La opacidad en el manejo de $2,000 millones en deuda que el Gobierno tiene avalados adquirir este año para afrontar la crisis del COVID-19 es la principal razón por la que cinco miembros del Comité de Emergencia creado el 26 de marzo presentaron el 11 de mayo su renuncia irrevocable al gobierno y la Asamblea Legislativa.
UCA, ESEN, Cámara de Comercio, ANEP y Fusades señalan que en dos meses de trabajo nunca se hicieron correcciones a la distribución de los $2,000 millones, tampoco tuvieron un plan detallado u hoja de ruta para establecer las prioridades de la emergencia ni la metodología con la que entregarían transferencias como la ayuda de $300 a las familias.
“La información precisa, planes e instrumentos necesarios nunca estuvieron a nuestro alcance para poder incidir en las decisiones tomadas por el Gobierno. Mucho menos se pudo realizar un seguimiento adecuado de auditoría para asegurar los beneficios esperados”, señaló ayer Fusades en un comunicado.
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En la carta de renuncia enviada al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, los representantes señalan que, desde el 30 de marzo que se reunieron por primera vez se plantearon inconsistencias en el Decreto Legislativo 608 que estipula cómo se dividiría el dinero una vez se obtuviera.
Son varias las razones por las que #Camarasal tomó la decisión, junto con otras 4 organizaciones de la sociedad civil, de renunciar al Comité creado para supervisar la ejecución de los fondos destinados a la crisis actual.
Abrimos hilo.— Cámara de Comercio (@camarasal) May 12, 2020
El comité propuso que de los $2,000 millones, el 70 % se dirigiera a atender la emergencia y el 30% se le entregara a municipalidades.
Estos montos incluían fondos para darle liquidez a las mipymes, financiamiento para el sector agrícola y subsidio de planilla para las empresas afectadas.
Pero hace dos semanas el gobierno, de forma unilateral, presentó a la Asamblea una distribución diferente en la que repartía $600 millones para alcaldías, $450 millones para transferencias monetarias y $950 millones para deficiencias de ingreso del Presupuesto General de la Nación.
“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, señala la carta.
Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio detalló al respecto: “la reforma presentada por el Ejecutivo limita el alcance y sentido del Comité porque propone usos y lineamentos para la totalidad de los fondos por obtener. Para colmo, nunca se presentó a la Asamblea Legislativa la reforma que el Comité preparó de manera conjunta (los 11 miembros). Adicionalmente, iniciativas como transferencias directas, programas alimenticios, etc. se han gestionado fuera del comité”, explicó.
Además, plantea otros siete puntos más: a la fecha no se tiene un plan detallado o una hoja de ruta para atender la pandemia, así como los lineamientos para determinar las prioridades.
Tampoco han contado con informes que detallen la metodología utilizada para implementar las transferencias monetarias de $300 para las familias afectadas. “Hasta el momento no se ha brindado esa información”, señala la carta.
También carecen de un informe oficial de las gestiones de fondos realizadas y su estatus. “Solo se han recibido presentaciones verbales sin la correspondiente entrega de información para analizarla, por lo que no se conoce con certeza los recursos disponibles”, señalan.
Otro punto que destacan es que no se ha concretado la propuesta de una auditoría externa que valide la asignación de fondos pese a que el comité presentó una propuesta e incluso los términos de referencia para la contratación de esta.
Añadieron que se han venido aprobando decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con el respeto a la Constitución y los derechos humanos. “Lo anterior contraviene con los valores que nuestras instituciones defienden”, agrega la misiva.
Además, aún está pendiente la presentación de un presupuesto extraordinario, que está contemplado en el decreto 608 que define la distribución de los $2,000 millones.
Ante los señalamientos, el secretario jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, afirmó en una conferencia que los representantes de la sociedad civil decidieron apartarse del comité porque no querían presentar su declaración patrimonial.
Pero si bien la ley exige que quienes manejan fondos públicos deben presentar su declaración patrimonial los integrantes del comité alegaron que esa es no es la razón por la que decidieron retirarse, sino más bien por la falta de transparencia.
Además, según la Cámara de Comercio, su trabajo estaba en la fase de lineamientos técnicos.
Comisión de Hacienda llamará a los representantes
Los diputados de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa acordaron, por su parte, convocar para este miércoles a las ocho de la mañana a los representantes de las organizaciones que formaban parte del comité supervisor de la ejecución de los fondos destinados para la emergencia.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, justificó ayer a los diputados que hasta el momento el Gobierno no ha ejecutado nada de esos fondos, que inicialmente dispondrán de más de $300 millones de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
CARTA DE RENUNCIA PRESENTADA POR LAS ORGANIZACIONES CIVILES
