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Eduardo Arana asumió el cargo de Primer Ministro en mayo. Foto; Congreso del Perú

Alto funcionario peruano dice que evalúan enviar a reos extranjeros al Cecot

Perú buscaría "descongestionar sus penales" afirmó el jefe de ministros. En febrero, diputados chilenos también sugirieron enviar a reos extranjeros al CECOT.

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Por Alexander Pineda
Publicado el 13 de junio de 2025


El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Eduardo Arana, declaró frente a diputados del Congreso de aquel país que el gobierno peruano evalúa la posibilidad de que reclusos extranjeros de alta peligrosidad sean deportados a sus países de origen o enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador a través de un acuerdo bilateral.

Frente al Congreso, el Primer Ministro declaró que lo anterior sería parte de “una respuesta firme y coordinada al crimen organizado transnacional” y que el objetivo sería “descongestionar los penales y desarticular redes criminales que operan desde el penal”.

“El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen”, agregó Arana quien fue nombrado en el cargo recién el pasado mayo.

No es la primera vez que políticos sudamericanos sugieren la posibilidad de deportar a reclusos con condenas hacia El Salvador, en febrero pasado, dos diputados chilenos de oposición pidieron al gobierno de Gabriel Boric estudiar la posibilidad.

Los parlamentarios chilenos, Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé, señalaron que, en su mayoría, son ciudadanos venezolanos, colombianos y bolivianos los que “han contribuido al aumento de la población carcelaria” y pedían gestionar el acuerdo de expulsión hacia El Salvador con el fin de “descomprimir los recintos penitenciarios y generar un efecto disuasivo en el resto de los internos”.

En marzo pasado, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos hizo la primera deportación a la cárcel salvadoreña de 238 personas de origen venezolano a las que señalaba de ser delincuentes, pero que después la prensa revelaría que en su mayoría son migrantes, sin antecedentes penales y a quienes se les violó el derecho al debido proceso.

El presidente Nayib Bukele permitió la deportación y encarcelamiento de estas personas a cambio de dinero, pues, como ya lo había planteado a través de redes sociales a Trump en febrero, ofrecía recluir a “criminales” a cambio de una tarifa.

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Visita de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a El Salvador y su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo Foto EDH/ Cortesía Casa Presidencial

“Estamos dispuestos a acoger únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”, publicó Bukele en X.

Sobre este acuerdo, el vicepresidente Félix Ulloa declaró en mayo en una entrevista al medio francés Le Grand Continent que El Salvador brindaba “servicio de alojamiento penitenciario”.

Comparó el “servicio” con otros como servicios turísticos, tecnológicos o médicos y dijo que la reclusión de extranjeros en la cárcel salvadoreña no era un asunto de derecho internacional.

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