Rodolfo Parker: “Hay una voracidad de recursos (del Ejecutivo), aprovechando la enfermedad y necesidad de la gente”

Rodolfo Parker, un veterano político del PDC, pareció un ermitaño en la montaña legislativa. Fue el primero en poner el grito en el pleno por la aprobación de $1,000 millones de más deuda para la emergencia.

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El diputado del PDC, Rodolfo Parker, durante una rueda de prensa. Foto EDH / Jessica Orellana

Por William A. Hernández

2020-05-05 9:50:47

Luego de varias horas de concluida la plenaria, El Diario de Hoy habló con Parker, aún se notaba en su voz cansancio y la impotencia de no poder frenar mayor endeudamiento para el país por parte del Gobierno, lo que considera es una “voracidad” de recursos del presidente aprovechando la pandemia. Parker no es la primera vez que ha sido crítico a las medidas de Bukele, eso le ha valido para recibir ataques de diferente índole, incluso del mismo mandatario. Esto respondió el legislador.

¿Anoche fue un defensor de la República en la arena legislativa?

Hay veces uno, por muy impotente que se sienta, tenes que hacer cómo pensas, es feo estar viendo lo que yo estaba viendo ayer.

¿Qué valoraciones hace luego de la aprobación de los decretos, en especial el de los $1,000 millones que usted cuestionó?

Así muy de lo profundo que te puedo decir, no solo se le dio más dinero sin justificación al presidente Nayib Bukele sino que más poderes arbitrarios, pero no solo eso ha perdido el país, se llevó ayer un pedazo de la República, un pedazo más de la República de El Salvador, y de los valores republicanos.

Así que sí, se ha perdido bastante, más allá del dinero y más allá de las arbitrariedades conferidas.

¿Se siente usted satisfecho con las respuestas que le dio anoche el ministro de Hacienda durante la reunión de la comisión o fue evasivo?

Las respuestas fueron solo para corroborar lo que de fondo vengo yo criticando, el Gobierno al incumplir la ley ha violado la ley, partiendo de la exigencia del artículo 5 de la ley de emergencia y del artículo 11 del decreto 608 relativo a la aprobación de los $2,000 millones que obligaron al Ejecutivo a hacer transferencia económicas, además del sector informal también al sector formal como es el subsidio y el pago de las planillas, al no haber cumplido esas disposiciones lo que dijo fue, como yo lo dije, por ineptitud o por perversidad, tensar la economía en el marco de estar encuarentenando a la gente, es decir, manda a las personas a estar encerradas pero no les lleva un alivio económico para que puedan subsistir, y eso es perversidad o grave ineptitud.

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¿Por qué no hizo esas transferencias? De eso obviamente, el ministro de Hacienda no tenía respuestas, y la pregunta seguirá abierta: ¿Por qué no las hicieron desde el primer momento? Ahora claro empataron, claro, ese propósito con un nuevo préstamo por $1,000 millones cuando ya estaba previsto para el crédito de los $2,000 millones.

¿Lo escuche cuestionar que el nuevo préstamo repetía los mismos destinos?

Sí, pero eso es bien fácil identificarlo, tu solo agarras el decreto 608 y ves el artículo 11 y ahí verás cuál es el destino del préstamos de los $2,000 millones, ahí te vas encontrar con que el pago de planillas y los préstamos ya estaban previstos en el de $2,000 millones, primera cosa, y lo que respecta a los $300 millones para el pago a proveedores y $100 millones para pago de IVA a los exportadores eso ya estaba provisionado en el presupuesto general (de 2020).

Entonces los cuatro destinos que están ahí destinados para los 1,000 millones de dólares ya estaban explícitamente considerados y provisionados, sea presupuesto general, sea presupuesto de 2,000 millones de dólares.

¿Hay una avaricia de más recursos?

Hay una voracidad diría yo, aprovechando la situación de la pandemia, pero voracidad así, al tajo, aprovechando la enfermedad y la necesidad de la gente.

Tenemos entonces más populismo, menos República, menos contrapesos y necesidad de mayor resistencia, a esos ímpetus autocráticos de Bukele.

¿Los decretos aprobados tienen algún vicio de inconstitucionalidad?

Empezando por el mismo procedimiento, todos fuimos testigos de cómo en forma abrupta el presidente de la Asamblea (Mario Ponce) interrumpió en la plenaria cuando la cerró en su primer apartado, cuando se había aprobado la ley de cuarentena, varios diputados habían pedido la palabra y se había decidido que se las iban a dar después de la votación, y simplemente no se les dio, eso de romper el debate vicio de nulidad absoluta al pleno, es decir, las decisiones allí adoptadas.

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Entonces comenzando por los procedimientos, por la violentación que de esa manera se dio, ya hay vicios de inconstitucionalidad claros en la adopción de esa ley.

Y en el fondo del asunto, hay dos consideraciones: la primera, no tenía porque la Asamblea Legislativa asumir responsabilidades que son propias del Órgano Ejecutivo, ahí hay un tema de independencia de poderes, pero como había conveniencia política del Ejecutivo de corresponsabilizar a la Asamblea, la buscó, la Asamblea está llamada en dar la ley de emergencia (cuarentena) que es la plataforma que activa los protocolos del Código de Salud y de la ley de Protección Civil.

A partir de ese activamiento asume la responsabilidad el Ejecutivo de implementar las medidas, claro cómo las ha estado ejecutando en la forma que todos las hemos observado, violentando incluso la Constitución por qué va ser la Asamblea responsable de semejantes cosas, y luego por otra parte, en adición, hay ahí un fraude, no de ley, sino de Constitución, porque como a través de esta normativa están impidiendo la movilidad, y en la forma como lo están haciendo, sometiendo siempre a la gente y llevándola a esos centros de contagio, francamente lo son.

La misma Sala de lo Constitucional había prohibido esos mecanismos, entonces se cae nuevamente en inconstitucionalidad, por ser un fraude de Constitución dado que encierra un estado de excepción con otro nombre y por contrariar además el fallo de la Sala de lo Constitucional.

¿La votación de diputados suplentes no podría ser también un vicio?

También, sobre eso ya se ha pronunciado la Sala de lo Constitucional y hay además jurisprudencia.

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