Corte pausa orden de juez de devolver a EE.UU. a refugiado venezolano enviado al CECOT

Una corte federal de apelaciones pausó la orden de un juez que indicaba que el Gobierno de Trump debía "facilitar" el regreso de un refugiado venezolano de 20 años deportado a El Salvador a principios de este año violando un acuerdo judicial que protege a algunos inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes, informó la cadena CNN.

Según el medio, la Corte de Apelaciones del 4.º Circuito de EE.UU. congeló la orden de la jueza de distrito de EE.UU. Stephanie Gallagher hasta al menos el 15 de mayo para darse tiempo a considerar la solicitud de la administración de poner la orden de la jueza en espera por más tiempo.

Gallagher ordenó el mes pasado al Gobierno "facilitar" el regreso del hombre, que en los documentos judiciales se menciona solo como "Cristian", quien fue deportado a El Salvador pese a tener un proceso de asilo pendiente.

Mientras tanto, congresistas de Florida presentaron un proyecto de ley en Washington que busca proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos, en medio de las órdenes de la Administración Trump que buscan acabar con varias protecciones migratorias, dejando en el limbo a miles de estos ciudadanos.

Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja de EE.UU. presentaron la iniciativa, que otorgaría «automáticamente» un Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, renovables, a los venezolanos actualmente en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación y permitiéndoles trabajar legalmente.

El condado Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, concentran una de las mayores poblaciones de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o 'parole' humanitario.

La iniciativa, titulada 'Venezuela TPS Act of 2025', es impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y la republicana María Elvira Salazar.

Soto lamentó que la Administración Trump busca «despojar a los venezolanos del Estatus de Protección Temporal, del 'parole' (auxilio humanitario temporal) y de otras protecciones críticas durante un momento de gran inestabilidad en su país».

El demócrata calificó de «insulto» darles la espalda. «Ahora más que nunca, debemos unirnos para proteger a nuestra comunidad de un trato injusto y deportaciones inconstitucionales».

Wasserman Schultz por su parte enfatizó el carácter legal y pacífico de los actuales beneficiarios del TPS, que se encuentran en el limbo. «No son criminales, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales es elegible para esta protección», puntualizó.

«Simplemente está mal someter a familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos», declaró la demócrata.