Asamblea ratificó reformas constitucionales en la misma noche

A pocas horas de haber aprobado los acuerdos de reforma a la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años y eliminar la elección de diputaciones del PARLACEN, la Asamblea Legislativa las ratificó en la misma noche de jueves.

El diputado Christian Guevara presentó las certificaciones de publicaciones en el Diario Oficial de los acuerdos 2 y 3, por lo que pidió la dispensa de trámites.

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"Aquí está la constancia 20980 que hace constar sobre el acuerdo de reforma constitucional número dos y la constancia 20981 que hace constar el acuerdo reforma constitucional número tres", dijo, agregando que eso le facultaba "para solicitar procesalmente" que fueran ratificados.

Cabe recordar que Nuevas Ideas reformó anteriormente el artículo 248 que permite que las reformas a la Carta Magna se puedan rarificar por una misma legislatura, con votos de las tres cuartas partes de diputados, y así no tener que esperar el cambio de legislatura.

Otra reforma constitucional aprobada este año fue eliminar la deuda política.

Otra prórroga al régimen

Caleb Navarro también pidió aprobar la cuadragésima primera prórroga al régimen de excepción. Esta condición de pérdida de garantías constitucionales está vigente desde marzo de 2022.

Para la pasada prórroga, el gobierno justificó que la coordinación con autoridades internacionales fortaleció las acciones contra el crimen transnacional, “permitiendo la detención en Guatemala de pandilleros con nexos en otros países y la interrupción de canales de comunicación utilizados para ordenar actividades delictivas desde el exterior”.

“El combate del fenómeno de las pandillas solo puede hacerse con acciones extraordinarias que guarden la debida proporción a la complejidad de su funcionamiento criminal”, manifiesta el referido decreto.

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Además, recientemente la Fiscalía General de la República había capturado a estudiantes de institutos nacionales en San Salvador, a quienes se les acusó de crímenes vinculados al crimen organizado. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dedicó una gran parte de la discusión a justificar la prórroga por esas detenciones.

El régimen suspende los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, referente al derecho de la libre asociación, a la reunión pacífica; 12 sobre que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata sobre sus derechos y de las razones de su detención sin tener que ser obligada a declarar; 13 sobre que la detención administrativa no excederá de las 72 horas y el artículo 24, el cual prohíbe la interferencia e intervención de las telecomunicaciones. 

Múltiples llamados

Ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, las iglesias y otras entidades más han solicitado en múltiples ocasiones la derogación del régimen de excepción por motivos como capturas arbitrarias, muertes bajo custodia del Estado, torturas y el uso del régimen de excepción para persecución política. 

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Este 23 de julio la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Centroamericana de Periodistas ante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —a la que el Estado decidió no asisitir— se denunció, entre otras cosas el mantenimiento del régimen.

Se denunció que el hostigamiento y la vigilancia escalan a una estrategia de criminalización contra defensores de derechos humanos y contra periodistas, que se hace uso indebido del sistema penal ( beneficiado de la falta de independencia del Órgano Judicial), la prolongación del régimen de excepción y la aprobación de reformas legales represivas. 

“Bajo la excusa del combate a las pandillas, se hace uso de tipos penales ambiguos como pertenecer a agrupaciones ilícitas contra personas defensoras y periodistas sin vínculo alguno con el crimen organizado”, se denunció.

Sobre las muertes bajo custodia del Estado, Socorro Jurídico Humanitario cuenta que son al menos 425, los reos muertos bajo régimen de excepción.