EE.UU. reitera su "apoyo" a Corea del Sur tras la destitución del presidente Yoon Suk-yeol

El Departamento de Estado de EE.UU. reiteró este sábado su "apoyo a la República de Corea, a sus ciudadanos, a los procesos democráticos y al Estado de Derecho", después de que el Parlamento surcoreano aprobara la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

"En los últimos años, la alianza (entre EE.UU. y Corea del Sur) ha dado pasos de gigante, y Estados Unidos está deseando colaborar con la República de Corea en la consecución de nuevos avances", esgrimió el Departamento de Estado en un comunicado.

Para, a continuación, añadir que están dispuestos a "seguir trabajando" con el presidente en funciones Han Duck-soo para "promover nuestros intereses mutuos y nuestros valores compartidos".

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El Parlamento surcoreano aprobó hoy la destitución de Suk-yeol con el apoyo de diputados de la formación del mandatario.

Los 300 representantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) surcoreana participaron en el proceso, que se saldó con 204 votos a favor de la moción presentada por la oposición para destituirlo, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas.

Para aprobar la moción eran necesarios al menos 200 votos a favor para lograr una mayoría de dos tercios en la cámara y, aunque el voto es secreto, se sabe que como mínimo 12 diputados del conservador y gobernante Partido del Poder Popular (PPP) han debido apoyar la destitución, puesto que los partidos de la oposición suman en total 192 escaños.

La incertidumbre en torno al resultado se mantuvo hasta el final, con el PPP celebrando durante horas una reunión a puerta cerrada para fijar una postura oficial y el encuentro concluyendo minutos antes del inicio de la votación con el anuncio de que la formación oficialmente no apoyaría la moción.

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Tras el conteo, Yoon ha quedado inhabilitado de inmediato y el primer ministro, Han Duck-soo, asume ahora de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno, a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre.