Basurto, el policía de élite que mataba para robar
Este policía era parte de un grupo élite, de choque, en la lucha contra las pandillas. Al 2018 tenía un sueldo de $500. Para esa fecha, ya hacía “trabajos extras” con otros policías y soldados: extorsionaba y mataba gente para robarles.
En marzo de 2018, cuando “Víctor” (Víctor Manuel Romero Herrera) y “Joche” (José Emanuel Machado Martínez) le pidieron a uno de sus conocidos que participará en un supuesto grupo de exterminio, no imaginaban que estaban reclutando para el grupo a quien pocos años después se convertiría en pieza fundamental para que la Fiscalía lograra condenas abultadas contra gran parte del grupo.
Una semana después, el testigo criteriado denominado como África en la investigación contra el grupo delincuencial, sostuvo su primera reunión en la casa de “Zapata” (Juan Zapata Ramos), en el cantón Anchila, de Concepción Batres, donde guardaban las armas y uniformes que utilizaban para cometer sus crímenes.
En esa reunión, África fue presentado como nuevo integrante del grupo, entre quienes encontró caras conocidas y a otras personas que allí conoció. 15 días después era convocado nuevamente a la casa de Zapata, participaría en su primer crimen.
Antes le advirtieron que no debía hablar nada de lo que tuviera conocimiento que hacía el grupo Paz o Muerte, porque si no, le mataban a la familia; también le dijeron que sólo muerto se podía abandonar la organización.

Fue en las primeras reuniones que África conoció al “Pantera” o “Basurto” (Wílber Jhon Basurto Cruz), cabecilla del grupo. Este era un policía destacado en la unidad elite Los Jaguares. Era uno de los fundadores del grupo y el encargado de coordinar las acciones del grupo, reunir dinero, comprar armas, municiones y pertrechos militares y policiales. Este policía convocaba a las reuniones, dictaba órdenes y participó en algunos homicidios, robos y extorsiones.
En 2018, Basurto Cruz tenía un sueldo de 500 dólares con 26 centavos, al que se le sumaban sobresueldos por pertenecer a una unidad especial.
Pero para esa fecha, ya hacía “trabajos extras” con otros policías, soldados y civiles: extorsionaba y mataba gente para robarles. Este sujeto vivía en el cantón Roquinte, de Jiquilisco. Tenía la misma formación en tácticas policiales que “Samurai” (Juan Josué Castillo Arévalo), el ex policía del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) que mató a la policía Karla Ayala.
Basurto Cruz es uno de los diez delincuentes cuyas fotos y nombres fueron publicadas el pasado martes por la Fiscalía General de la República (FGR) como condenados por homicidios, robos, extorsiones, homicidios tentados (intento) y agrupaciones ilícitas.
De los diez condenados, Basurto Cruz o Pantera es quien recibió la menor condena, a pesar de que en las investigaciones, el testigo lo señalaba como el primer cabecilla del grupo criminal, que surgió inicialmente con la finalidad de exterminar pandilleros o sus colaboradores pero que luego se fue degenerando y comenzaron a ubicar personas a las que podían extorsionar o robar, según África.
La condena más baja
El policía de élite recibió condenas por homicidio, robo agravado y agrupaciones ilícitas que en suma hacen 226 años de cárcel, aunque el convicto nunca ha sido capturado y tampoco, hasta donde tienen conocimiento las fuentes de este Diario, ninguna autoridad ha pedido ayuda a otros países para localizarlo, en caso de que haya huido del país.
Entre las diez condenas, la del Pantera o Basurto es la más baja, a pesar de ser el líder del grupo criminal, según las investigaciones. Las sentencias impuestas oscilaron entre los 226 y los 1,103 años, aunque la legislación salvadoreña solo permite 60 años de cárcel como condena acumulada, es decir, que 60 años es lo más que pasarán presos.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Diario de Hoy, el policía cometió por lo menos seis homicidios agravados, tres intentos de homicidio y un robo agravado. Este último delito está relacionado al homicidio contra el ingeniero eléctrico, cometido el 3 de enero de 2021, en la vivienda de la víctima, en el caserío Los Torres, cantón Obrajuelo, de Usulután.
Las otras víctimas de Basurto Cruz fueron identificadas como Yefri Benjamín Turcios Ramos y Miguel Antonio Rodríguez Arieta, Hugo Ernesto Gutiérrez Durán, José Isaac Umanzor, Luis Alberto Villegas y Jared Baltsasar Argüello García. Los primeros cinco homicidios fueron cometidos entre el 13 de julio y el 13 de agosto de 2019.
Turcios Ramos y Rodríguez Arieta fueron asesinados en un mismo hecho el 13 de julio de 2019, en un callejón de una cooperativa cañera, del cantón Piedra Pacha, de Concepción Batres. Estos dos fueron asesinados porque días antes habían tenido problemas con un policía de la Subdirección de Tácticas Operativas (STO), identificado en las investigaciones como Edwin Asael Campos Durán.

