíbe que se reciban recursos para actividades con fines políticos”, argumentando que pueden poner en riesgo la seguridad del país.
Sobre los efectos de esta ley, la Comisión alertó que “la tributación establecida puede inviabilizar la sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación alternativos o comunitarios que actúan en defensa de derechos humanos y que dependen de los fondos de la cooperación internacional”.
La CIDH finalizó su pronunciamiento subrayando que “reitera el rol de la libertad de asociación como una herramienta fundamental para que las personas defensoras puedan ejercer de forma plena la labor de defensa de derechos humanos”.