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Ambientalistas no estaban en Santa Marta cuando ocurrió asesinato, según testigos
La Fiscalía solicitó penas mayores a los 30 años de prisión para los ocho procesados por el asesinato de María Inés Alvarenga, supuesta víctima en el caso Santa Marta.. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre de 1989. Testigos de la defensa relataron que durante ese período seis de los imputados estaban en lugares distintos a lo que señala la imputación.
Dos exmiembros de la Resistencia Nacional, que fue un brazo armado de la guerrilla salvadoreña durante el pasado conflicto armado, declararon ayer ante el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que seis de los ocho acusados en el caso Santa Marta se encontraban en lugares distintos a los que describe la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La tesis fiscal establece que los hechos iniciaron la noche del 22 de agosto de 1989, cuando dos excombatientes sacaron de su vivienda a María Inés Alvarenga y se la llevaron para un campamento guerrillero en el cantón Santa Marta, y que luego de 15 días la asesinaron.
Dos hijos de la víctima declararon el pasado miércoles y mencionaron que su madre fue asesinada supuestamente al ser acusada por la guerrilla de ser informante del Ejército.
Sin embargo, los dos testigos narraron que seis de los procesados por el asesinato de Inés Alvarenga se encontraban en dos campamentos, unos en Patamera, Chalatenango y otros en Guazapa.
Los dos excombatientes narraron que desde marzo de 1989 se concentraron en diferentes campamentos en varias zonas del país para preparar la ofensiva final Hasta el Tope, ocurrida en noviembre de ese año.
"Me encontré junto con otros compañeros con los que íbamos a participar. Me concentré en marzo de 1989 hasta el 10 de noviembre, porque estábamos junto con otros compañeros. Estaba Eugenio, Bertilo, Saúl, Federico, Mardoqueo, Margarita, Raúl, Salomón, entre otros", mencionó el primero de los testigos que declaró en la vista pública.
Pedro Cruz, defensor de los ambientalistas, aseguró que el primer testigo mencionó claramente que observó a los procesados en fechas que pudieron haber cometido el hecho señalado.
"Se logró establecer con la prueba testimonial que las personas procesadas no estaban en el lugar donde ocurrieron los supuestos hechos en el mes de agosto de 1989, es una información valiosa que aclara de manera contundente donde se encontraban ellos y que estaban haciendo en esa oportunidad", sostuvo el defensor.
Los testigos mencionaron que en los campamentos estuvieron reunidos con los imputados Fidel Dolores Recinos Ayala, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Ortega. Los seis son acusados por la Fiscalía junto a José Eduardo Sancho Castaneda y Arturo Serrano Ascencio.
La comunidad Santa Marta ha insistido, desde que inició el proceso en contra de los ambientalistas, que el caso es una represalia porque cinco de los acusados se opusieron en el pasado a la minería metálica.
Cruz aseguró que la información vertida por los testigos fue suficiente para probar la inocencia de sus defendidos y decidieron prescindir de la declaración de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Nos faltaban dos testigos pero iba a ser lo mismo, repetitivo, no iba haber ningún dato nuevo y en aras de economía procesal y que habíamos logrado nuestro objetivo estratégico a nivel probatorio decidimos mejor pasar a los alegatos finales, con lo que hay es suficiente para mantener la postura que venimos manejando", mencionó.
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Solicitud de penas
La Fiscalía solicitó durante los alegatos finales penas de prisión que superan los 30 años.
Los auxiliares fiscales desglosaron su petición de la siguiente manera: 30 años por el delito de asesinato y seis por privación de libertad para los ocho acusados. Y, además, por asociaciones ilícitas solicitaron tres años de cárcel para tres de los imputados y cinco años para el resto.
Los ambientalistas de Santa Marta podrían enfrentar una pena de cárcel de hasta 41 años. El fallo será dado a conocer el próximo 21 de agosto
En noviembre del año pasado, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido el 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el cual los acusados fueron sobreseídos, y ordenó repetir el juicio. En la vista pública anterior, la Fiscalía solicitó una pena de 36 años.
Contradicciones
Pedro Cruz, abogado defensor de los ambientalistas, aseguró que existen contradicciones en el caso y que lograrán desvirtuar la acusación fiscal.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en el cantón Santa Marta, de Cabañas, y que iniciaron la noche del 22 de agosto de 1989 y finalizaron 15 días después con la ejecución de la víctima. Sin embargo, Cruz sostiene que sus representados durante esas fechas estuvieron en una "preparación militar" para la Ofensiva Hasta el Tope, en lugares distintos a los que la Fiscalía menciona.
Otra de las contradicciones encontradas por la defensa es la fecha de muerte de la víctima del caso. Cruz mencionó durante los alegatos iniciales que existen documentos públicos en los que demuestran que el fallecimiento ocurrió en agosto de 1987, dos años antes.