Un miembro del grupo comentó que a él le favorecía que los mataran porque vendían cocaína, es decir, que eran su competencia.
Gutiérrez Durán fue asesinado el 27 de julio de 2019, en el cantón Iglesias Viejas, San Dionisio, por solicitud de otro policía que en las investigaciones es identificado como Noé Balmore Palma González, quien dijo que la persona a asesinar era pandillero.
Entre tanto, a Umanzor y Villegas los mataron en un mismo hecho, el 13 de agosto de 2019, en el caserío El Espino, cantón El Jícaro, de Jucuarán, a petición del policía Campos Durán, quien estaba destacado en el puesto de Jucuarán. Según las investigaciones, al menos algunos policías que estaban de turno ese día fueron cómplices de ese doble homicidio y hasta colaboraron con el carro patrulla para transportar a Campos Durán.
El policía Campos Durán, residente hoy fuera de El Salvador según fuentes policiales, dijo que Umanzor y Villegas eran pandilleros y que en una lancha salían al mar a traer cocaína. Esa es la versión que da el testigo criteriado.
Mientras que Argüello García fue asesinado el 3 de enero de 2021; en este caso fue un soldado activo, identificado en las investigaciones como Juan Alejandro Maravilla Rodríguez quien dijo que tenía dos objetivos: uno que era narco y otro coyote, es decir traficante de personas, que colaboraban con las pandillas a tal punto que en esos días les habían provisto de tres fusiles M-16, por lo que había que eliminarlos.
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En todos los hechos llegaron a las viviendas de las víctimas fingiendo operativos “casa por casa” o que llevaban órdenes de registro o captura.
Al menos en el caso de Jared Baltsasar Argüello García, la familia de la víctima aseguró a El Diario de Hoy que no era cierto que fuera narco, sino un profesional que trabajaba en una empresa y que era miembro de un sindicato del sector de distribución de electricidad.
Las investigaciones han determinado que el objetivo real era robarle a la víctima y su familia, 20 mil dólares que pocas horas antes había recibido como remesa desde Estados Unidos para construir una casa, armas de fuego que tenían legalizadas y otras prendas de valor.
Los documentos a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso no dejan lugar a dudas de que ese grupo delincuencial, formado por al menos cinco policías, asesinó a muchas personas que no eran pandilleros ni colaboradores de esos grupos terroristas. Lo hicieron por robar, por venganzas personales o para eliminar competencia en diversos negocios, la venta de drogas incluida.
Y a pesar de que las investigaciones señalan que en algunos casos hubo complicidad de varios miembros de la PNC destacados en lugares donde el grupo cometió sus crímenes, las autoridades no han investigado más allá de los hechos y personas que el testigo criteriado ha señalado.

¿En cuántos homicidios participó cada sentenciado?
Wílber Jhon Basurto Cruz:
Residía en el cantón Roquinte, Jiquilisco, Usulután. Cuando cometió los crímenes por los que le han impuesto 226 años de prisión, era miembro de la PNC, de la unidad conocida como Los Jaguares (Ex GRP). Participó en seis homicidios agravados, robos agravados y agrupaciones ilícitas. Este criminal no ha sido capturado.
Juan Zapata Ramos:
Documentos fiscales lo señalan de participar en 23 casos de homicidio agravado, dos homicidios agravados en grado de tentativa, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Residía en caserío Cococica, cantón Anchila, Concepción Batres, Usulután. Sentenciado a 731 años de prisión.
Alejandro Monterrosa:
Participó en 24 homicidios agravados, dos homicidios en grado de tentativa, robos agravados, extorsiones agravadas y agrupaciones ilícitas. Sentenciado a 794 años de prisión. En la época que era parte del grupo delincuencial vivía en la colonia La Pradera, El Tránsito, San Miguel.
Yovani Alexander Crespo Moreno:
Sentenciado a 957 años de prisión por homicidios, extorsiones y robos agravados, homicidios en grado de tentativa agravados, además de agrupaciones ilícitas. Residía en el cantón Piedra Ancha, Ereguayquín, Usulután. Participó en 23 homicidios agravados, dos homicidios tentados agravados, robo y extorsión agravados y agrupaciones ilícitas.
Víctor Manuel Romero Herrera:
Sentenciado a 996 años de prisión. Participó en 28 homicidios agravados, dos homicidios en tentados agravados, robo y extorsión agravados y agrupaciones ilícitas. En mayo de 2021 fue condenado a 10 años de prisión por extorsión agravada cometida siempre como parte del grupo criminal Paz o Muerte. Residía en el cantón Piedra Pacha, El Tránsito, San Miguel. = 357
José Emanuel Machado Martínez:
Lo sentenciaron a 1,028 años de cárcel. Participó en 29 homicidios agravados, dos homicidios tentados agravados, robo y extorsión agravados y agrupaciones ilícitas. Residía en la colonia Pradera, de El Tránsito, San Miguel. Era el tercer cabecilla del grupo delincuencial.
Salvador de Jesús Villalobos López:
Condenado a 1,103 años, la condena más alta impuesta al grupo. Este criminal no ha sido capturado. Residía en el cantón Anchila, Concepción Batres, Usulután. Las investigaciones indican que participó en 29 homicidios agravados, dos homicidios en grado de tentativa agravados, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Este criminal no ha sido capturado.

Agustín de Jesús Rivas López:
Era miembro de la PNC y segundo al mando del grupo criminal. Fue sentenciado a 526 años de cárcel. Las investigaciones indican que participó en 14 homicidios agravados, un homicidio tentado agravado, varios robos y extorsiones agravadas y agrupaciones ilícitas. En febrero de 2023 fue sentenciado, por primera vez, a 138 años de prisión por homicidio y robo agravado.Vivía en la colonia La Usuluteca, de Usulután.
Julio Enrique Zayas:
Este es un albañil residente en la comunidad La Poza, de Usulután. Fue sentenciado a 821 años de prisión. Participó en 26 homicidios agravados, dos homicidios tentados, robos agravados y agrupaciones ilícitas. Este convicto aún no ha sido capturado.
Andrés Alberto Murillo Roque:
Sentenciado a 608 años de cárcel. Era caporal en una cooperativa cañera. Vivía en Jiquilisco, Usulután. Participó en 15 homicidios agravados, un homicidio en grado de tentativa agravado, robos y extorsiones agravadas y agrupaciones ilícitas.

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