CONTENIDO DE ARCHIVO:
Suspenden la declaración en junio de Rosell y Bartomeu
Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 1 de la ciudad de Barcelona, Alejandra Gil, en una providencia
La jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha suspendido la declaración como investigados que había fijado para los días 17 y 30 de junio a los expresidentes del club Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en el que atiende la petición de uno de los investigados de suspender las declaraciones previstas para esos días porque su abogado tenía otros señalamientos fijados con anterioridad.
Una vez se ha acreditado que existían estos señalamientos previos, la jueza del caso Negreira ha suspendido las declaraciones que había fijado para los días 17 y 30 de junio, entre ellas las de Rosell y Bartomeu, y emplaza a todas las partes para que le indiquen los días en que no tienen citas judiciales en los meses de mayo, junio, julio y septiembre para acordar las nuevas fechas.
Hasta el momento, el único de los investigados que ha comparecido en la causa es Enríquez Negreira, quien se limitó a comunicar al juez que se acogía a su derecho a no declarar, tras intentar sin éxito quedar al margen de la causa alegando que sufre demencia.
En concreto, la providencia de la jueza deja sin efecto las comparecencias fijadas para el próximo 17 de junio de Josep Maria Bartomeu y Ana Paula Rufas, pareja de Enríquez Negreira.
Asimismo, también se han suspendido los interrogatorios del 30 de junio al expresidente del Barça Sandro Rosell y Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del CTA, así como las del exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y el exdirector ejecutivo del club Òscar Grau.
En la causa se investiga si los pagos del Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre 2001 y 2018- pudieron obedecer a una retribución "ilegítima" a árbitros de fútbol, en el marco de una posible corrupción "sistémica" en el seno del CTA cuando Negreira era vicepresidente de este organismo.