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Funeraria española vendía ilegalmente a universidades cadáveres de hospitales y asilos
Los cuerpos eran vendidos a unos 1.200 euros y la banda buscaba fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias
La Policía española desarticuló un entramado criminal acusado de falsificar documentación para retirar cadáveres de hospitales y residencias de ancianos para venderlos ilegalmente a universidades, con la detención de varios responsables y empleados de una funeraria.
Según informó este lunes la Policía, que no detalló el número de detenidos, están acusados de delitos de estafa y falsedad documental.
Los cuerpos eran vendidos a unos 1.200 euros y la banda buscaba fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias, con menos posibilidades de que fueran reclamados los restos mortales, indicó en un comunicado.
La investigación comenzó a principios de 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria mediante falsificaciones en el registro del centro sanitario y en la documentación facilitada al Registro Civil.
Los investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, habrían trasladado el cuerpo a una universidad para su estudio, en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de una localidad en la que residía en la provincia española de Valencia (este), pero fue vendido sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento, según la Policía.
Los policías localizaron otro caso con el mismo procedimiento, esta vez con el cuerpo de un fallecido en una residencia de ancianos, y posteriormente detectaron también irregularidades en incineraciones de cuerpos supuestamente donados a la ciencia.
Los agentes averiguaron que la funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por once incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna incineradora de Valencia.
Al parecer, los investigados aprovechaban la disección de los cuerpos para introducirlos en féretros de otros difuntos, realizando en una sola la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por varias y a la vez facturándolas a la universidad sacando notables beneficios, de acuerdo a esta fuentes.