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Corte Suprema de EE.UU. reprende a Trump por pedir destitución de juez que prohibió envío de presos a El Salvador
Se trata del juez James Boasberg, quien reclamó porque el gobierno Trump no paró la expulsión a El Salvador de más de 238 venezolanos antes de examinar sus casos. El gobierno estadounidense los acusa de ser del Tren de Aragua y la MS-13.
La tensión entre la administración Trump y el poder judicial estadounidense ha crecido tras la petición del presidente de que se destituya al juez que prohibió la salida de 238 venezolanos hacia El Salvador, pero Trump sólo recibió como respuesta una reprimenda desde la Corte Suprema.
El presidente Trump pidió este martes destituir al juez James Boasberg, que ordenó suspender la expulsión de migrantes amparada en una ley de guerra del siglo XVIII. «Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!», afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.
Este «lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente», subrayó refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.
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Pero el presidente de la Corte, John Roberts, le respondió que "desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial…".
Roberts le recordó que "el proceso normal de revisión de apelaciones existe" para las inconformidades, como en todo sistema judicial.
Los hechos
El sábado, el magistrado ordenó suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump. Hasta ahora, solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones «terroristas» globales por el Departamento de Estado. Sin embargo, se informó que más de un centenar de los trasladados son migrantes sin ningún vínculo con grupos delincuenciales.
La administración siguió adelante con las deportaciones. Alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.
Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien, según medios de comunicación estadounidenses, reprendió al abogado de la Casa Blanca en la audiencia y pidió al gobierno una respuesta oficial este martes.
Coro de ataques y descalificaciones
No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria. En su primer mandato (2017-2021), cuestionó por qué tendría que sujetarse a las decisiones de los tribunales. Pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez, lo que al parecer pensó que sería fácil, pero le ha valido la llamada de atención.
El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a ocurrir.
El presidente estadounidense reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales, pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.
Funcionarios del gobierno de Trump han llegado al extremo de cuestionar y descalificar la decisión del juez Boasberg.
El "zar de fronteras", Tom Homan, un policía migratorio de carrera, llegó al punto de decir que "no me importa lo que piensen los jueces", en tanto que el subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos a Trump, declaró que un juez no tiene que inmiscuirse en política exterior ni en asuntos militares.
Hasta la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó al juez, aunque negó que el gobierno hubiera desobedecido una orden judicial pese a que "no tenía fundamento legal".
"Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense", añadió.
Por su parte, Trump alegó que «sólo hago lo que los votantes querían que hiciera» porque «la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno» de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer.
Bukele apoya a Trump
En su batalla contra la migración irregular, Trump ha sumado apoyos, como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Washington le pagó «aproximadamente seis millones de dólares» para que detenga a los migrantes expulsados, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una miseria según ella «en comparación con el costo de vida que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad» en EE.UU.
Bukele celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos. «Ups … Demasiado tarde», escribió el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.
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Ya antes el principal asesor de Trump, el archimillonario Elon Musk, y Bukele han hablado públicamente de procesar a los jueces que no estén alineados.
"La única manera de restaurar el mandato del pueblo en Estados Unidos es hacer un 'impeachment' (juicio político) a los jueces. Nadie está por encima de la ley, incluyendo a los jueces. Eso es lo que bastó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos", posteó Elon Musk en su cuenta de X.
Bukele, por su parte, le respondió que "si no se destituye a los jueces corruptos, NO se puede arreglar el país. Formarán un cártel (una dictadura judicial) y bloquearán todas las reformas, protegiendo la corrupción sistémica que los llevó a sus puestos".
En 2021, el gobierno de Bukele destituyó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y pasó a retiró o despidió a la tercera parte de los jueces salvadoreños.
"Nosotros somos la ley"
Alegando que "es la ley federal" e incluso "el rey", el presidente trata de imponerse y eliminar todo lo que se interponga, incluso a fiscales y a jueces de inmigración, a muchos de los cuales ha despedido.
"Nosotros somos la ley federal", le advirtió seca y amenazadoramente Trump a la gobernadora del estado de Maine, Janet Mills, quien se limitó a contestarle: "Nos veremos en los tribunales". Él respondió: "Bien, nos veremos en los tribunales. Espero con ansias eso. Debería ser un caso muy fácil".
Trump ha insinuado que podría negarse a acatar fallos judiciales que limiten su poder.
En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump cargó contra los jueces que han fallado en contra de una cascada de órdenes ejecutivas o decretos que ha emitido para despedir a miles de empleados federales, cerrar agencias o incursionar en iglesias, escuelas y hospitales para capturar a inmigrantes. «Quizá tengamos que revisar a los jueces, porque es algo muy serio. Creo que es una violación grave", afirmó, sin precisar qué medidas podría tomar.
El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha sido más directo. «Los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo", escribió en X, reafirmando una opinión que ya expresó en 2021 en un pódcast en el que sugirió que, si Trump regresaba al poder, debía ignorar cualquier orden judicial en su contra