Advierten represión de Bukele contra defensores de derechos humanos
Al menos una decena de personas a las que el gobierno de Bukele etiqueta como “opositores”, están entre los detenidos o han tenido que salir del país, durante este año, por temor a ser capturados. Entre éstos últimos hay abogados y periodistas
Para Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la escalada de represión contra personas involucradas en la defensa de los derechos humanos viene desde hace algún tiempo, pero en los últimos días se ha vuelto más evidente que es algo dirigido, en referencia a personas y organizaciones críticas de las acciones del gobierno de Nayib Bukele.
"No es nuevo; ya viene una escalada de represión grande desde hace un buen tiempo. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy es más evidente porque ya es sin ninguna pena, sin ninguna duda de que ya es dirigido contra defensores que han denunciado actos de corrupción, pero que sobre todo, y esto es lo que tenemos que estar alertas, que han denunciado formalmente con nombre y apellido a funcionarios específicos de la dictadura. Entonces, esto es un mensaje", afirmó Escobar.
Uno de esos casos, según parece, es la captura de la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal.
Más de ocho días han transcurrido desde que López Alfaro fue capturada (18 de mayo) supuestamente bajo cargos de peculado (apropiarse de dineros públicos), un delito común por el que no tendría que haber sido llevada a audiencia inicial transcurridos seis días de su detención, sin embargo, le han aplicado los plazos para quienes son arrestados bajo el régimen de excepción.
López Alfaro se ha caracterizado por señalar y denunciar indicios de corrupción gubernamental así como violaciones de derechos humanos a muchas personas capturadas en el marco del régimen de excepción que lleva más de tres años de vigencia.

"Explicación Sencilla de la Detención: La detención administrativa es 72h (horas), (Aquí la FGR debe presentar Req Fiscal). 72h del plazo o término de inquirir (Aquí el juez debe señalar día y hora para audiencia inicial). Ruth López debió tener su audiencia ayer como fecha límite", escribió el pasado domingo, en su cuenta de X, Lucrecia Landaverde, abogada experta en derecho penal.
Ruth es la última de las voces críticas de Bukele que ha sido arrestada, acción que ha sido etiquetada por diversas personas y organizaciones, como arbitraria, como venganza por su activismo contra la corrupción y contra la violación de derechos humanos.
En un comunicado del 19 de mayo anterior, Cristosal aseguró que la detención de Ruth no era un hecho aislado, sino que formaba parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para silenciar voces críticas, desmantelar a la sociedad civil y consolidar un régimen autoritario.
Sólo en lo que va del 2025, según registros periodísticos, al menos una docena de personas entre miembros de organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sido arrestados o han tenido que salir del país por temor a ser capturados.
Este Diario conoce de al menos tres periodistas que abandonaron el país en los últimos días, luego de ser alertados de acciones policiales posiblemente encaminadas a detenerlos.
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Abogados exiliados
En el caso de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), el sistema judicial ha dictado orden de captura internacional; los dos son acusados de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelas y lotificaciones en una finca de San Juan Opico, en La Libertad.
Tanto Cruz como Joya se encontraban fuera de El Salvador cuando un juzgado contra crimen organizado les decretó la orden de detención. Desde entonces,
UNIDEHC ha reiterado que las órdenes de captura contra Cruz y Joya no es por los delitos que los acusan, sino por ser críticos del actual gobierno y defender derechos.
Días antes de que un juzgado decretara detención contra Cruz y Joya, a finales de febrero de este mismo año, Fidel Antonio Zavala Pérez, vocero de esa misma organización, fue arrestado durante un operativo policial que también tenía como objetivo capturar a varios miembros de la comunidad La Floresta, a la cual la organización a la que pertenecen Cruz, Joya y Zavala estaban apoyando en su lucha por evitar ser desalojados de sus viviendas.
El arresto de Zavala tiene una connotación particular debido a que él denunció formalmente a varios empleados de la Dirección General de Centros Penales, a quienes acusó de cometer actos de tortura contra muchas personas detenidas bajo el régimen de excepción, de lo cual fue testigo mientras guardaba prisión preventiva, por delitos de estaba de los cuales fue declarado absuelto.
Varias organizaciones han mostrado su preocupación por el riesgo que Zavala corre; una de ellas es Amnistía Internacional.

"El traslado del defensor salvadoreño de derechos humanos Fidel Zavala al centro penal conocido como Mariona, ocurrido el pasado 2 de abril, es extremadamente preocupante. Al enviarlo a una prisión controlada por los mismos custodios que él denunció por tortura, las autoridades están poniendo en riesgo inminente su vida e integridad personal", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Zavala ha sido la única persona que se atrevió a denunciar ante la Fiscalía, los actos de tortura que atestiguó mientras estuvo en dos cárceles, a donde eran llevadas personas capturabas bajo el régimen de excepción, algunas de las cuales murieron a consecuencia de golpizas.
Abogado del medio ambiente
Entre los afectados por la escalada de represión, también está el abogado Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua y defensor de derechos ambientales, quien fue capturado el pasado 13 de mayo, en las oficinas de dicha organización.
De acuerdo con declaraciones de miembros del Foro del Agua, los policías dijeron que la captura era por desórdenes públicos realizados la noche del 12 de mayo frente a la residencial Los Sueños, donde vive Nayib Bukele, por miembros de la comunidad El Bosque quienes llegaron a hacer un plantón para solicitarle su ayuda para no ser desalojados de sus viviendas.

La manifestación pacífica fue reprimida con agentes de la PNC de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de la Policía Militar (PM) del Ejército, a pesar de que la protesta era pacífica para demandar la intermediación de Bukele en un problema judicial que amenazaba con desalojar a los habitantes de El Bosque.
Esa misma noche del 12 de mayo capturaron al presidente y secretario, respectivamente, de la mencionada comunidad, un pastor evangélico identificado como José Ángel Pérez y Diego Armando Guzmán; también detuvieron al abogado Henríquez pero fue liberado esa misma noche, procediendo a capturarlo al día siguiente.
El 13 de febrero de este año, la Fiscalía informó de la captura de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el delito de enriquecimiento ilícito.
Si bien la Fiscalía dijo que en noviembre de 2024 Chicas fue condenado en un proceso civil, su captura ha sido vista por muchos como una venganza, pues éste le ganó un juicio por difamación a Bukele, tras lo cual fue obligado a pagarle $50 mil. Además, Chicas retó a Bukele a hacerse una prueba antidoping. En ese proceso ha sido involucrada la abogada López Alfaro.
"Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como Magistrado y en su período como Presidente del TSE. Posteriormente, continuó desempeñándose como su mano derecha, durante su gestión como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, mientras ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Durante estos períodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado", escribió la Fiscalía en su cuenta de X.
Sobre las detenciones de López Alfaro y otros abogados y defensores de derechos humanos, el reconocido abogado constitucionalista, Enrique Anaya, afirmó que "La detención ilegal y el exilio provocado es expresión de una dictadura y, como tal, supone la vulneración de derechos fundamentales esenciales a todas las personas: vivir en libertad y vivir en tu país".
Anaya dijo que ha notado que está cambiando el perfil de los detenidos, que ya no son solo políticos (del) ex FMLN, como Atilio Montalvo y Eugenio Chicas, sino que ahora están yendo directamente contra defensores de derechos humanos.

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