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Presidenta de Perú desacata a la Corte IDH y promulga amnistía para policías y militares
Dina Boluarte señaló a instituciones nacionales e internacionales de pretender someter al Perú con "ideologías totalitarias".
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso (Parlamento) de Perú a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
La mandataria suscribió la 'Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000' en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima, un día después de retornar de su gira por Asia donde visitó Japón e Indonesia.
La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina de los Andes peruanos, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
Boluarte: "Les devolvemos la dignidad"
En el acto, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes "entregaron su vida en defensa de la paz que hoy tenemos, y otros que sobrevivieron pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias".
"Con esa histórica amnistía, hoy les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada", señaló la gobernante, quien se encuentra investigada por la Fiscalía por la muerte de al menos 59 personas durante la ola de protestas sobrevenida a su llegada al poder, tras la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado a finales de 2022.
Procesos en el aire
La Corte IDH pidió detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.
Ambos casos llevaron a que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.