Marta Ramos de 46 años asistía a cuatro casas a la semana, una por día, por un salario de $12 en cada una, hace labores de limpieza, lava, plancha y en algunas, cocina. Desde que comenzó la emergencia por el COVID-19 no sale a trabajar y sus ingresos bajaron drásticamente.
Por el momento solo una de las personas a las que les presta servicio le sigue cancelando los $12 semanales a pesar de que no puede llegar a trabajar.
En su hogar viven ella y su hijo cuyo oficio es el mantenimiento de aires acondicionados, a él también le pagan por día laborado y desde que se decretó la emergencia, tampoco hay empleo para él.
“Acá vamos sobrepasando con frijoles y arroz y se puede comprar porque es lo más barato. Para comprar pollo o carne ya no alcanza, pero si vamos a sufrir si esto se alarga”, mencionó la señora.
Marta también se ayuda con su mamá, de 68 años, que tiene cosecha de maíz y frijol y que bondadosamente le comparte.
“Estamos de manos cruzadas, porque no podemos hacer nada, acá cerca no hay nadie que nos pueda dar trabajo”, destacó.
Afirma que salió beneficiada con el subsidio de los $300 que entrega el Gobierno, ayuda que espera alivie un poco la situación que enfrentan como familia.
Una situación similar atraviesa Karla Navarrete de 26 años, quien con su empleo como doméstica sostiene a sus hijas. Desde la cuarentena no puede ir a la casa donde iba a atender a una anciana.
“Me ha afectado, primero porque no puedo ir a trabajar y segundo porque lo que tenía ahorrado ya se me va a terminar ”, destacó.
La mujer que vive en el cantón San José Cortez, de Ciudad Delgado y que viajaba hasta Santa Tecla para trabajar, está esperando cobrar el bono de $300 que le entregará el Gobierno, que le permitirá subsistir por un mes más.
Cecilia Chávez por su parte compartió que las personas con las que trabaja la han despachado por que la jefa de hogar está en casa y ella se encarga de las tareas domésticas, lo que ha complicado sus ingresos.
Los empleadores de Chávez están en cuarentena, desde entonces no ha percibido ingresos y tampoco le salió la ayuda de $300.
Población vulnerable
Historias como las anteriores se cuentan por miles, tomando en cuenta en que el país el trabajo doméstico encierra una población de unas 125,000 personas (a 2017, el dato más actualizado), 89.7% son mujeres (10% de la Población Económicamente Activa femenina y 4.5% de la PEA total).
Marta Saldaña, del Sindicato de Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (Simuthres), explicó que la mayoría de las agremiadas al sindicato trabajan por día y sus ingresos se han visto muy reducidos, a partir de que sus empleadoras están en casa y debido a que, por el aislamiento social, a muchas les han dicho que no lleguen a trabajar, hasta que se levante la cuarentena domiciliar.
Este sindicato aglutina a unas 290 trabajadoras, la mayoría de ellas prestan el servicio por día en diferentes hogares.
La Unión Sindical de Trabajadoras de los Servicios del Hogar Remuneradas (Unsitrasehr) por su parte, con sede en Tacuba, Ahuachapán, tiene unas 100 agremiadas que se desempeñan la mayoría en hogares en San Salvador, de la modalidad “casa adentro”, es decir que no salen a diario de donde trabajan.
“Un porcentaje bastante bajo han logrado quedarse trabajando, pero a la mayoría se les ha dicho que se vayan para sus casas, porque están las empleadoras ahí”, detalló Saldaña.
La mayoría son empleadores que trabajan en oficinas públicas o empresa privada que tienen la capacidad de pagar, pero por el temor de la situación del contagio quieren menos personas en casa, agregó.
“(La situación de las domésticas) es precaria porque no son sujetas a ningún régimen laboral , hasta hace poco se dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional que hay que fijarles el salario mínimo pero ha dado un plazo de 12 meses, ellas todavía no son sujetas a regímenes laborales que el resto de trabajadores de este país tenemos como salario fijo y pago de horas extra”, destacó.
Saldaña expone que esto implica que ellas no están llevando el sustento a sus familias y muchas de ellas no están en registros determinados más allá de los que tiene la Digestyc con trabajadoras del hogar.
“Pero no podría decir que en esta lógica de los $300 cuántas de ellas han sido beneficiadas”, dijo.
Aída Flores, secretaria general de Simuthres, confirma que la mayoría de estas empleadas no están trabajando y muchas son madres solteras, los empleadores les han dicho que no lleguen, pero igual no les están pagando por los días que no están laborando.
“Día que uno trabaja se lo pagan y sino trabaja, pues no se lo pagan, aunque el Gobierno diga que lo paguen si los empleadores no quieren no lo hacen. Muchas de ellas son jefas de hogar, tienen hijos a su cargo y a veces a la mamá, y no tienen otro ingreso para sobrevivir, hay muchas compañeras que están en una situación bien deplorable”, destacó.
La crisis que enfrentan es tal que están desempeñándose como vendedoras informales, comerciando incluso mascarillas y guantes por la demanda de estos productos ante el COVID-19, arriesgándose a sanciones de la Policía, apuntó la dirigente sindical.
“En verdad es porque ya no tienen dinero, hay algunas que en sus comunidades ni el agua les cae, es otra cosa que se suma a la crisis y no poder salir les afecta bastante”, destacó.
Flores dijo que las empleadas domésticas que residen en el interior del país y han tenido que dejar sus empleos en la capital, están viviendo una situación más difícil y muy pocas de las afiliadas han sido seleccionadas para el beneficio de los $300 que entregará el Gobierno.
En el sector informal, el ISSS registra 3,361 inscripciones en distintas actividades económicas desde su puesta en marcha. Por su parte, el sector doméstico entre 2010 y 2019 se han inscrito más de 1,900 trabajadores.
OIT recomienda
Avanzar progresivamente en la obligatoriedad de la cobertura al ISSS para las empleadas domésticas.
Equiparar los derechos a beneficios y prestaciones de los trabajadores domésticos con los del resto de los trabajadores.
Inclusión al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) (del que en este momento se encuentran excluidas).
Fortalecimiento de las políticas de salud y seguridad al trabajo doméstico y mayor fuerza a los mecanismos de inspección al trabajo doméstico.
